"El Poder Judicial de Sinaloa y el Congreso del Estado manejan recursos públicos sin contar con RFC"

En Sinaloa, el Poder Judicial y el Congreso del Estado no han tenido de qué preocuparse por justificar o transparentar el gasto que realizan, pues no cuentan con el Registro Federal de Contribuyentes.

Y ambos poderes han manejado en los últimos cinco años miles de millones de pesos de presupuesto.

Una investigación de Redes Quinto Poder menciona que el Poder Judicial de los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí manejaron en los últimos cinco años 31 mil 087 mil millones de pesos de presupuesto.

Y por su parte, en ese mismo período, los Congresos locales del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, manejaron un presupuesto de 21 mil 797 millones pesos.

Dicha cantidad de dinero, señala la investigación, no puede ser rastreada con precisión por los ciudadanos, ni por las mismas auditorías estatales, pues ninguno cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio.

Es decir, el órgano encargado de impartir justicia y los legislativos en dichos estados no tiene que preocuparse por justificar o transparentar sus gastos.

Los 10 organismos mencionados están incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal que obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen o los ingresos que perciban y también solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Entre los obligados están dependencias, unidades administrativas, órganos administrativos descentrados y otras áreas de la Federación, entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y órganos autónomos.

Bastaría con que los Congresos y Poder Judicial locales completen la ficha 46CFF, un formulario especial para dependencias y órganos descentralizados. Posteriormente sólo se les pide ir en un plazo no mayor a 10 días a la oficina del SAT para concluir con el trámite.

Sin embargo, la omisión en la que han incurrido fue constatado por Redes Quinto Poder mediante 79 solicitudes de acceso a la información enviadas de marzo a junio a los Poderes Judiciales y Congresos locales.

Con algunos organismos la petición de información se tuvo que hacer dos veces porque los sujetos obligados dieron respuestas incompletas.

Redes Quinto Poder señala que esto va más allá de la inscripción de los entes gubernamentales, por dos puntos: ¿por qué el SAT es exigente con los ciudadanos y laxo con los organismos mencionados? Y ¿cómo se podrá hacer un seguimiento minucioso de los gastos del Poder Judicial y Legislativo en los estados?

Sobre el primer punto es inaceptable que un ciudadano, empresa u organización civil declare ante el SAT con facturas de terceros pues estaría violando la Ley.

Pero es lo que justamente hacen los organismos de cinco estados al facturar como si fueran el Gobierno estatal.

El otro punto es que el principio “Follow the Money”, que refiere a seguir la ruta del dinero público, no es aplicable en dos estructuras importantes de impartición de justicia y de representación ciudadana: el Poder Judicial y los Congresos locales.

Poder Judicial aplica y viola la Ley

En el Poder Judicial de Baja California hubo irregularidades detectadas por las auditorías como la falta de elaboración de recibos oficiales por al menos cinco millones de pesos y 305 mil pesos que el magistrado Carlos Cataño se autoadjudicó.

El Auditor Superior de Fiscalización de Baja California, Carlos Padilla pidió al PJE tramitar un RFC propio y no usar el del Ejecutivo. Además advirtió al órgano que estaba incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y con obligaciones fiscales marcadas en el artículo 86 del Impuesto Sobre la Renta. Un último apunte que se le hizo al ente judicial fue que era necesario tener un RFC para reforzar sus controles internos.

La misma observación hizo la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la misma Tesorería General de Nuevo León le consultó sobre las obligaciones de organismos autónomos a inscribirse ante RFC.

Entre estos organismos estaba el Poder Judicial de Nuevo León, el cual tuvo un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos en los últimos cinco años. De los cinco poderes judiciales cuestionados, el de Nuevo León es el que más presupuesto tiene, hasta duplica el ingreso del de Baja California, Sonora y San Luis Potosí.

Las consecuencias de no concretar la inscripción al RFC van desde la falta de transparencia, hasta sanciones administrativas por parte de un órgano fiscalizador que detecte irregularidades no subsanadas, explicaron especialistas, pues auditores se enfrentan a que cuando revisan a dichos órganos y se le pide comprobar cada pago, los entes dicen no tener facturas porque no están su nombre.

La auditoría resulta más compleja ya que se tienen que remitir con quienes aparezcan en la factura, que en este caso son los Gobiernos estatales.

Aquí es donde la información tiende a ser opaca o perderse, pues los administraciones estatales pueden no tener contemplado este pago en sus registros.

La ruta debe de ser que los documentos de quien ejerce estén a su nombre, con su parte administrativa y así se pueda documentar en caso de una solicitud de transparencia, detallan especialistas.

Congresos locales: la opacidad y discrecionalidad

Los diputados son los representantes de los ciudadanos, pero con privilegios. No sólo por salarios, vacaciones y bonos, también por los beneficios fiscales que tienen al laborar para el Congreso local.

Redes Quinto Poder evidenció que los Congresos del Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí registran sus gastos y facturas con el RFC del Gobierno estatal.

Además de la desigualdad fiscal mencionada y la dificultad para rastrear los recursos, también los Congresos podrían omitir hacer el Impuesto Sobre la Renta.

Especialistas fiscales comentan que los organismos sin registro fiscal podrían omitir el ISR o no hacer la transferencia a la autoridad tributaria.

Quien no tenga un registro puede descontar al trabajador y probablemente no hacer el pago al SAT.

También podría estar haciendo la transferencia del ISR al Gobierno central, de quien usan su RFC.

Acceso a la información

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información tiene más de cuatro años en función. Se cuenta con una Plataforma Nacional de Transparencia recién renovada.

México ocupa el segundo sitio en acceso a la información por el avance en sus leyes en dicha materia, según el Global Right to Information Rating.

Pero esta queda sólo en papel, pues pedir el RFC del Congreso local y Poder Judicial de las 32 entidades implica armarse de paciencia porque los sujetos obligados no cumplen con los requisitos básicos de transparencia.

DESIGUALDAD FISCAL: Congresos y Poder Judicial sin RFC