"Revalorización docente: discurso y realidad"

@luisdanielrguez, @Mexicanos1oSin

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La educación en México ha tenido días complicados recientemente. Primero, la aprobación de las leyes secundarias en la materia, a pesar de contener elementos de inconstitucionalidad. Y ahora, un Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF 2020) insuficiente para la transformación educativa a la que se aspira.

Este presupuesto, que será próximamente discutido en la Cámara de Diputados, presenta considerables recortes que resultan incongruentes con el discurso de mejorar el sistema educativo, y uno de los principales es que no se prioriza el aprendizaje profesional docente, aspecto en el que me enfocaré en esta ocasión.

En primera instancia, para fortalecer a las escuelas normales, se debe asegurar que las y los futuros maestros desarrollen las habilidades, conocimientos, prácticas y actitudes necesarias para promover efectivamente el derecho a una educación incluyente para la niñez y juventud. Sin embargo, el PPEF contempla una reducción de más de 40 por ciento a la formación inicial docente, destinándole únicamente 270 millones de pesos, es decir, la inversión más baja en lo que va del siglo. Esta decisión es contradictoria con el discurso de la administración actual en su intención de revalorizar la educación normal.

Reducir tan drásticamente el presupuesto (que ya de por sí era limitado) resulta preocupante, sobre todo tomando en cuenta los retos que enfrentan estas instituciones, tales como: deficiente infraestructura escolar, dificultades en la consolidación de los cuerpos académicos para cumplir con sus funciones de investigación y difusión cultural, insuficientes condiciones laborales y profesionales de sus docentes, así como problemas derivados de la falta de autonomía administrativa, curricular y pedagógica (INEE, 2017).

Las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a tener a las y los maestros más preparados, por ese motivo preocupa que, sin antes brindarles el fortalecimiento que requieren las normales, la ley obligue a la autoridad educativa a priorizar a los egresados de las mismas sobre los de otras universidades en el proceso de nuevo ingreso a las plazas docentes, violando, de esta manera, el principio de igualdad de condiciones establecido en el artículo tercero de la constitución.

Por otro lado, aun cuando las nuevas modificaciones constitucionales reconocen el derecho de las y los maestros para acceder a un sistema integral de formación que permita cumplir con los propósitos del Sistema Educativo Nacional, en el PPEF se presenta una reducción de casi 56 por ciento para el gasto en formación continua de los docentes de educación básica, destinando un aproximado de 159 pesos por maestro, lo que es, en términos reales, el gasto más bajo en las últimas dos décadas. En otras palabras, los derechos profesionales docentes están quedando sólo en papel, pero no se ve voluntad política real y presupuestal para garantizarlos.

La evidencia nos dice que las y los maestros son el principal agente de cambio para impulsar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. Por lo tanto, a través de un gasto efectivo y suficiente, debemos apoyarlos y proveerlos de todas las herramientas que necesiten para llevar a cabo su labor y se desarrollen constantemente como profesionales de la educación. Antes de que el PPEF sea aprobado, las y los legisladores deben cumplir con el marco constitucional, realizar los ajustes necesarios y reorientarlo responsablemente hacia la educación incluyente, tal como lo estipula la Carta Magna. Sólo así será posible la transformación educativa a la que aspiramos.

El autor es investigador en Mexicanos Primero Sinaloa