"Lo que cuestan los diputados"

Editorial

Una de las formas que la ciudadanía tiene de ser representada es a través del Poder Legislativo. En México, el sistema político contempla la figura de los diputados tanto en el ámbito federal como en lo local en las entidades federativas.

Dividido el territorio en distritos electorales, en Sinaloa se cuenta con ocho demarcaciones para la representación federal y con 24 en lo que corresponde en la representación estatal. A ello, se les suma los de representación proporcional. La Cámara de Diputados, federal, se integra por 500 legisladores; el Congreso local, estatal, por 40.

Los representantes, electos por el voto, deberían ser, en teoría, quienes lleven la voz de sus representados en el Congreso del Estado para las decisiones que se toman en materia de elaboración de leyes y reglamentos y en las discusiones que se generan en torno al gasto público.

Pero para ser honestos, la relación que los legisladores tienen con sus representantes llega a ser casi nula. Se sabe muy poco de ellos. Son pocos los que suben a tribuna y muchos menos los que entran en la discusión pública.

Sin embargo, tienen apoyo económico para acercarse a sus representados. Reciben además de su salario mensual neto, de poco más de 42 mil pesos, un apoyo mensual de 15 mil pesos para gasolina y transporte y si les salen las cuentas, 40 mil pesos más para gestión social.

Sí, es importante que los legisladores cuenten con un apoyo económico para que el trabajo que desarrollan sea profesional. Sí, es importante que los Diputados dispongan de recursos para contar con las herramientas que les permita tomar las mejores decisiones en beneficio de sus representantes. Sí, es importante, pero ¿quién de ellos lo está haciendo actualmente?

El sistema político mexicano permite, que haya mecanismos de participación y de representación social. Pero hasta ahora, a pesar de las políticas de austeridad que se han pregonado en la Cuarta Transformación, como en Sinaloa, el sistema político mexicano también permite un dispendio excesivo de recursos en beneficio solo de la clase política.