"'El Gobierno ha utilizado a la delincuencia organizada'"

Atilano Román sabía que podía morir por defender a los desplazados de la presa Picachos. Sabía que enfrentar a un gobierno, con todo el aparato de poder que ello representa, podía llevarle a perder su patrimonio, su libertad o la vida.

Lo sabía desde el momento en que decidió entrar en la lucha y convertirse en “una pared” para los proyectos de un supuesto desarrollo económico.

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“Una pared” para los negocios de un grupo de políticos y empresarios, ligados al Gobierno del Estado de Sinaloa, acostumbrados a no tolerar ninguna oposición.

“Una pared” para impedir sus planes: despojar a 800 familias de sus tierras, de sus pueblos, de su historia, darles en consolación un terreno baldío para sobrevivir en la miseria.

Todo a cambio de la promesa de desarrollo de la región sur de Sinaloa, el suministro de agua para la ciudad de Mazatlán por los próximos 50 años, la irrigación de 22 mil 500 hectáreas para detonar la agricultura.

La historia mil veces repetida en el discurso oficial. Pero en el correlato oculto: el enriquecimiento de unos cuantos a través de la corrupción y del aprovechamiento indebido de los recursos generados por la presa Picachos.

En un principio el proyecto hidráulico se generó durante la administración del priista Jesús Aguilar Padilla, en la cual se ordenaron las primeras acciones contra el movimiento, como aquella de julio de 2009 para retirar a los comuneros del plantón de la cortina.

Pero sería durante el Gobierno de Mario López Valdez, quien llegó al poder a través de una coalición opositora, cuando las amenazas subieron de grado y la violencia contra el movimiento se intensificó.

Estas fueron las revelaciones de Octavio Atilano Román Tirado, el líder de los comuneros desplazados oriundo de la comunidad de San Marcos, 2 años antes de que un par de hombres armados hicieran realidad el más oscuro de sus temores.

En una entrevista inédita, que se realizó originalmente para un estudio académico, habló de los peligros de ser un defensor de los derechos sociales en Sinaloa, de cómo el Gobierno estatal, entonces encabezado por López Valdez y su Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, buscó que el narcotráfico lo asesinara con tal de apagar el movimiento y del secuestro del que fue víctima días antes de la última marcha de los “Picachos” por la autopista Mazatlán-Culiacán, emprendida el 30 de marzo de 2012, hecho que consideró una intimidación por su labor como activista.

Para esa fecha ya había sido objeto de varias amenazas y dos detenciones.

Del presentimiento a los hechos

Era el mes de junio de 2012. Atilano se encontraba en el puerto de Mazatlán, la ciudad más cercana a los pueblos desplazados, cerca de una hora de San Marcos. Caminaba por los pasillos de la estación de radio donde conducía el programa Así Es Mi Tierra, con el que buscaba reforzar la identidad de las comunidades rurales, de las que decía siempre han estado en el abandono.

Sin sospecharlo, se hallaba a unos pasos de donde, el 11 de octubre de 2014, llegaría un par de hombres para asesinarlo a quemarropa.

Dos balazos. Uno en el rostro. La muerte, al llegar al hospital.

Afuera de la cabina de transmisión, accedió a una entrevista cuyos datos ayudarían a la elaboración de una tesis de maestría. El registro de esa conversación es hoy rescatado por Noroeste debido a su interés periodístico y a la vigencia de los señalamientos allí externados.

Su voz era pausada y reflejaba tranquilidad, pero al ser cuestionado sobre sus motivos para encabezar las movilizaciones de los desplazados, no pudo evitar hablar de los riesgos que ha enfrentado por esa decisión, situaciones que varias veces pusieron en peligro su vida, como cuando funcionarios de Gobierno del Estado buscaron que el crimen organizado le quitara la vida.

En esos momentos, los pueblos eran azotados por la guerra del narcotráfico que se padecía en todo el país, pero en la zona rural de Sinaloa tuvo uno de sus episodios críticos.

De acuerdo con su versión, el Gobierno estatal estuvo detrás de una serie de crímenes y desapariciones forzadas alrededor del movimiento y de los pueblos desterrados por la presa, lo que vio como el costo de la irreverencia, cobrado a través de diferentes hechos violentos ocurridos entre 2010 y 2012. Pero las amenazas se hicieron directas hacia su persona y su familia.

“Ahorita tenemos alrededor de cuarenta personas desaparecidas y asesinadas de los pueblos, definitivamente la mano de Gobierno ha estado ahí”, reveló.

