"Les dije"

david@bufetealvarez.com

Durante años he dicho aquí que, tarde o temprano, el problema generado por andar entregando permisos de construcción a lo loco, iba a traer consecuencias sociales y legales.
Y no me equivoqué. Hemos leído en los medios que el Congreso del Estado exhorta a la Síndica Procuradora y al Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Mazatlán, a que inicien las investigaciones correspondientes para revisar y decidir si en el otorgamiento de permisos de construcción en varias colonias y fraccionamientos de la ciudad, hubo irregularidades.
No tengo la menor duda de que, congruente con sus valores, la Síndica Procuradora cumplirá eficientemente con el exhorto del Congreso del Estado para atender este grave problema.
Tampoco tengo la menor duda de que, también congruente con sus valores, el Titular del OIC no hará absolutamente nada, sencillamente porque hasta la fecha no ha hecho nada con las denuncias que hemos presentado tanto mi despacho como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM), donde se señalan con precisión no solo las irregularidades detectadas en la expedición de los permisos, sino las graves omisiones del Director de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable (DPDUS), al no hacer absolutamente nada para clausurar obras que no cumplen ni siquiera los requisitos exigidos en los propios permisos de construcción otorgados.
En cuanto a la DPDUS, muy malito se va a ver el director en su comparecencia ante el Congreso, pues las omisiones graves en que ha incurrido están perfectamente documentadas al grado que está al filo de cometer uno o varios delitos.
¿Y el Alcalde? Más malito se va a ver cuando pongan en evidencia que ha mentido en sus declaraciones a la prensa y, en lugar de ponerse a trabajar en serio para solucionar el problema, busca desviar la atención queriendo echarle la culpa de todo a las administraciones pasadas.
Por supuesto que al menos en las últimas tres administraciones pasadas se expidieron permisos de construcción irregulares a cambio de grandes moches, pero también se han expedido en esta administración y los rumores son que hay un nuevo “cobrador” de los moches surgido de las filas empresariales.
En pocas palabras, el Alcalde miente cuando dice que en esta administración no se han otorgado permisos irregulares y si quiere evidencias, que le pregunte a Víctor Sainz, que renunció a la DPDUS al ser presionado para que entregara permisos de construcción irregulares.
Lo que el Alcalde debería hacer, en lugar de solo echar la culpa a los que ya no están o de apuntar con el dedo a la Síndico Procuradora pidiéndole que investigue a los que se fueron, es exigirle al Titular del OIC que agilice y resuelva rápido y bien las más o menos 22 denuncias que sobre ese y otros temas ha presentado el OCM.
¿De verdad le interesa al Alcalde que investiguen y sancionen a los que se fueron? Si es así ¿Por qué mantiene en su puesto, contra viento y marea al Titular del OIC, que no ha hecho nada sobre las denuncias que ya se han presentado?
Tiene razón el Alcalde cuando dice que en administraciones pasadas se expidieron permisos de construcción irregulares, pero se ve muy mal cuando quiere que pensemos que su administración es una blanca paloma. No señores, también en esta administración se han entregado permisos ilegales que le serán restregados en la cara cuando acuda al Congreso del Estado.
Hay permisos que no debieron otorgarse porque no respetan los requisitos fijados en el Reglamento de Construcción y el Plan Director de Desarrollo Urbano, como el uso de suelo compatible, cajones de estacionamiento, factibilidad del sistema de drenaje y agua potable, superficie de terreno que debe quedar sin construcción, número máximo de niveles o altura, etc.
Las soluciones en cuanto a esos permisos irregulares ya expedidos son que la DPDUS inicie los procedimientos administrativos correspondientes para que sancione a los propietarios de esos desarrollos (no confundir con las personas que compraron departamentos) y le cancele el fiat (autorización) al Director Responsable de Obra (DRO).
Las sanciones a los propietarios de los desarrollos serán fuertes multas que los harán pensar varias veces si sigue siendo negocio violar la ley y en cuanto al DRO, sencillamente ya no podrá ejercer esa función.
Hay otras consecuencias legales para las empresas que se dieron vuelo construyendo departamentos violando las leyes que los regulan, derivadas de la figura de las acciones colectivas, pero de eso me ocuparé en otras colaboraciones. Por lo pronto basta adelantar que, si usted compró algún departamento que viole las disposiciones legales en materia de construcción y desarrollo urbano o cuya calidad sea muy diferente a lo que le ofrecieron, se le considera un consumidor y tiene derecho, entre otras cosas, a una reducción de al menos el 20 por ciento del precio que pagó. Si usted esta en este caso, manténganse al pendiente para que sepa cómo puede hacer valer sus derechos.
Y en cuanto a los ex servidores públicos que soltaron esos permisos irregulares, basta que el OIC haga su trabajo y agilice las denuncias ya presentadas por mi despacho y por el OCM, para que les apliquen las sanciones por las faltas administrativas cometidas.
Hay que dejar claro que no porque se hayan terminado de construir los desarrollos inmobiliarios para los que se expidieron esos permisos de construcción ilegales, ya no se puede hacer nada. Claro que se puede y se debe hacer algo y, aprovechando que el alcalde anda muy interesado en el tema, veremos si es cierto que agarra el toro por los cuernos y se pone a chambear en lugar de solo acusar.
Otra faceta del problema generado por permisos de construcción ilegales es que, a pesar de que en el “papel” aparentemente cumplen con todos los requisitos exigidos para que se entreguen, en los hechos se construye violando todos los parámetros correspondientes.
Basta darse una vuelta por Lomas de Mazatlán, Gaviotas, El Dorado y Sábalo Country, por mencionar algunos fraccionamientos, para que el Alcalde y el director de la DPDUS vean con sus propios ojos que se está construyendo sin respetar el número mínimo de cajones de estacionamiento, se están construyendo más niveles de los permitidos y no se esta respetando la superficie de terreno que se debe dejar sin construir. ¿Lo van a hacer o se van a quedar cruzados de brazos?
Estas irregularidades han sido denunciadas también por nosotros y por el OCM y la DPDUS no ha hecho absolutamente nada.
Esas omisiones de la DPDUS han sido denunciadas ante el OIC y tampoco ha hecho absolutamente nada.
Por lo visto, salvo echar culpas a los que ya no están y pelearse con la Síndico Procuradora, que es la única que hace bien su trabajo en esta administración municipal, los hechos son claros y demuestran que el Alcalde no tiene la menor intención de resolver el problema que ahora llegó hasta el Congreso del Estado.
Como las autoridades municipales no están cumpliendo con sus obligaciones, somos los ciudadanos, organizados o no, quienes debemos ocuparnos de poner orden en este mundo de ilegalidades y corrupción, aunque eso nos cueste ataques de todo tipo.
Vale la pena el esfuerzo aún con todas las represalias, una ciudad ordenada y con buenos servicios será la recompensa. No hay que dejar que los corruptos echen a perder todo lo que se ha avanzado, nuestra ciudad corre el riesgo de perder su belleza.