"Acosan ‘chupaductos’ a periodistas en Puebla"

PUEBLA (UNIV)._ Dos organizaciones de defensa de periodistas en Puebla alertaron sobre amenazas de muerte en contra de comunicadores en el llamado Triángulo Rojo, zona donde operan bandas de la delincuencia dedicadas al robo de hidrocarburo en ductos de la empresa Petróleos Mexicanos.
El Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas, denunciaron las amenazas y demandaron la intervención de autoridades estatales y federales. En comunicado, detallaron que luego que grupos del crimen organizado, dedicados a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, fueron sometidos por la autoridad federal en un operativo que desarticuló la red criminal, los periodistas de la zona del Triángulo Rojo se han vuelto el blanco de amenazas por parte de las células que aún quedan activas.
Las organizaciones, revelaron que las células criminales manifestaron su intención de pagar hasta diez mil pesos por “la cabeza de los periodistas que se atrevan a seguir informando” sobre los operativos que ha lanzado la Federación contra los llamados “huachicoleros”.
La amenaza vertida en forma directa contra varios comunicadores, también señaló que se pagaría hasta 15 mil pesos por cabeza de reportero que siguiera informando sobre ‘la central de abastos de Huixcolotla y Zozutla’, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible.
Aunque lanzada contra todos los comunicadores, “la amenaza fue dirigida inicialmente a los corresponsales de Televisa y El Sol de Puebla, medios que le han dado puntual seguimiento a los temas de inseguridad que se viven en esa parte del estado”, alertaron.
Ante ello, demandaron al Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las garantías necesarias y proteja a los comunicadores, para llevar a cabo su labor de libre ejercicio periodístico. Además pidieron la intervención de la CNDH, del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especialidad en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR.