Rafael Morgan Ríos
cp_rafaelmorgan@hotmail.com
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró a principios del mes que el Gobierno federal había decidido no recurrir a la deuda pública para reactivar la economía nacional, no sólo por cumplir una promesa de campaña del Presidente López Obrador, sino también por motivos financieros, ya que la tasa de interés sería muy cara comparada con las tasas de otros países. Los países desarrollados gozan de tasas muy bajas, inclusive tienen tasas negativas, en cambio, México ofrece tasas altas buscando que los inversionistas extranjeros inviertan en el país.
Los bancos centrales de los países desarrollados han capitalizado sus economías creando deuda pública por más del 100 por ciento de su PIB, deuda que han canalizado para apoyar el sector empresarial y para otorgar subsidios y apoyos a trabajadores y pequeños negocios, así como para atenuar los efectos económicos de la pandemia; hay que aclarar que son economías robustas que pueden soportar altos déficits y una deuda pública de muy alto nivel.
Expone el Secretario de Hacienda que México debe cuidar su endeudamiento, el gasto de los intereses y la posibilidad de que las agencias calificadoras castiguen la deuda soberana con una baja calificación.
Se puede considerar que la política económica del Gobierno, con o sin los problemas en salud, ha sido: “cero incremento de deuda pública”; un riguroso plan de austeridad en el gasto público; utilización de los fondos de reserva constituidos para emergencias; cobro sancionatorio de impuestos a los grandes contribuyentes; estímulo al consumo interno con subsidios a estudiantes, jóvenes sin trabajo, adultos mayores y otros; aprovechamiento de las remesas; poner a trabajar al Ejército; una baja inversión física pública, excepto en sus proyectos “insignia” y proteger jurídica y financieramente a las empresas del Estado: Pemex y CFE, principalmente.
Las consecuencias han sido terribles para la economía:
1. La deuda pública sí ha aumentado, primero, porque tanto Pemex como el Gobierno federal tienen déficit público que requiere financiamiento y segundo, porque aunque la deuda poco ha aumentado en números absolutos, sí se ha incrementado a más del 50 por ciento del PIB, porque éste ha disminuido con la crisis.
2. La austeridad “a rajatabla” ha dejado una estructura gubernamental ineficiente e insuficiente, con un equipamiento físico en deterioro y sin presupuesto para mantenimiento, lo que se demuestra palpablemente en las instalaciones de Pemex, en las refinerías y en los sistemas de transmisión de CFE.
3. Se acabaron todos los fondos de reservas, incluyendo los de los fideicomisos, pero los factores de riesgo de un buen gobierno y de previsión de otras catástrofes climáticas y sismológicas han quedado sin cobertura.
4. Los grandes contribuyentes salvaron los ingresos fiscales pues de los 492 mil millones de pesos de excedente de la recaudación, 44 por ciento fue de las grandes empresas, pero además, por actos de fiscalización, auditorías y “convenios sancionatorios”, se aportaron otros 151 mil millones de pesos. Le fue tan bien al fisco, que para 2021 ya tiene planes de cobro de adeudos fiscales antiguos de más de tres años por más de 300 mil millones de pesos. En cambio, los ingresos petroleros y la recaudación fiscal por el ISR, el IVA y el IEPS en 2020, disminuyeron respecto a 2019.
5. Los estímulos al consumo interno con subsidios y reparto de efectivo se hacen sin control, pues no se tienen padrones adecuados y por falta de supervisión, además de que es un gasto sin retribución. Lo que sí ayuda en este renglón son las Remesas que ya llegan al 4 por ciento del PIB, pero de esto, el Gobierno no tiene ningún mérito.
6. Poner a trabajar al Ejército y a la Marina comenzó como un ahorro, después se convirtió en un acto de confianza, pero ahora, el Ejército tiene tanto poder que está imponiendo condiciones como el rescate y perdón del General Cienfuegos y el enorme presupuesto que maneja; su función propia de seguridad de instituciones y ciudadanos pasó a un segundo plano.
7. Quedaron fuera del plan de “austeridad republicana” la inversión en los proyectos insignia del Presidente: el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya; en cambio, la inversión pública en caminos, carreteras, energías limpias, etc., no tienen presupuesto y desde luego no se piensa incluir la inversión privada del sector empresarial.
Ante este panorama, además del problema de salud, los expertos calculan que la economía estará en niveles anteriores a la pandemia hasta 2023 o 2024.
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