@angelleyva21 @Mexicanos1oSin
www.mexicanosprimerosinaloa.
Desde hace varios años, una de las figuras de gran relevancia para el sistema educativo han sido los asesores técnico-pedagógicos (ATP), los cuales son fundamentales para brindar acompañamiento pedagógico, apoyar a la formación docente y la gestión escolar para impulsar la mejora de los aprendizajes de los alumnos.
En 2013, la función de asesoría fue reconocida como parte de las responsabilidades educativas estatales a través de una nueva estructura administrativa denominada Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE). Esta medida combatió la informalidad en la que operaban los ATP y propició que se crearan nombramientos para esta función, además, su contratación sería a través de los concursos de ingreso al servicio profesional docente.
Aunque el SATE fue contemplado como medida para impulsar un sistema de apoyo y fortalecimiento de las escuelas, tuvieron que pasar cuatro años para que se establecieran sus lineamientos. Asimismo, el proceso de incorporación de los ATP se llevó a cabo con opacidad ya que aunque se publicaron las plazas disponibles, no se sabía cuántos y en qué supervisiones estaban adscritos.
Otro de los problemas que enfrentaron fue la profesionalización, ya que la formación de capacidades se vio limitada por la ausencia de políticas orientadas adecuadamente hacia el acompañamiento, la gestión escolar, la evaluación docente y la formación continua.
Con la nueva reforma constitucional en materia educativa, se abrieron las puertas para avanzar hacia la garantía de los derechos profesionales docentes, sin embargo, la figura del ATP fue omitida a nivel constitucional pese a las observaciones de diversos actores educativos que abogaban por su importancia.
Por lo tanto, se requiere incluir esta figura de acompañamiento escolar para que cuente con perfiles que definan las características requeridas para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, así como mecanismos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales que prioricen su aprendizaje.
La incertidumbre por la que han pasado los ATP ha limitado su adecuado desempeño, ya que han sido relegados a un lugar secundario. Para poner un ejemplo, en Sinaloa, 14 docentes de educación especial que resultaron idóneos en el ciclo 2016-2017, cuando se concursaban 58 vacantes en la convocatoria de ese año, a ninguno se le asignó un lugar y se les argumentó motivos presupuestarios, tampoco se les brindó la inducción correspondiente ni realizaron evaluación de desempeño. Hasta la fecha no tienen nombramiento definitivo por lo que en su momento interpusieron una demanda en contra de SEPyC, que aún sigue en curso y que no ha sido resuelta.
Los derechos de los ATP deben garantizarse pues son fundamentales para fortalecer comunidades de aprendizaje incluyentes. Más allá del tema presupuestal, es un asunto educativo. Por el bien de las niñas, niños y jóvenes, esperemos que se recupere, apoye y atienda esta figura que muchas veces pareciera estar en el olvido.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
