"Alcalde de Escuinapa justifica a farmacia que surte medicamentos a la Comuna"

ESCUINAPA. _ El Alcalde Emmett Soto Grave justifico las compras de medicamentos a una farmacia presuntamente propiedad de la familia de la Directora de DIF Lucina Cervantes, señalando que esta es la más legal para vender.

“Se está poniendo orden, es una farmacia cien por ciento legal, hemos ahorrado en medicamentos, nosotros no somos iguales que los que han estado (anteriormenre)”, dijo.

Aunque se le cuestionó la falta a la Ley Anticorrupción y a Ley de Responsabilidades Administrativas debido a estas compras al tratarse de la familia de un Servidor Público, el edil justifico que se está poniendo orden y se está gastando menos en medicamentos que en otras administraciones.

El ahorro ha sido del 70 por ciento aproximadamente, informó, pues de 6 u 8 millones de pesos que se gastaban al año en medicamentos o internamientos privados en ciudades como Guadalajara o Tijuana, hoy se han gastado menos de 3 millones de pesos.

En medicamentos, dijo, era un derroche de recursos, por lo que considera que la denuncia hecha por farmacéuticos se trata de que se siente afectados pues se acabaron privilegios, incluidos para empleados del Sindicato del Ayuntamiento.

Quienes antes tenían a una persona especial para hacer sus gastos, así como un empleado que se encargaba de dar recetas en DIF para beneficio de algunas personas.

“Tenemos ahorros importantes, antes se tenían alcaldes del PAN y del PRI que se decía que las farmacias eran de ellos”, expresó.

Las denuncias son relacionadas más por ver afectados sus intereses, manifestó, por lo que si consideran que es un acto de corrupción, entonces que denuncien ante las instancias correspondientes.

La Tesorera Iliana Barrón Aguilar, reconoció que la farmacia Nuestra Señora de la Salud está en el contrato de salud como la proveedora de medicamentos para empleados del municipio, pese a que ésta es de la familia de la directora de DIF Lucina Barrón Cervantes.

Lo que constituye una ilegalidad de acuerdo a los artículos 58, 61 y 62 de la Ley Anticorrupción y Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al haber conflicto de interés entre un servidor público con familia directa que actúa como proveedor.