“En mi caso, el día 3 de diciembre del 2010, precisamente 'levantan' a un sobrino mío… En esos mismos días secuestran a un sobrino mío en La Puerta de San Marcos… Han sido actos muy directos, lo vuelvo a repetir, yo creo que aquí es la convicción, es la fuerza de decir: me consta y quiero que se haga justicia, lo que me hace seguir con mucha fortaleza”.

Pariente lejano de “Poncho” Tirado, aquel Alcalde mazatleco asesinado en 1938 para tumbarlo en su carrera a la Gubernatura, Atilano recurría a la historia de lucha social y política en sus antepasados, como una manera de explicarse su continuidad en el movimiento de protesta. Pero temía dejar sola a su familia.

“Soy una persona que tiene su propia familia. Tengo una hija de 7 años, es difícil estar pensando que puedes perder la vida y dejar un hijo de 7 años, pero pones en una balanza, y dices también aquellos son mi familia, también aquellos son mis hijos y me duele, me duele toda el alma y el cuerpo que los pisoteen”, expresó.

De esa manera se expresaba Román Tirado, quien además de ganar lealtades, siempre se vio envuelto en la controversia.

Sus detractores solían referirse a un supuesto fraude cometido por él, siendo funcionario de un banco años atrás; y además, lo acusaban de haberse enriquecido del movimiento, aunque Atilano justificara su patrimonio a través de la herencia de su familia y de su trabajo.

Los atentados en su contra los entendía como parte de una lucha oculta donde lo que estaba en juego era la riqueza económica que detonaría la presa Picachos, pero también a una comunicación constante entre el gobierno y el crimen organizado.

“En el caso de tu servidor he pasado por situaciones muy difíciles para defender a la gente, situaciones que en ocasiones me han puesto en riesgo la vida, y yo por lo menos he estado en tres riesgos muy fuertes de perder la vida por maquinaciones del mismo gobierno; definitivamente he sido una pared de protección para los afectados de la presa, una pared en el sentido de que [impedir] que el mismo gobierno les arrebate el patrimonio sin haberles cumplido las promesas”, compartió. Hace una pausa y continúa.

“Hace aproximadamente 5 años que el gobierno ha utilizado a la delincuencia organizada, y eso que el mismo gobierno me lo ha reconocido, o sea, hay una comunicación permanente entre gobierno y delincuencia organizada, a mí me ha tocado vivir esa comunicación… La delincuencia organizada, por intrigas del mismo gobierno, nos ha querido arrebatar la vida a los principales líderes de los pobladores, diciendo que los líderes estábamos pidiendo la intervención del Ejército en contra de la delincuencia organizada. Bendito sea Dios, siempre en ese tipo de gente, siempre hay... Investigaron antes, y se dan cuenta que estaban siendo engañados por el gobierno con el fin de perjudicarnos”.

En otra ocasión vio la muerte más cerca. El 23 de septiembre de 2010 recibió una misteriosa llamada: “Retírate del lugar donde estás porque van por ti. Van a levantarte”, le advirtieron.

Se encontraba en un evento público. Hizo caso de la advertencia. Después comprobó que no era infundada. Ya unos días antes, personas allegadas le informaron que un funcionario del Gobierno del Estado, a quien se le ha vinculado fuertemente con el crimen organizado, había dado la orden de acabar con él.

“Curiosamente se abre una investigación por parte de tu servidor con gente de confianza, y efectivamente, a solicitud del funcionario de Gobierno del Estado, la delincuencia organizada me iba a perjudicar, bendito sea Dios se aclara, se dan cuenta que les estaban mintiendo que sólo era con el propósito de quitar del medio a tu servidor”, aseguró Atilano Román sin decir abiertamente los nombres del funcionario implicado, aunque en todo momento afirmó que el entonces Gobernador, Mario López Valdez, validaba tales acciones.

“Ha sido una lucha muy difícil, una lucha de mucho valor por parte de los afectados y de tu servidor, porque el gobierno es tan maquiavélico… Es tan puerco como no tienes idea, y en esto incluyo obviamente al mismo Gobernador Mario López Valdez, que ellos entran en funciones como servidores públicos y creen que ya son dueños de todo, cuando su principal fortaleza debe de ser el cumplimiento de la ley, ahorita lo que menos tenemos es que ellos quieran cumplir la Ley”, arremetió el activista.

