"Felizmente desiguales"

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La Constitución Federal, llamada asimismo “Política” también lo es una Constitución de carácter “Normativo”. A través de los derechos prestacionales, la Constitución impone la puesta en marcha de una actividad general del Estado para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Para los poderes legislativos implica una regla que se traduce en producir instrumentos que permitan armonizarse en el conjunto de la actividad del Estado. Las administraciones públicas de todo el país están vinculadas por la Norma Suprema a satisfacer los derechos de las personas.

Las políticas públicas deben generar las condiciones y dotar de la infraestructura, en algunos casos con más intensidad que en otros, para asegurar el “mínimo vital” a los individuos. Por ejemplo, fortaleciendo el acceso igualitario a la salud (dándole las mismas oportunidades a todos) se logra disminuir la desigualdad. Un hijo nacido de una mujer enferma, sin atención médica adecuada, inicia su vida con mucho mayor desigualdad que uno que nace sano de una mujer sana con atención médica adecuada. Lo mismo vale respecto del derecho a la educación de calidad.

En un entorno en el que quien permanece por decisión propia en una situación peor de la que estaría si aprovechara las oportunidades, se produce una desigualdad con felicidad. La felicidad es subjetiva. La desigualdad (es objetiva y) cuando tiene como antecedente la falta de oportunidades o su minado acceso, no puede más que producir falta de felicidad, salvo que el individuo tenga una deficiencia seria que no le permita valorar la realidad adecuadamente. Lo normal es que el individuo y la sociedad padezcan en su conjunto de frustración colectiva.

En ocasiones se requiere que el Estado invierta dinero de los impuestos; en otras, que fortalezca las fibras por donde transcurre el ejercicio de los derechos, para facilitar su ejercicio, su uso. ¿De qué sirve que las personas tengan derecho al voto si pasadas las elecciones su participación política es nula? El nuevo funcionario no escucha al votante. Hay un distanciamiento entre la función pública y el público para quien sirve la función. ¿Sería tanto o más útil la participación del individuo en la actividad pública que el propio derecho al voto? ¿De qué sirve que haya libre expresión y difusión de ideas, si habrá ataques contra el mensajero, en lugar de debatir ideas que produzcan mayor calidad en la gobernanza?

Los gobiernos tienen un menú de excusas para no dar los derechos. La falta de recursos o de asignación presupuestal, las prioridades (que nadie sabe cuál es el criterio “priorizador”), la herencia del político que recién abandonó el cargo, etc., son las más socorridas. Es de lamentarse el discurso y la práctica política que, justificándose en la insuficiencia presupuestal para construir infraestructura de derechos que conduzca a la prosperidad y a la menor desigualdad, abuse de la vulnerabilidad de los más pobres para hacer clientela política mediante la entrega de satisfactores de necesidades que se agotarán sin abatir las causas de la desigualdad.

Lo cierto es que los recursos no se producen solos ni las soluciones están a la vista de todos. Los recursos se producen por el esfuerzo colectivo. El Estado es un aliado de la productividad. La función recaudadora y las obligaciones constitucionales así lo imponen. Ante un problema, no hay una solución que no conduzca a otro problema. El político debe por anticiparse y tomar la mejor decisión.

Si quienes asumen posiciones relevantes en una comunidad política carecen de conocimientos técnicos, deberían rodearse de personal que sí los tenga. No ha habido ni habrá gobiernos que no se equivoquen. Pero diseñar políticas y programas destinados al fracaso de manera consciente y voluntaria, es una acción política insólita.

Afectar la prestación de derechos y no elevar, por ejemplo, el nivel cultural del promedio de la población, va a producir mexicanos felizmente desiguales, clientes potenciales de todo tipo de abusos y un lastre para el esfuerzo colectivo de ser un mejor país.