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Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitieron el miércoles 15 de enero un fallo favorable para los pobladores afectados por el derrame en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014. Un fallo que podría sentar precedentes jurídicos para evitar o limitar la impunidad y los abusos corporativos que son moneda corriente por todo el país.
Los abusos corporativos los padecemos cotidianamente como consumidores, desde al recibir llamadas de bancos a los que no autorizamos nuestro número telefónico, con habituales cobros por servicios no solicitados, onerosas comisiones por todo tipo de servicios o tarifas mucho más altas que en otras naciones. Eso es algo común tolerado y permitido por el Estado, lo que equivale a aumento de ganancias para los corporativos privados.
Pero junto a estos abusos cometidos contra millones cotidianamente, hay otro tipo de abusos que regularmente tienen qué ver con el despojo de tierras y de bienes comunes a pueblos y comunidades y el abuso corporativo se magnifica por las graves afectaciones cotidianas a los habitantes de esos entornos.
Son el tipo de abusos que por lo regular padecen las comunidades que tienen que padecer una explotación minera. Eso fue lo que les ocurrió a los pobladores de siete municipios de Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México y fue responsabilidad de unas de las grandes corporaciones privadas del país: Grupo México. Su mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame provocó afectaciones a más de 22,000 personas de siete municipios situados en las orillas de los ríos mencionados.
El Grupo México dijo que el derrame fue un accidente al romperse el dique de una presa de jales, parte de las instalaciones de la mina, una de las más ricas del país.
Tras las presiones de la población afectada, el Grupo México acordó con el gobierno de Enrique Peña Nieto la creación de un Fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos para resarcir la salud y el medio ambiente de la población afectada.
Pero hubo notables irregularidades en el manejo del fideicomiso del que apenas se gastó poco más de 60 por ciento de los recursos: 1,231 millones de pesos según han analizado los Comités de Cuenca del Río Sonora (la organización de los afectados) y la sociedad civil Poder, que acompaña a los pobladores.
En total opacidad, sin consultar a los afectados y sin terminar de resarcir los daños, el fideicomiso no cerró en febrero de 2017, dos años y medio después del derrame de ácidos a los ríos Sonora y Bacanuchi.
Si bien una parte de los fondos del fideicomiso se entregaron directamente a los afectados, la reparación de la salud y del medio ambiente afectado está lejos de cumplirse.
En julio de 2017 se reportó que “381 personas del río presentaban desechos tóxicos en sangre y orina, y habrían sido afectadas por enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. Los testimonios de habitantes de la región confirman que las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto sumamente frecuentes a lo largo del Río Sonora”, reveló un informe de Poder sobre el funcionamiento del fideicomiso.
Por eso los pobladores interpusieron amparos para exigir que el fideicomiso se reabra y especialmente que la Corte obligue a este corporativo privado muy poderoso, Grupo México, a que se haga cargo de los daños causados y los repare integralmente.
No es problema de recursos económicos, sino de abuso corporativo. El dueño principal de Grupo México, Germán Larrea Mota de Velasco es el segundo hombre más rico de México y está entre los 100 más ricos del mundo con una fortuna de 13,300 millones de dólares (unos 259 mil millones de pesos).
La sentencia de la Corte a favor de los afectados por el derrame de la mina Buenavista del Cobre debe ser una sentencia que contribuya a poner fin a la impunidad y los abusos que corporativos como Grupo México están acostumbrados a cometer.
Y a esa sentencia deberían seguir otras para parar los otros abusos corporativos que cotidianamente afectan a millones de mexicanos.
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