El tercer aviso, a unos días de la gran marcha

La tercera advertencia llegó unos días antes de la caminata de los comuneros por la carretera Mazatlán-Culiacán, donde por primera vez bloquearon tanto la autopista de peaje como la vía libre en protesta por los pagos pendientes y por la falta de acciones de gobierno para restituir la economía de los pueblos. La idea era presionar a Mario López Valdez para que cumpliera con “Los Picachos” sus compromisos de campaña, que aún seguían sin concretarse.

Entre el 18 y el 19 de marzo de 2012, Atilano Román fue privado ilegalmente de su libertad. Un hecho que no había dado a conocer a la opinión pública. Sucedió en Mazatlán por la avenida La Marina, afuera de un negocio con venta de refacciones y motobombas. De ahí fue secuestrado en una camioneta.

“Curiosamente, de ahí fui 'levantado', lo único que me quitaron… Me tuvieron alrededor de 15, 20 minutos… Lo único que me quitaron fue el celular, 11 días antes de la manifestación. ¿Acto intimidatorio? No me cabe la menor duda”, relató entonces.

Al verificar en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de una solicitud de información, Noroeste encontró que el líder de los desplazados interpuso una denuncia penal por privación ilegal de la libertad el 21 de diciembre de 2013. Sin embargo, por las reservas de ley, no se informó contra quién o quiénes, ni se dieron a conocer los avances de las investigaciones.

La muerte no avisa

La mañana del 11 de octubre de 2014, Atilano Román no recibió ninguna advertencia. Ese día llegó a la estación de radio donde trasmitía el programa Así Es Mi Tierra de la estación Fiesta Mexicana, un espacio pagado por él mismo para difundir las acciones de los desplazados y hablar de los problemas de las comunidades.

Se encontraba con su esposa e hija.

Medios locales narraron la noticia. El micrófono estaba abierto. Los balazos se escucharon al aire. Desde el espectro radial, cientos de personas fueron testigos del crimen.

Al principio se decía que eran cuatro, después dos hombres, que sin dificultad entraron a las instalaciones, que compartía la radio con un periódico local. Le dispararon a quemarropa. Dos impactos en la cabeza, uno en el rostro.

Tras la conmoción fue trasladado a un hospital privado, donde poco antes del mediodía se despidió para siempre de sus desplazados y de su familia. Tenía 47 años de edad.

Después las declaraciones de siempre: “no habrá impunidad”, “se investigará hasta las últimas consecuencias”. Dos meses más tarde, López Valdez anunció que tenía identificados a los asesinos. Lo siguió diciendo meses después: pronto serían detenidos. Al final: otro crimen impune, que se suma a la larga oleada de ataques y asesinatos de activistas sociales en Sinaloa y en todo el país.

Presa Picachos: la historia de una lucha

La construcción de la presa Picachos fue inaugurada en 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón.

Emplazada entre Mazatlán y Concordia en el sur de Sinaloa, la obra inundó bajo sus aguas seis comunidades: San Marcos, Puerta de San Marcos, Los Copales, El Placer, Las Iguanas y Casas Viejas, afectando a otras localizadas en las inmediaciones.

Al terminar de construirse la cortina de la presa en 2009, los comuneros y pobladores iniciaron movilizaciones de protesta por la falta de compensaciones justas y por la ilegalidad de la obra, al no contar con el decreto expropiatorio que marca la Ley Agraria.

Según los líderes del movimiento más de 800 familias resultaron afectadas. Bajo las presiones se les construyeron nuevos pueblos, que no restituyen el estilo de vida de los desplazados.

Muchos migraron hacia otras ciudades, incluyendo el puerto de Mazatlán.

Con el asesinato de su líder, Atilano Román, el movimiento perdió fuerza. Los actuales líderes enfocan sus esfuerzos en las cooperativas que formaron para aprovechar el embalse de la presa para la pesca y el turismo.

Activistas asesinados en el malovismo

Al menos tres activistas fueron asesinados durante la ‘era’ malovista.

Sandra Luz Hernández
Causa: Madre de hijo desaparecido.

Fecha: 12 de mayo de 2014
Municipio: Culiacán

Ramón Corrales Vega
Causa: Incumplimiento de pago y servicios por parte de la empresa minera Paradox Global Resources a favor de campesinos de la comunidad Cajón de Cancio, en Choix.

Fecha: 22 de mayo de 2014.
Municipio: Choix

Octavio Atilano Román Tirado
Causa: Líder de los comuneros desplazados por la Presa Picachos.

Fecha: 11 de octubre de 2014.
Municipio: Mazatlán

Fuente: Archivos Noroeste