"Demandas judiciales, un recurso de intimidación a periodistas: Daniel Elizondo"

CULIACÁN._ Las demandas judiciales realizadas por la vía civil en contra de periodistas se han convertido en un recurso de intimidación para censurar a comunicadores y medios que, con sus investigaciones, señalan actos de corrupción, reveló en el estudio Demandas Judiciales como Esquema de Intimidación y Censura Periodística en el Combate a la Corrupción, del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

“Lo que pretende (el estudio) es evidenciar una práctica jurídico-política que ha utilizado en México en los últimos años y se ha agudizado en la última década, de demandar jurídicamente a periodistas y medios de comunicación por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión”, explicó el investigador y autor del estudio, Daniel Elizondo.

Aunque de manera oficial no se cuente con un registro de la cantidad de juicios que se han entablado por funcionarios y empresarios en las últimas décadas por daño moral, donde el acusado resulta ser un periodista, en el estudio se logró sistematizar diferentes factores en común en los juicios.

“Hay una clara identificación de quién hace uso de esas acciones, y mayormente lo están haciendo funcionarios públicos al momento de sentirse incómodos por la actividad de investigación de un periodista o un medio de comunicación”, dijo Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. 

“Identificamos también los tipos de investigaciones, y son las que vinculan al funcionario con actos de corrupción o con grupos del crimen organizado”, agregó.

De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, México se ubicó en el lugar 143 de 180 en el índice de libertad de prensa 2020, explicó Elizondo.

“En México, cuando los periodistas investigan temas molestos para el Gobierno, es decir actos de corrupción, estos sufren amenazas e intimidaciones, yo agrego que incluso de carácter judicial”, comentó.

En la presentación, Daniel Elizondo destacó que para que un juicio por daño moral proceda debe de existir un límite que fue ignorado, violando la libertad de expresión y dañando la integridad de terceras personas.

“Para que se constituya como daño moral, la parte agraviada debe acudir ante la autoridad de impartición de justicia demandando el daño sufrido, por lo que la autoridad competente deberá someter la veracidad”, dijo.

“Para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas expresiones deben ser insultantes, insidiosas e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión”

CASOS

Dentro del estudio se desglosan casos específicos en donde funcionarios públicos o empresarios, demandaron a periodistas por publicaciones que presuntamente representaron un daño personal a los mismos, considerando dos casos pertenecientes a Sinaloa.

“Este capítulo trata sobre un ex gobernador de Sinaloa que expresa públicamente que pretende demandar a Iniciativa Sinaloa, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y al periódico Noroeste por la publicación de una investigación llamada Operación Desfalco, la cual evidencia actos de corrupción”, reveló Elizondo.

Además, se aborda la demanda que aún se mantiene en proceso que el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Hector Melesio Cuen Ojeda, interpuso en contra de la activista y columnista Teresa Guerra Ochoa.

PODER ECONÓMICO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Presidente del Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) y Director del Border Hub, Jorge Luis Sierra detectó que un factor que se repite comúnmente en este tipo de procesos judiciales es el nivel económico del demandante.

“Quisiera hacer evidente que los casos de intimidación jurídica a periodistas menciona diferentes orígenes: empresarios, ex gobernadores, y a un ex rector universitario”

“Esto quiere decir que quienes están haciendo estas demandas son personas con muy diverso origen, no son solamente funcionarios, pero lo que podría ser un común denominador son dos factores: la parte que agrede es una parte que tiene poder económico para sostener un juicio en los tribunales, y por el otro lado es que en la mayor parte de los casos los periodistas estaban investigando corrupción”, señaló.

RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones con las que concluye el estudio se localizan tres ejes: capacitación, prevención y legislación.

“Mantener en constante capacitación a sus juzgadores y a quien les toca conocer casos en materia civil de daño moral por libertad de expresión. Exhortar a grupos de sociedad civil que soliciten con las autoridades competentes el número de demandas por daño moral por medios de comunicación”

“Que se añada a la Ley que el juez, competente al conocer un caso, después de hacer la valoración pueda él decidir si se desecha la demanda por maliciosa”, finalizó Elizondo.