Ayer se trató en el Congreso la reforma que busca armonizar la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de la Auditoría que busca evitar las confusiones y aclarar sus facultades.
La polémica se centra en la acusación que hacen al partido de mayoría en el Congreso, o sea Morena, de querer restar facultades y autonomía a la Auditoría Superior del Estado.
Alegan que la Auditoría, de aprobarse el dictamen en la comisión y en el pleno, emitirá una determinación técnica en sentido aprobatorio o reprobatorio de las cuentas públicas.
De acuerdo a la líder de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, la ley actual se puede interpretar como si la ASE fuera el único órgano facultado para aprobar o reprobar las cuentas públicas, cuando la Comisión de Fiscalización tiene la facultad de rechazar estas determinaciones.
Pero la Diputada Flora Miranda Leal asegura que la reforma que impulsa Morena lleva dedicatoria para la auditora, Emma Guadalupe Félix Rivera.
La legisladora, que semanas atrás solicitó su separación de la bancada de Morena, advirtió como diputados no deben hacer reformas al vapor, con dedicatoria, sino reformas que le sirvan al estado.
Pero Morena sostiene que quiere una reforma que permanezca para las próximas legislaturas.
Recordemos el encontronazo que ha habido por las cuentas públicas de 2017. Unas venían con palomita de la ASE y el Congreso terminó reprobando la mayoría.
Arranca proceso
Antes de que empezara la audiencia inicial por el caso Sanalona y de que se presentara al agente Joel “N” como acusado, y uno de los presuntos responsables del asesinato de dos jóvenes universitarias y tentativa de asesinato de dos personas más, se escuchaba de las personas presentes en la sala los comentarios de un posible chivo expiatorio.
Se abrió la puerta, entró Joel, joven, moreno, alto, delgado, muy delgado, manos esposadas, serio, triste, viendo al piso, caminando como sin saber a dónde dirigirse, acompañado de un elemento de la policía que lo escoltaba.
“!Qué pecado!”, se escuchó. “Sí”, qué pecado, dijeron otros, sorprendidos.
El que entró a la sala parecía todo menos una persona a la que se podía temer.
La audiencia duró poco, se difirió para el día siguiente, el acusado dijo apenas tres frases, una de ellas fue su nombre, las otras fueron “sí, señoría”, le esposaron y así como llegó se fue y hoy tendrá que enfrentar al juez de nuevo.
El juicio penal por el caso del retén de Sanalona inició y al parecer no estará exento de polémica.
El caso que inició con una desgracia: dos jóvenes mujeres, originarias de Tamazula muertas, y policías investigados por disparar a un vehículo que no hizo alto en un retén.
El caso alcanzó hasta al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien al llegar a Tamazula a inaugurar obras tuvo que apechugar la manifestación de familiares, amigos y ciudadanos de las dos jóvenes muertas.
Con el inicio del proceso quizás por fin se puedan despejar muchas dudas, aunque recordemos que cuando menos hay cinco órdenes de aprehensión contra agentes policiacos.
Piden usar la fuerza pública
El ex Secretario Ernesto Echeverría Aispuro, y el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, no se presentaron ayer durante el primer día de juicio oral contra la ex administradora de los Servicios de Salud de Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez.
Otáñez García, Echeverría Aispuro y Gil Álvarez, todos ex funcionarios de los Servicios de Salud de Sinaloa, fueron acusados de un contrato irregular por adjudicación directa y por firmar un contrato por 18 millones de pesos por servicios de imagenología, de los que se pagaron poco más de 14.7 millones de pesos.
Conforme avanzó el proceso, Otañez fue absuelto, debido a la naturaleza de su puesto, y Echeverría decidió apegarse a la suspensión condicional del proceso y pagar 7 millones de pesos.
La única que encara el proceso es Gil Álvarez que ayer regresó al Centro de Justicia.
Y los otros dos no acudieron, a pesar de ser considerados testigos claves de la defensa, además que se esperaba que dieran su apoyo a su ex compañera, pero no, no se presentaron.
Los abogados solicitaron a la Jueza, Sara Bruna Quiñónez, la posibilidad de que puedan solicitar el apoyo de agentes de la Policía Estatal para obligarlos a presentarse a declarar.
Usar la fuerza pública contra Echeverría, eso sería algo que quisieran ver muchos, pero habrá que ver si hubo algo que le impidió aparecer en la audiencia.
Culpa a medios de la violencia
Hoy por la mañana, el Director del Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, Carlos Alonso Ramírez Reyes, fue parte de un panel de equidad e igualdad donde se dedicó a hablar durante minutos para invitar a darle like a las redes sociales del instituto, pero de repente que se avienta una dominguera, al hablar de la violencia contra las mujeres, y hasta encontró culpables.
Para este funcionario, los medios de comunicación son culpables de incitar una estructura donde no se castiga a quienes violentan a las mujeres.
Al convocar a un evento que se llevará a cabo en el MIA, el próximo día 12 y 13 de marzo, donde “se enseñará a ser el hombre que la 4T necesita”, agarró viada con sus comentarios.
“Viene un experto a explicarnos (en el evento) cómo también la comunicación, los medios y encabezados han generado violencia. Los medios dicen ‘encuentran a mujer tirada’, pero ¿por qué no dicen: ‘matan a mujer’?
“Es toda una estructura que se ha venido manejando de los medios de comunicación para que no recaigan las responsabilidades a quienes cometieron estos delitos”.
Y de paso la agarró contra partidos de derecha, que dijo, se cuelgan del movimiento feminista.
Sabemos que a los funcionarios les gana la pasión por defender sus causas, pero antes de hablar siempre es bueno pensar lo que se va a decir.
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Hoy, en las páginas de Noroeste iniciará la publicación de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre las fallas del sistema de justicia para castigar a los responsables de la violencia de género, se los recomendamos.
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