"Con decreto presidencial se intensificarán disputas por el agua para proyectos extractivos, advierte ONG"

El Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto que suprime las vedas en casi 300 de las 756 cuencas hidrológicas de la nación, para que ahora puedan ser concesionadas.

Por el momento, Sinaloa queda fuera de ese decreto. Sin embargo, para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tras el decreto se intensificará la disputa por el agua que ya existe entre los grandes proyectos mineros y extractivos, y por los cuales se avisoran conflictos más intensos en nuestro país.

Dichos decretos fueron anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, pero ante el fervor de las campañas políticas y luego por el inicio de la Copa Mundial de Futbol, al parecer, las medidas han pasado desapercibidas.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil acusan que es la puerta a la privatización del agua, al permitir que el 55 por ciento de las aguas superficiales sean utilizadas para fines lucrativos, permitiendo la creación de organismos operadores empresariales en manos de municipios o estados, o entregando concesiones hasta por cincuenta años a industrias extractivas, como la minería, hidrocarburos o el fracking.

En su caso, REMA considera que esto obedece a una lógica de crecimiento económico, en la que para garantizar la inversión hay que eliminar restricciones en el uso del agua para los procesos extractivos.

El representante de la Red, Miguel Ángel Mijangos Leal, aclaró que no sólo se refiere a la minería, más bien se trata de un modelo que busca crear zonas económicas especiales, lo cual involucra la introducción del gas natural, la obtención de hidrocarburos, la construcción de hidroeléctricas, los parques eólicos, la industria automotriz y los monocultivos de transgénicos, megaproyectos que utilizan grandes cantidades de agua.

“Todo el proceso de vedas (de las cuencas) que teníamos desde hace años, hoy se está abriendo justo porque la cantidad de territorio que está ocupando el modelo extractivo es tanto, que necesita las cuencas que estaban en veda; y en la lógica de reactivar la inversión, si no se abre la veda, el sistema extractivo no existe”, argumentó.

De no dar marcha atrás a este sistema, los problemas más graves podrían darse en la parte norte del país, donde hay una natural escasez de agua y los mantos freáticos comenzarían a agotarse. Mientras hacia el Sureste, donde hay mayor abundancia como en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, habría otras problemáticas ante la disputa de las empresas por posesionarse de los recursos hídricos y además por la generación de contaminantes de la industria.

En opinión de Mijangos Leal, la tendencia clara de este modelo es hacia el despojo de los territorios y sus bienes naturales.

“Los elementos de despojo y desplazamiento forzado son los que están siendo ponderados por toda la industria extractiva, que al final lo que busca es la apropiación del territorio o de un bien específico, y esa es una disputa que nos va a llevar al cáos más rapido de lo que conocimos sólo por el tema minero”, alertó.

Niega Conagua privatización

Ante la polémica que se ha desatado en redes sociales, la Comisión Nacional del Agua emitió un comunicado en el que rechaza la privatización por los diez decretos publicados el 6 de junio y asegura que esto permitirá preservar el medio ambiente y el consumo humano para 18 millones de habitantes “que aún no nacen”, en una proyección de medio siglo.

“Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas”, establece la dependencia.

Además, afirma que para decretar la reserva se realizó “un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca”.

La Conagua defendió este tipo de medidas, al afirmar que son recomendaciones de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, que persiguen el objetivo de preservar el agua.

“Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente”, insistió.

Ante esto, Mijangos Leal desestimó la información de Conagua, al aducir que en México no existen los cálculos de caudal ecológico para determinar estas proporciones.

Fuera Sinaloa de la supresión de vedas, pero ven riesgos

Aunque las cuencas hidrológicas que corresponden al estado de Sinaloa no resultan afectadas por dichos decretos, existen otros riesgos como parte de este modelo extractivo, en el que se incluye sobre todo la introducción del gas natural, y uno de ellos es la contaminación de los mantos freáticos.

“Para poder meter el gas natural necesitan hacer procesos de fractura hidráulica, donde a cada perforación le inyectan varios millones de metros cúbicos de agua que mezclan con químicos para poder romper el sustrato en lo subterráneo y poder liberar el gas”, abundó el Miguel Ángel Mijangos.

Esto es con la finalidad, acotó, de canalizar el gas a los diferentes frentes económicos vinculados a esta fuente de energía.

“Por supuesto que van a tener un problema”, apercibió el activista.

Por su parte, Conselva, Costas y Comunidades AC señaló que si bien los decretos no incluyen a las cuencas de Sinaloa, “sí pone un foco rojo sobre ellas al retirar la figura de vedas (que se supone protege a los ríos y agua subterránea de la sobreexplotación)”.

De manera adicional, enfatizó Mijangos, al menos el 30 por ciento del territorio sinaloense se encuentra concesionado a la minería.

Y esto significa, acotó, que habrá procesos acumulativos de contaminación por metales pesados que a lo largo de los años repercutirán en la salud humana, ya que estos elementos nocivos se absorben en los sedimentos, plantas y seres vivos que luego consumen las personas.

Desde Sinaloa, una problemática que ha advertido Voces Unidas por el Agua es que todos los ríos de esta entidad productora de alimentos nacen en la Sierra Madre Occidental, donde colinda con Chihuahua y Durango, estados en que la minería es una de las principales actividades económicas. De hecho, los derrames de jales mineros son un riesgo para los valles agrícolas y la producción de alimentos, señalan ambos organismos.

Esperanza Kazuga, consejera de Voces Unidas por el Agua, lamentó que una decisión tan trascendental se haya hecho efectiva por la vía del decreto, sin pasar por la discusión del Congreso de la Unión y el Senado.

“Como otras organizaciones del país, estamos en contra de la privatización del agua, porque hay evidencia de que las empresas que quieren aprovechar este recurso vital son en su mayoría extranjeras, que no generan en realidad los empleos ni la riqueza que prometen para los pueblos”, criticó.

Recordó que desde 2015, se ha intentado implantar una ley privatizadora con la intención de dar manga ancha a estas actividades extractivas y otorgarles mayores facultades jurídicas. Bajo su perspectiva, “esto sería en perjuicio de millones de mexicanos y para enriquecimiento de unos cuantos”.

CUENCAS AFECTADAS POR LA MEDIDA PRESIDENCIAL:

- Las de los ríos Papaloapan y Actopan-Antigua, que irrigan Puebla, Veracruz y Oaxaca.

- Ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche),

- Pánuco(Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León)

- Cuencas de Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca).

- Cuencas del San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León), Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas), Costa de Jalisco (Colima y Jalisco), y Ameca (Nayarit y Jalisco).