"Ante Juez, segundo ex funcionario de Malova señalado"
José Luis Martínez Romero, ex jefe del departamento administrativo de Turismo durante el Gobierno de Mario López Valdez, se presentó ayer ante un Juez y este jueves enfrentará al Ministerio Público para evitar un proceso judicial.
Después del anuncio, Martínez Romero solicitó un amparo en contra de su arresto, lo que le dio tiempo para presentarse ante un Juez de control y enjuiciamiento sin pisar la cárcel.
El martes 28 de noviembre se presentó ante un Juez para ponerse a disposición de iniciar su proceso penal, el cual comenzó ayer con una primera audiencia, en la que pudo ganar tiempo a través de sus abogados Martín Morales López y Elvio Ayala.
El juez, después de un receso, determinó que sólo tienen 24 horas para leer el expediente.
Martínez Romero expresó que se sentía agraviado por las acusaciones, pero que cree que puede demostrar su inocencia.
La Fiscalía General del Estado lo acusa de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
"Mi defensa me dice que no puedo comentar nada hasta que siga el juicio y esperando que demuestre mi inocencia realmente, yo no puedo decir nada más ahorita, pero sí estoy consternado con esto", dijo.
- ¿Desde cuándo estaba enterado que estaba dentro de estas investigaciones?
Desde que salió en el periódico.
La Fiscalía General del Estado acusa a Martínez Romero de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
En esa acusación, establecieron, la sostienen por denuncias penales que emitió la Auditoría Superior del Estado, luego de la revisión de 41 facturas por un monto acumulado de 8 millones 651 mil 798.52 pesos.
Ese dinero se debió utilizar para pagar las campañas vacacionales denominadas "Campaña Delta Vacations 2016", "Campaña Canwest 2016", y "Campaña Continental Airlines", pero aunque hubo facturas a presuntos proveedores, no se tenía evidencias ni campañas.
La Fiscalía General continuó con las investigaciones y concluyó que era necesario abrir un proceso penal, con el fin de obtener sentencias por los posibles actos de corrupción.
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