"Luchadores sociales con el arma en la sien"

¿Quién cuida la integridad de René Castro?

Existen evidencias muy claras de que los asesinos del joven de 15 años de edad, Manuel Alejandro Castro, en realidad iban por el papá de éste, René Castro Lizárraga, un abogado que defiende a las familias de Mazatlán que buscan un pedazo de suelo para vivir y las apoya hasta en la regularización de ese patrimonio. El criminal o los asesinos, materiales e intelectuales, iban por sangre humana convencidos de que en Sinaloa difícilmente se paga por matar a luchadores sociales.
El que accionó el arma contra el hijo de René Castro, y los que operaron detrás de él para la consumación del homicidio, buscaban al activista que durante décadas ha sido la piedra en el zapato de los privilegiados acaparadores del suelo urbano en Mazatlán. Llegaron por él, lo llamaron por su nombre, pero por desgracia le tocó a Manuel Alejandro recibirlos con todo y el mensaje letal que llevaban.
El muchacho sabía que la familia corría peligro aquella madrugada del 12 de julio de 2019, pero mientras René Castro procedía a poner a salvo al resto de los suyos, Manuel Alejandro pensó tal vez en distraerlos, con todo y la limitante física que lo puso en desventaja, sin sospechar que los victimarios dejarían de cualquier forma la marca de la brutalidad en el hogar hoy enlutado y sin justicia.
Un mes después, cumplidos hace una semana, la sociedad mazatleca sabe que el plomo disparado contra el adolescente se debió a que el padre de éste afectó como activista del Movimiento Amplio Social Sinaloense a alguna amalgama de negocios y delincuencia, lo cual da pie a otra certeza: la vida de René Castro está en peligro y debe ser protegida por el Estado para salvaguardar a quien parece ser, ojalá y no, la siguiente víctima.
Todo Mazatlán lo sabe, menos la Fiscalía General del Estado que no ha solicitado ningún medio de protección para quien está en riesgo inminente. Y así, la tardanza de la justicia que es el hedor previo a la ausencia de ley, colabora también con los criminales que ya estarían planeando cómo continuar con la acometida bestial que creerán inconclusa.
El Ministerio Público no ha recabado ni la más mínima prueba que lleve a conjeturar que el joven victimado o su familia hayan dado motivo al crimen, a no ser por la labor de ombudsman de precaristas y desplazados por la violencia que efectúa René Castro. Por más que se intentara la perversidad de criminalizar a la víctima, aquí no lo podrán hacer, excepto que algún poder ilegítimo o fuerza económica esté queriendo colocarse por encima del orden constitucional.
A René Castro Lizárraga le pasó lo que en su momento vivió Atilano Román Tirado, cuando era líder del movimiento de desalojados de la presa Picachos y todo mundo le advertía el peligro en que ponía su vida. Sin embargo, la configuración emocional de los verdaderos líderes sociales les impide pensar en ellos antes que en los demás. Contra Atilano sí fueron certeros los ejecutores el 11 de octubre de 2014 al consumar el plan que la misma mezcla de política y delincuencia organizada ideó para eliminarlo.
Esta vez la Fiscalía está a tiempo para enviar el mensaje de la ley a aquellos que siguen creyendo ser un poder más fuerte que el de las instituciones y el que tutela el marco jurídico. Pero también tiene la obligación de cortar de tajo toda posibilidad de que existan nuevos ataques contra René Castro y su familia que, si llegasen a concretarse, podría a la institución del Ministerio Público como principal cómplice, por omisión.
Vale igual, claro, la vida de cualquier ciudadano y la procuración de justicia adquiere la misma obligación de investigar y turnar a los culpables ante los tribunales. Aunque en el caso de quienes elucubran la eliminación de una activista no piensan en el individuó en sí sino en el brazo de defensoría que le amputan a la sociedad.
De ahí deriva el grito de “¡los hacemos responsables!” que cobra estridencia en los colonos de Mazatlán que tienen miedo a perder a sus defensores. Si a la desidia de las autoridades le correspondiera alguna condena por la muerte de Manuel Alejandro Castro, la justicia cívica ya tiene listo el veredicto para el eventual caso en que el gobierno eluda la función procuradora y administradora de la justicia.
Sí, los hacemos responsables de la integridad física y emocional de René Castro y de todos los luchadores sociales de Mazatlán y de Sinaloa. A las instituciones y servidores públicos que le quitan razón de ser a la función del Estado por cada activista caído que es, al final de cuentas, muesca indeleble en la conciencia de los políticos en el poder.

Reverso
Serán despiadados los juicios,
Que hoy la sociedad inicia,
Por no apagar la justicia,
El fuego de nuestros suplicios.

Adiós y gracias a dos grandes
Como si el destino nos recriminara el hecho de no saber valorar y aprender de los que tratan de edificar un Sinaloa distinto fincado en la paz de las ideas, razones e inteligencia, el fin de semana perdimos a dos seres excepcionalmente valiosos. Se han ido, pero viven a través de la herencia cultural que nos dejan, José Everardo Mendoza Guerrero, el lingüista que no fue profeta en su tierra y sí reconocido a nivel nacional al grado de ocupar una silla como miembro correspondiente en la Academia Mexicana de la Lengua, y el incansable jornalero cultural Manuel Petris Manjarrez, que hizo de su trayectoria la batalla incansable por quitarle a Culiacán algo del estigma de pueblo bárbaro.
alexsicairos@hotmail.com