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El Tribunal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias en relación a la legalidad, interpretación y cumplimiento de naturaleza administrativa o fiscal que emitan o ejecuten los municipios o las autoridades estatales, así como los organismos descentralizados, cuya actuación afecte a los intereses de los particulares. Es la instancia que regula la acción administrativa del Poder Ejecutivo local, por eso el desempeño autónomo e imparcial es de vital importancia para las instituciones democráticas de Sinaloa.
El día de ayer se eligió en el Congreso al próximo Magistrado de la sala superior de Justicia Administrativa en la vacante que dejaba Jorge Antonio Camarena Ávalos. La terna propuesta por el Gobernador fue de dos mujeres y un hombre, se trataba de Isabel Duarte Rodríguez, María Cháidez Zepeda y Francisco Galicia Morales.
Electo con 35 votos secretos pero que seguramente (por el número de votos obtenidos) provenientes Morena, el PAN y el PRI, Francisco Galicia Morales consiguió el nombramiento en el cargo en el cual estará por los próximos siete años.
El abogado Francisco Galicia es un joven litigante y docente, con una sólida carrera académica y profesional. Es licenciado en Derecho, con maestrías en Derecho Fiscal y Corporativo, próximo a obtener el título de Doctor.
No se le conocen públicamente vínculos negativos, ni excesos en su comportamiento como litigante y servidor público, se trata de un joven serio, preparado, capaz. En él, muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos ponen su confianza.
Justo eso que requiere el Tribunal; juventud que refresque los anquilosados espacios de la burocracia jurisdiccional, seriedad que recobre el respeto social perdido en los últimos años e independencia que demuestre que el ejercicio de los poderes públicos en Sinaloa se cumple.
Debemos recordar que el TDA hace tiempo, se enredó en una serie de escándalos y zafarranchos, cuando desde el interior, se expusieron públicamente redes de corrupción, de gastos superfluos y hasta escándalos del orden sexual entre los magistrados, acompañados por audios y videos que cobraron incluso notoriedad nacional.
Para ponerlo en contexto estimado lector, este mismo Tribunal fue el órgano colegiado que estuvo en disputa legal por varios años por la remoción ilegal de la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi, misma que fue restituida este año, por un periodo de siete años más en el cargo.
Esta es una de las tareas más importantes que tiene por cumplir este joven magistrado, trabajar duro para borrar esa pésima imagen que el tribunal mostró a los sinaloenses en las conductas escandalosas de los acusados y los quejosos.
Urge también, que este mismo Tribunal mande señales de independencia e imparcialidad, sobre todo ahora que los gobiernos municipales de la cuarta transformación, en su novatez o ineptitud, tanto daño causan a los particulares en sus acciones y decisiones.
Ahí está como ejemplo el caso de lo sucedido en Mazatlán, donde la errónea decisión de un munícipe, violentando todo orden legal y por la ley de sus arrestos, decidió suspender los trabajos en la construcción de una gran obra para el desarrollo turístico del puerto. Y así sin más, dejó sin empleo por varias semanas a cientos de trabajadores, así como pérdidas millonarias por el paro. Y no es el único caso, varios particulares tienen interpuestas quejas y abiertos juicios contra alcaldes como Billy Chapman, de Ahome; Emett Soto, de Escuinapa; Aurelia Leal, de Guasave; y por supuesto Estrada Ferreiro, de Culiacán. Este último, un personaje negro para la 4T, que antes litigó para el pueblo y hoy se empeña en perjudicarlo. Pare mediar contra estos abusivos del poder y otros del orden estatal, está justamente el Tribunal Administrativo. Luego le seguimos...
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