SinEmbargo.MX
Han pasado seis meses desde que Aristegui Noticias, Signa Lab y ARTICLE 19 denunciáramos la agresión sistemática y coordinada a periodistas y ex trabajadores de la Agencia de Notimex a través de redes sociales por parte de su directiva mediante el uso de recursos públicos. Como siempre, nada ha pasado. La impunidad sigue dando fuerza a los perpetradores y permite que cada vez sean más y más intensos los atropellos a los que se enfrentan aquellos que osan contradecir y develar lo que ocurre allí dentro.
Las instituciones encargadas de investigar hechos de desvío de recursos - porque no podemos olvidar que utilizar el tiempo de trabajadores en activo para fines ilegales es una forma de desvío - y las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, le han apostado al enfriamiento del caso sin dar luces de una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial que dé lugar a determinar algún tipo de participación y responsabilidad de la directora de la Agencia y sus secuaces.
La Secretaría de la Función Pública decidió darle un trato de menor gravedad a la investigación dirigiéndola directamente al Órgano Interno de Control, el cual aparentemente ha jugado un papel más de abogado defensor que de contralor y no existe rastro de continuidad en la investigación, incluso cuando se solicitó información, la dependencia señaló que no había tal denuncia y que cualquier información debiera ser solicitada al INAI. Por su parte, la Junta de Gobierno, que según se había comprometido a dar atención de manera puntual a los hechos , dejó en manos de las “autoridades responsables” la resolución del caso sin un seguimiento que diera garantías a los trabajadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco ha dado señales de voluntad para procesar la queja presentada por las víctimas.
La impunidad se utiliza nuevamente como instrumento para perpetuar la agresión. Con el estandarte del combate a la corrupción, la directiva de la Agencia se ha dado licencias para violar una y otra vez los derechos de aquellos que trabajan ahí, sin considerar que el estado de derecho requiere los dos: el combate a la corrupción sí, pero también respetarlos derechos de todas y todos.
Así, la semana pasada un grupo de periodistas informaron a través de redes sociales que a pesar de la huelga declarada -aparentemente aceptada por Notimex- y de las recomendaciones sanitarias, el equipo estaba trabajando en una “sede alterna” en la cual se encontraban hacinados. La divulgación de videos que confirmaban esta situación dio lugar -una vez más- a la persecución de aquellos que presuntamente publicaron la información; la confiscación del celular de la reportera Ingrid Sánchez y su retención para interrogarla; así como la supuesta imputación de delitos falsos dentro de una carpeta criminal. En sus declaraciones, Notimex confirma la existencia de una sede alterna y la continuidad de la labor “voluntaria” de sus trabajadores -interesante saber cómo pagan la renta -.
Además de todo, los mismos directores de la agencia, funcionarios públicos también, presentándose como las verdaderas víctimas de estos hechos, alegan que ARTICLE 19, que estaba documentando sobre las violencias a las que Ingrid fue sujeta, es una organización que hostiga y acosa a los periodistas que trabajan en Notimex. Incluso, en el mundo al revés circula un documento en el que, algunos funcionarios públicos de NOTIMEX presentaron una supuesta queja ante la CNDH en contra de la organización y de la Revista Proceso por violar sus derechos ¿Es desconocimiento de la ley o criminalización de la labor de defensa de derechos humanos?
La receta empleada en abril se vuelve a utilizar y con tal de desviar el mensaje a la opinión pública, de manipular y maquinar una verdad oficial, ataca a los mensajeros. Pero, ¿cuántas veces se tiene que repetir el mensaje para que lo escuche la autoridad y sancione de una vez por todas a los responsables?, ¿tenemos que esperar hasta que los directivos de la agencia incrementen la gravedad de sus agresiones?
Este Gobierno prometió transformar la vida pública para fomentar el estado de derecho y respetar los derechos humanos. Sin embargo, hasta hoy la justicia sigue siendo selectiva y está sujeta a la prioridad de quien la imparte, permitiendo que acciones como las que aquí se describen se intensifiquen y se vuelvan sistemáticas.
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