"Las designaciones importan"

norma@sanchez-castillo.mx

El trabajo de Artículo 19 y Fundar para dotar de confianza los procesos de selección de cargos públicos en México ha sido vital. Su proyecto Designaciones Públicas, que cumple ya casi ocho años en México, ha inspirado a muchas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, algunos de los cuales han logrado abrir expedientes y transparentar criterios de evaluación, esenciales para asegurar la profesionalización del servicio público.

En un país acostumbrado a utilizar las instituciones públicas como agencia de colocaciones bajo criterios políticos y particulares, las prácticas promovidas desde Designaciones Públicas cobran mayor relevancia frente a un Sistema Nacional Anticorrupción que incorpora como una de sus prioridades el Servicio Profesional de Carrera basado en los criterios de competencia: capacidad técnica, igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito y mejora de los servicios públicos.

De esta manera, el Sistema Anticorrupción de Sinaloa, implementado bajo la lógica de un compromiso real desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, haría todo lo contrario a lo que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel aplicó en el más reciente proceso de selección de la propuesta enviada para la ratificación de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres).

Opuesto a los principios de transparencia, apertura y rendición de cuentas, el Mandatario estatal optó por la vía más oscura: no publicó expedientes ni criterios de evaluación para elegir a Eva Guerrero como su única opción entre 20 expedientes que tuvo en sus manos. Su propuesta contravino los principios de un Gobierno Abierto.

Peor aún. La acción del Gobernador resultó contraproducente. Medios de comunicación informaron que Eva Guerrero tiene una plaza de docente en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la cual cubre -en acuerdo con la institución pública- a través de publicaciones en medios de comunicación de los cuales es accionista. Algunas publicaciones son incluso entrevistas que dichos medios hacen a funcionarios del sector educativo, las que le estarían compensando a Eva a través de su puesto público.

Lo anterior implica un análisis que tiene que ver con los límites entre la libertad de expresión y la censura, y que le correspondería resolver al Poder Legislativo de Sinaloa y a los partidos políticos para de una vez por todas se regule el gasto en publicidad oficial, un asunto que tiene que ver con derechos humanos y la construcción de una ciudadanía mejor informada.

Si bien las leyes y reglamentos siguen siendo omisos respecto a los procesos de selección en Sinaloa, muchas de las resistencias han sido superadas gracias a la persistencia de organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar y la apertura de actores políticos de diferentes partidos políticos. Por eso ahora le toca al Congreso de Sinaloa hacer eco de la exigencia ciudadana y rechazar la propuesta del Gobernador para que se reponga el proceso en su fase de análisis y evaluación de los 20 perfiles de las candidatas, asegurando la transparencia total del proceso en todas sus fases. Las 20 mujeres que participan en la contienda se lo merecen. El Gobernador de Sinaloa y el Poder Legislativo tienen en sus manos la credibilidad de las instituciones que representan. No hay control de la corrupción sin transparencia y rendición de cuentas y asegurar perfiles idóneos en los puestos públicos comienza con el ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de evaluar y elegir. Que no esté en escrito en alguna ley o reglamento no es pretexto. Las buenas prácticas nos han enseñado que es posible avanzar cuando se quiere.