"En riesgo periodistas y ombudsman. Ley de Protección ya, el eje del foro"

Por lo pronto, fue más válvula de despresurización y oportunidad para el desahogo el foro de consulta del Congreso del Estado para formular la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Además, sirvió de reiteración del desamparo y vulnerabilidad de todo tipo en que están estos sectores en Sinaloa por la ausencia de voluntad del Estado para protegerlos.

 

También abrió una puerta de diálogo con la 63 Legislatura hacia un sistema de leyes, instituciones y organismos autónomos para que el amparo a quienes arriesgan sus vidas por defender a la sociedad pase del papel a hechos. Como lo señaló Balbina Flores, de la organización Reporteros Sin Fronteras, México ya no aguanta más el asesinato de reporteros y defensores de derechos humanos.

 

Los periodistas y ombudsman confiamos en el llamado que hizo el Congreso y abrimos las ideas como un libro mil veces leído de abusos, agresiones, amenazas, asesinatos, con el mismo final de impunidad y desidia de autoridades que se resisten a aplicar la ley. En la sesión de apertura del foro y en las tres mesas de trabajo hubo la redundancia de miedos, indignaciones y recuento de agravios.

 

Expertos como Garance Tardie Ziolkowski, de Amnistía Internacional México, insistieron que nuestro país es uno de los más difíciles para ejercer el periodismo, a pesar de ser este el pilar de la democracia que al resultar afectado, se daña a todo el tejido social. En ese mismo sentido, Ricardo Neves, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, dijo que en 2019 ya se han registrado diez casos de ataques a este sector, un tercio del total reportados durante todo 2018.

 

Las esperanzas de los periodistas y defensores de derechos humanos no han muerto. Sobreviven aún en el campo minado de la violencia que se ensaña contra estos dos actores fundamentales que tutelan la defensa de las víctimas y el auxilio a sus familias. Pudimos constatarlo en las voces de fuera o de casa que se expresaron con el ruego implícito de que alguien detenga la barbarie.

 

Sí, tiene razón Jorge Ruiz del Ángel, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación: el andamiaje legal se quedó corto frente a los ataques a la libertad de expresión y ahora el esquema debe transitar a eliminar la disociación entre la federación y los estados. Igual, dice la verdad Elsa Leonor Ángeles Verá, del Consejo Consultivo del Mecanismo a Nivel Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuando sostiene que estos aparatos no deben quedar en manos de servidores públicos que se voltean a otro lado cuando se habla de reporteros y activistas en situación de riesgo.

 

Todo lo que se dijo ayer en el recinto legislativo es verdadero. El periodista asesinado o amenazado se convierte en noticia cuando tendría que ser el interlocutor nato, el visor social y la voz de los ancestralmente enmudecidos. Cómo lograrlo si los gobernantes obligados a dar garantías para el ejercicio de la libertad de expresión son los agresores en ocho de cada diez casos.

 

Lo que sigue es lo crucial. Existe por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside la Diputada Graciela Domínguez, apertura a escuchar a periodistas y defensores de derechos humanos para estructurar una buena ley protección. En contraparte, la prensa y organizaciones del esfuerzo cívico, demostraron voluntad para acompañar el proceso legislativo.

 

Reverso

Abrázanos, esperanza,

Danos fuerza mientras existas,

En medio de esta matanza,

De ombudsman y periodistas.

 

Las diez claves

En lo personal, al presentar la propuesta de la Asociación de Periodista y Comunicadores Siete de Junio, delineamos diez puntos esenciales. 1. Elevar en la Constitución al periodismo a rango de defensoría social; 2. Incluir en la Ley Federal del Trabajo tabuladores de salario digno; 3. Crear la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas; 4. Establecer la Fiscalía Estatal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; 5. Implementar el sistema de reacción inmediata al momento de que se detecten amenazas o ataque contra periodistas; 6. Construir mecanismos efectivos de prevención de los delitos contra periodistas y medios; 7. Extracción expedita y confiable de compañeros en situación de riesgo; 8. Acciones especiales para proteger a los reporteros que dan cobertura a hechos de nota roja; 9. Sistema de apoyo a reporteros freelancer o independientes, y 10. Asegurar condiciones adecuadas de educación, salud, alimentación y vivienda a hijos y cónyuge de periodistas que pierdan la vida en el ejercicio de sus funciones.