"La agricultura y el presupuesto público"

En materia de agricultura, el actual gobierno federal adoptó un claro sesgo hacia la mejora en la distribución del ingreso a través de transferencias públicas hacia productores en regiones específicas. En contraste, no se ha dotado propiamente de un esquema de política agrícola, ya que desmantela el antes existente pero no lo reemplaza por otro.

La política agrícola propiamente se refiere a medidas de intervención en mercados de productos y de insumos agropecuarios: aumento de la oferta o de la capacidad de oferta y ampliación de la demanda, para efectos de elevar el bienestar de la población. Se observa, que las restricciones presupuestales dominan la lógica de su toma de decisiones. La agricultura compite por el presupuesto frente a otras actividades económicas: educación, salud, seguridad pública, gobiernos municipales y estatales, administración de la justicia, etc. Su aumento disminuye la partida para otros.

Existen dos alternativas de política para sostener el ingreso de los productores dedicados a actividades agrícolas y pecuarias, vía sostén de precios de mercado o mediante transferencias gubernamentales. A los mecanismos del primer tipo se les reconoce como medidas indirectas de apoyo al ingreso y a las segundas como formas directas.

El sostén de precios de mercado implica que los productores reciben transferencias de ingreso desde los consumidores, a través de precios más altos, mientras que las transferencias gubernamentales implican la utilización de dinero de los contribuyentes, proveniente de impuestos y derechos. Se asume que éstas últimas transparentan las transferencias que perciben los productores.

Las medidas de sostén de precios de mercado, una de cuyas expresiones son los precios de garantía, se acompañan de medidas de protección en frontera (aranceles, cuotas y licencias de importación, la existencia de empresas paraestatales para hacer viables precios garantizados, y de programas alimentarios para compensar a consumidores de bajo ingreso con alimentos baratos, ante precios al detalle más altos. Desde luego, el costo fiscal resulta elevado.

Con la eliminación de medidas de sostén de precios de mercado en pasadas administraciones se buscó la eliminación de distorsiones de precios. Se suponía que señales de precios sin distorsiones harían que los productores invirtieran de mejor manera sus recursos, dirigiendo sus esfuerzos hacia productos y actividades más rentables. Este era el mantra. Esos cambios descansaban sobre una idea de mercado abstracta, que tenía poco que ver con la forma en que realmente funcionan los mercados.

En su versión más radical, el gasto público destinado al campo debía disminuir; pero se argumentó que había que compensar a los productores por los daños causados por el proceso de apertura comercial, mediante pagos del gobierno, como los pagos directos tipo Procampo. Sin embargo, a lo largo del tiempo el esquema de transferencias a partir de dinero de los contribuyentes se amplió, dando lugar a nuevas presiones fiscales.

Las transferencias públicas, definidas inicialmente como compensatorias de procesos de apertura comercial o de la eliminación de medidas de sostén de precios de mercado no fueron transitorias, como se decía, ya que resultaron difíciles de eliminar. Arraigan la idea de derechos adquiridos entre los productores y generan dependencia respecto a los presupuestos públicos. Además, crean una situación de ventaja favorable a productores de países con elevada capacidad de gasto público. Los presupuestos pasan a ser instrumentos de competencia en el comercio internacional de productos agropecuarios.

Periódicamente las organizaciones de productores del país se han confrontado con las autoridades hacendarias, tanto en la discusión del presupuesto anual como por los retrasos en la entrega de las transferencias que se derivan de acuerdos ya negociados. Las movilizaciones en demanda de apoyos por bajos precios de las cosechas suceden en cada temporada. Los productores creen que todo se resuelve con medidas presupuestarias, no es así.

Por ejemplo, un efecto negativo de las transferencias es que los productores no toman las medidas necesarias para disciplinar sus costos, que es lo que realmente garantiza su sobrevivencia a largo plazo, ya que están a la espera de que el gobierno los rescate. FIRA, Banco de México, empezó a promover la labranza cero, mínima o de conservación desde 1986, como una manera de bajar los costos de producción, pero aún son pocos los productores que la practican.

A partir de la experiencia mexicana, desde la percepción del que escribe, es preferible que el ingreso de los productores descanse en precios de sostén y no en transferencias públicas. Sin embargo, esta opción requeriría que se recupere capacidad de aplicación de medidas de protección en frontera, lo cual choca con intereses de sectores beneficiados con la apertura a las importaciones.

Una alternativa a esa opción, como lo argumenta Eduardo Paláu en esta columna, sería recurrir a instrumentos de protección comercial modernos, permitidos por la OMC (medidas antidumping, medias sanitarias de estricto cumplimiento, exigencias respecto a calidad de los productos importados, entre otras). Sin embargo, para tal propósito la Secretaría de Comercio debiera asumir un papel más orientado hacia la defensa de los productores mexicanos, no tan enfocado, por principio, en la defensa del comercio en sí.