"Un acierto"

Aunque curiosamente Sinaloa no ocupa uno de los primeros lugares en las estadísticas sobre las entidades más violentas del país, esa relación no identifica a la inestabilidad anímica que afecta a la población en comunidades rurales y en colonias de varias ciudades, entre las cuales destaca Culiacán, donde se afronta una angustia crónica a grado de desesperación, según se refleja en la propuesta sobre una declaratoria formal de legítima defensa que, entre otras cosas, significaría armar a los ciudadanos contra la delincuencia.

 

Por tanto resulta extraño el hecho de que Sinaloa no figure en la lista de estados donde se programó la celebración de foros de consulta para la pacificación del país, en función de una propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que desde este mes se están realizando en diferentes ciudades de Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Tlaxcala y Tabasco, y que incluye actividades en comunidades como La Huacana y Cherán, en Michoacán, así como Cuauhtémoc y la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

 

Y lo que se percibe realmente incongruente es que Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora general de la consulta, haya declarado que no se consideró a Sinaloa en la programación correspondiente porque aquí no hubo respuesta ni disposición alguna por parte de la sociedad civil para participar en la organización de alguno de esos foros, de los cuales se tiene planeado celebrar 42 sobre diferentes temas inherentes a la pacificación. Y surgen interrogantes: ¿Por qué esa indolencia civil ante la búsqueda de propuestas? ¿Acaso no existe confianza en la eficacia de tal consulta ciudadana? Por lo pronto se advierte un contradictorio caso de omisión en una entidad castigada por la violencia.

 

Cabe observar que este ciclo de consulta ya registra tajantes descalificaciones como las que acentuaron en Morelia los ex líderes de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Morales, quienes etiquetaron a los foros como una farsa, toda vez que se desestima e ignora la participación de auténticos voceros de las víctimas de la violencia. Otras voces en esencia discordantes se escucharon en Ciudad Juárez, donde se dio un pronunciamiento ciudadano en el sentido de “ni perdón ni olvido”. 

 

En ese sentido cobran puntualidad las definiciones expuestas por Tatiana Clouthier, quien, en relación con el proyecto pacificador de López Obrador, señala que, antes de pensar en la consigna de “perdón y olvido”, tiene prioridad la urgencia de atender y otorgar justicia a las víctimas. Puntualizó la coordinadora de la triunfante campaña presidencial que ese proceso judicial no corresponderá al área del Ejecutivo Federal, sino a otros poderes y a la Fiscalía General de la República.

 

En el foro de Morelia, el futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reconoció que no puede existir perdón para nadie si no hay una justicia social, sin embargo aclaró que desde su punto de vista personal el perdón es un tema muy complejo, aunque pudiera verse como la necesidad de liberarse de rencores y cuestiones personales internas; “el perdón es mucho más trascendente que la propia decisión personal”. De pronto parece mucho pedirle a quienes, por causa del crimen, han visto cercenados sus proyectos de vida mediante la pérdida de sus seres más queridos. Desde ese punto de vista el perdón no resultará una decisión fácil.

 

Para ubicar esa difícil decisión como una opción en la conciencia de los afectados por la violencia y el crimen, y extender la propuesta al convencimiento ciudadano, el camino sería delimitar los casos en que el perdón sea precisamente un acto de grandeza humana, y cuando implique un pase a la impunidad. Creo que en su tipificación de amnistía, el perdón entrañará un acto de justicia para las víctimas de la omisión y la indolencia que han multiplicado el término de cualquier sentencia en prisión y muchos de los cuales pueden ser inocentes. Eso constituiría un histórico acierto.