Editorial
Seguridad es lo que ha demandado la población en diferentes zonas de Sinaloa y seguridad es en lo que menos deben fallar las autoridades para garantizárselas.
La atención a la inseguridad, y los hechos violentos que genera, debe darse desde un punto de vista preventivo en las comunidades afectadas y no como una reacción a un problema agravado por la inacción.
Algo así ha ocurrido en Villa Juárez, Navolato, y en otras comunidades de Sinaloa. Las disputas de grupos delictivos han convertido en campos de batalla las calles y campos, en un ejercicio de control y dominio de las rutas para el tráfico de drogas.
Y en medio de esos enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada, prevalece una población a la que le han robado la tranquilidad por quienes se dedican a delinquir y por quienes se han olvidado de hacer la parte que les corresponde: el Gobierno.
Tal vez sea que el Gobierno del Estado, por sí solo, sea incapaz de garantizar a la población la seguridad que necesita. Tal vez, sea porque no tiene idea de cómo enfrentar al crimen organizado. O quizá, porque resulta más cómodo ceder la responsabilidad al Ejército de patrullar y ofrecer la vigilancia en Sinaloa. Esto, sin llegar a la lectura entre líneas de la iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional.
Los habitantes no necesitan, y algunos no entienden, argumentos de por qué la seguridad no llega, por qué nunca ha llegado o por qué debe llegar cuando las desgracias están encima. Lo que demandan, es que las condiciones de paz prevalezcan y que sus vidas se desarrollen de manera normal.
La sierra de Concordia, en Sinaloa, empieza a ser atendida cuando se hizo visible la crisis de desplazados de las comunidades serranas debido a la violencia, que la autoridad se empeñó a querer demostrar como un problema de “percepción”.
Hacia allá han enviado operativos de las diferentes corporaciones y fuerzas federales para restablecer la paz. Pero mientras, en Navolato, resurgen otra vez los hechos violentos que convierten a la región en una zona insegura.
Sinaloa, no necesita de un Gobierno que solo atienda crisis de seguridad. Sinaloa, requiere de un Gobierno capaz de ofrecer un Estado seguro y de derecho. Eso, es lo que están esperando los sinaloenses.
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