"En Sinaloa, nueva ley de desplazados obligará a gobiernos a dar de comer, vestir y hasta alojar a las víctimas"
CULIACÁN._ La nueva Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno por la violencia en nuestro estado obligará al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos a dar más que despensas a las víctimas.
Ahora, elevado al grado de ley, la reacción de las autoridades tendrá que ser inmediata y brindar hasta lugares de alojamiento digno para las víctimas cuando se traten de hechos violentos que afecten a más de 10 familias.
La ley fue publicada el viernes en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, primera después de casi dos décadas que el problema de desplazamiento forzado interno por violencia se agravó en Sinaloa.
El documento, que consta de 50 artículos y otros transitorios más, detalla las acciones que los gobiernos deberán realizar para la atención de las víctimas.
Tiene Estado acuerdo con los desplazados
Según el artículo 13, el Gobierno del Estado, con la concurrencia de los Ayuntamientos, al conocer situaciones de desplazamiento interno, de inmediato brindarán a las personas desplazadas, “de manera enunciativa y mínima”, medidas de asistencia como alimentos y agua potable, alojamiento, ropa y servicios médicos, medicamentos y tratamientos.
También precisa que serán las Secretaría General de Gobierno la que tendrá que elaborar un plan de seguridad y responsabilizarse de la protección de los bienes y propiedades de los desplazados y que la Fiscalía General del Estado deberá hacerse cargo de buscar a los responsables.
La protección contra la privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de propiedades o posesiones, individual o colectiva, de las personas desplazadas, incluirá la intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado para brindar la asistencia legal que garantice el derecho de las personas desplazadas a la compensación de sus derechos vulnerados”, dice el artículo 24 de la ley.
“La Fiscalía General del Estado emprenderá de oficio en todo caso, las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento, mismas de las que informará de manera permanente a las personas desplazadas”.
La ley también prevé la creación de una comisión intersecretarial, el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, un fondo especial y un registro estatal de las víctimas.