"Los mil días de la justicia desaparecida"

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Se busca a quien sí quiera aplicar la ley

Por el plazo transcurrido, que no es distinto a los años anteriores, de indiferencia y confabulaciones, vale la pena recordar que el 13 de agosto se cumplieron mil días desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, la respuesta política que el Gobierno de México otorgó a manera de fosa clandestina para enterrar allí sus desidias frente a un fenómeno que crece en vez de reducirse.

Dos años y 270 días que corroboran la ausencia de políticas de estado y la concurrencia excesiva de impunidades. Sin ir tan lejos, Sinaloa es crónica interminable de simulaciones e ineptitudes que ofenden la lucha de las familias por encontrar a sus desaparecidos. Hallar las huellas de mil 319 personas en tal situación reportadas en 2019, y de 404 de enero a mayo de 2020, es posible sólo con la tenacidad de las organizaciones de rastreadoras que nadan a contracorriente de la desatención gubernamental.

Para qué discutir si la ley que le dio origen al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ha contribuido a inhibir el fenómeno si en 2018, según estadísticas de la Fiscalía General de Sinaloa, la incidencia continuó al alza con casi 200 denuncias más que el año en que se aprobó la norma. En la reciente década, de 230 casos que se tenían en 2009 se creció a mil 319 el año pasado, y de un promedio de 0.4 desapariciones diarias que se registraron en 2002, en 2019 ascendió a 3.61 casos por día.

En añadidura a la tragedia que no es únicamente de las familias cercenadas, porque atañe a la seguridad de la integridad física de todos, ahora adquiere mayor lobreguez el silencio que las instituciones y los servidores públicos guardan ante la lacerante interrogante de dónde están los desaparecidos. Si los vemos en las plazas, en las paredes, en la mirada de sus madres, en las manos que se unen para empuñar las palas que cavan ante el menor indicio, entonces aquí andan entre nosotros y es cuestión de materializar sus nombres, rostros y recuerdos a través de la justicia.

Pero donde no están es en las carpetas de investigación de ministerios públicos que anotan datos para el olvido, policías que al servicio del crimen se convierten en autores materiales de las desapariciones, políticos que en campaña se toman fotos con las familias afectadas y al rato son cómplices por omisión de la disipación del estado de derecho, comisiones de búsqueda perdidas en el burocratismo y sociedades que se paralizaron en el quién sigue.

Aunque existe una ley desde hace mil días, la verdad es que ha funcionado como tapadera de un albañal que proviene directamente de las oficinas de Gobierno, procuración e impartición de justicia. Ahora está desaparecida la pareja que forman Clarivel Armenta Germán y Juan Luna Peinado, de Los Mochis, que desde el 9 de agosto sus paraderos se van desvaneciendo en el hoyo negro de la indiferencia.

Sin duda alguna, detrás de las desapariciones está siempre una autoridad federal, estatal o municipal. Por acción u omisión se nota la mano gubernamental a manera de fiscalías indolentes, comisiones oficiales de búsqueda de membrete, autoridades de seguridad pública que esconden las grabaciones de la videovigilancia, dependencias de vialidad que facilitaron el emplacado de unidades en las que se cometió la privación ilegal de la libertad y jueces que operan para la defensa de los culpables y no de las víctimas.

Por eso se puede decir que la ley respectiva, publicada el 17 de noviembre de 2017 y con vigencia desde el 16 de enero de 2018, constituyó el ardid del entonces Presidente Enrique Peña Nieto para librar la enorme presión social por las desapariciones y heredarle a Andrés Manuel López Obrador el bombillo siempre a punto de explosión que, según la actualización de la Secretaría de Gobernación al 13 de julio de 2020, asciende a 70 mil víctimas desde 1964.

México nunca para en reportes de desapariciones forzadas ni tampoco detiene la impunidad que mueve a quienes las cometen. Si bien les va a las familias o colectivos en búsqueda es que venga una comisión con propósitos mediáticos y una vez logrado el montaje espectacular se vaya junto a los reflectores que la acompañan. Aquí se quedan los ofendidos y el drama que los escolta.

La solidaridad de apariencia no mitiga el sufrimiento auténtico de tantos que necesitan y merecen saber dónde están los suyos. Hace más de un año el Congreso del Estado le aprobó a Sinaloa su propia Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas mas no hace el papel lo que no quieren hacer aquellos que tienen la obligación de aplicar la norma. Es que comprometidos con la impunidad, qué van a mover un dedo para buscarlos.

Reverso

Se busca aquella fallida ley,
Que entre tanto desaparecido,
Desde antes se había perdido,
En tierra donde el tuerto es rey.

Inyección de ánimo

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel se subió ayer a la carrera mundial para garantizar que llegue a todos la eventual vacuna contra el coronavirus y anunció un fideicomiso de 50 millones de pesos, dinero que en parte saldrá de la venta de la Casa de Gobierno en Culiacán, por si se tiene que invertir en la compra del inmunizante actualmente en fase de pruebas. Al parecer los gobiernos estatales tenderán que volver a rascarse con sus propias uñas por si no alcanzan los 150 millones de dosis que aportará la Fundación Carlos Slim. ¿Y el derecho de los mexicanos a la vacunación universal y gratuita?