"Consejo Coordinador Empresarial critica entrega de notarías por parte de gobernadores"

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó que prevalezca el tráfico o reparto de notarías en los estados, como ocurrió en el caso de Baja California, donde el Gobernador Jaime Bonilla Valdez entregó una concesión a uno de sus amigos y padrinos políticos, el ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, además de su sobrino José Román Leyva Castro, y a Tirso Adolfo Liévano Hernández, director del Registro Público de la Propiedad estatal.

Entrevistado por el diario Reforma en Palacio Nacional, tras participar en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente consideró que se deben establecer mecanismos para transparentar la entrega de notarías, tal y como ocurre en otros países, donde cualquier ciudadano puede tener acceso, si gana los concursos abiertos.

“Conozco la experiencia de otros países donde las notarías son abiertas, cualquier persona puede ser notario siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Si tú vas a hacer tu examen, construyes tu capacidad, puede ser notario por concurso”, dijo Salazar Lomelín.

“Me ha tocado verlo y entonces esas son de las cosas a las que tenemos que evolucionar. Se sabe que las notarías, en el pasado, habían sido definitivamente una concesión […] La cosa es que siguen los estados, tenemos que ir poco a poco convenciendo a los gobernadores”, expresó el presidente del CCE.

Salazar Lomelín puso de ejemplo a los mandatarios locales la recién aprobada Ley de Confianza Ciudadana, como un mecanismo que permitirá dejar atrás los vicios que prevalecían en la relación entre los empresarios y el Gobierno.

“Creo que va a ser un ejemplo para todo el mundo de cómo volver otra vez a darle al ciudadano la confianza y cómo podemos realmente transitar por un país en el que nos confiemos unos a otros”, manifestó el presidente del CCE.

“Creo que son las leyes que definitivamente fomentan el ir terminando con eso”, respondió el líder empresarial a la pregunta de cómo finalizar con el reparto de notarías por parte de los gobernantes en turno.

El pasado 24 de febrero, Bonilla Valdez entregó seis notarías para abogados del municipio de Tijuana, de los cuales, al menos tres tendrían un conflicto de interés similar o aún más evidente que los cometidos por su antecesor Francisco Vega de Lamadrid.

Se trata del exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, padrino político de Bonilla Valdez, además de su sobrino José Román Leyva Castro, y finalmente Tirso Adolfo Liévano Hernández, director del Registro Público de la Propiedad de Baja California.

Quien se encargó fue el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, durante una toma de protesta que hizo pública a raíz de la difusión de un video en la página de la red social Facebook del funcionario estatal.

Previo al juramento de los nuevos notarios, Rodríguez Lozano justificó que se trata de personas preparadas cuyas posibilidades de aspirar a una notaría eran mínimas, porque no contaban con padrinos políticos ni allegados en el Gobierno, lo cual terminó, según lo aseguró con la llegada de Bonilla Valdez.

“Aquí hay una suerte de que hay dos amigos míos, a Tirso Liévano y José Román Leyva Castro, a quien conozco prácticamente desde que era niño. Pero aquí no hay favoritismos, no fueron designados notarios por mi relación, ni por la que pudieran tener con el gobernador, y mucho menos con la relación de José Román con el gobernador Xicoténcatl Leyva”, afirmó Rodríguez Lozano.

El secretario General de Gobierno recordó que e Leyva Mortera fue notario, pero al ser removido del cargo de gobernador en 1988 -por actos de corrupción en su mandato- tuvo que renunciar a su encargo, por lo que se trataba de un acto de justicia para el ex mandatario estatal.

Son ya tres integrantes de la familia Leyva que se quedan con notarías en un periodo de seis meses -y cuatro notarios en total-, ya que el gobernador Bonilla Valdez no canceló la otorgada a Luis Leyva Castro, por parte del pasado Gobierno, ello a pesar de haber acusado supuestos intereses corruptos detrás de las patentes otorgadas por “Kiko” Vega de Lamadrid.