Rafael Morgan Ríos
cp_rafaelmorgan@hotmail.com
Los mexicanos esperarían que la estructura legal, la Constitución y las leyes secundarias, además de las instituciones, la economía y las organizaciones sociales, serían las defensoras de la sociedad y de los derechos humanos en México, pero, viendo cómo este régimen toma decisiones contra y al margen de las leyes, apoyado por el Poder Legislativo y las redes sociales y amenazando con acabar con las instituciones ciudadanas, porque tiene “otros datos” en cuanto a la economía nacional, el control de la pandemia y el combate a la violencia, cualquier ciudadano se preguntaría: entonces, si la ley no los detiene, ni la prensa, ni la Oposición, ni las fuerzas de la economía, ni las instituciones, ¿qué se podrá hacer para reencauzar a México por la vía del derecho y los derechos humanos y sociales?
Analistas y políticos han encontrado que la defensa vendrá de un instrumento que el propio Gobierno buscó, logró y proclamó como un gran éxito: el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que contiene una serie de limitantes, controles y disposiciones de protección, pero que en nuestro caso son imposiciones, principalmente de Estados Unidos a México, pues nuestra economía depende del comercio con Norteamérica. Así, en el Tratado se contienen obligaciones para México en cuanto al empleo, los sueldos y las condiciones de trabajo; también en cuanto al contenido de componentes de fabricación de origen; igualmente trae disposiciones muy estrictas en cuanto a las instituciones ciudadanas autónomas e independientes del Gobierno; inclusive previene contra actos de gobierno que afecten la libertad económica, la democracia y los derechos humanos; también se incluyen exigencias en lo referente a la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la migración ilegal; y finalmente, el capítulo 24 se refiere al cuidado y protección del medio ambiente, y este es el asunto de interés para este artículo.
El ex Secretario de Hacienda, Carlos M. Urzia, escribió dos interesantes columnas los días 28 de diciembre y 4 de enero en El Universal, sobre los problemas que tendría el país con el nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien es un reconocido ambientalista y que tendrá en sus manos las llaves del Tratado para “obligar” a México a ser más cuidadoso del medio ambiente, más impulsor de las energías limpias, menos protector de las empresas estatales como Pemex y CFE en perjuicio de las empresas privadas, exigencias que pueden ser barreras comerciales contra la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos si no se cumplen los requisitos contenidos en el tratado.
¿Qué explicación dará México sobre la cancelación y obstrucción de contratos a las empresas privadas de energía solar, eólica o geotérmica? Ya se vio que Manuel Bartlett, director de CFE, está inventando que la característica intermitente de estas plantas de energía renovable saturan la estructura de transmisión y han dañado algunas centrales eléctricas, provocando el mega-apagón de hace unos días.
Biden ha prometido en su campaña invertir un billón de dólares en saneamiento y protección del ambiente, lo que incluye la reconfiguración de las empresas fabricantes de automóviles que consumen combustibles fósiles, para que produzcan vehículos eléctricos; igualmente la reconversión de la industria petrolera para que se traslade a la fabricación de productos energéticos no contaminantes, pues el Presidente Biden se propone que “para 2035 toda la electricidad que se genere en su país provenga de energías limpias” y “para 2050 toda la industria deberá tener cero emisiones de efecto invernadero”. Desde luego, revertirá la decisión de Trump de retirarse de los Acuerdos de París.
México lleva un camino de retroceso, pues no sólo dificulta la creación de empresas que producirían energías renovables, sino que mantiene seis refinerías obsoletas e ineficientes que contaminan terrenos propios y circundantes, producen enormes cantidades de combustóleo que, como no hallan qué hacer con él, obligan a la CFE a consumirlo; Pemex no ha podido controlar el llamado “huachicoleo” en el que por cada perforación se deja un “reguero” de combustible o se escapa gas a la atmósfera; la CFE sigue consumiendo carbón que es altamente contaminante y ahora, el Gobierno construye otra refinería y un tren en el sureste del país, destruyendo la selva milenaria del lugar.
Así pues, tal vez el TMEC rescate al medio ambiente en México frente a un gobierno que parece no importarle.
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