"Fiscalía General del Estado reserva por 5 años la información sobre caso Tiburonario"

La justificación es no interferir en el proceso penal, por eso, la Fiscalía General del Estado ha reservado por cinco años la versión pública de la investigación por el colapso del Tiburonario de Mazatlán. La “reseña” del caso ha quedado sellada hasta 2023, al mismo tiempo, los constructores que participaron en esta obra civil luchan por conseguir amparos para no ser detenidos.

La investigación por el colapso se abrió en abril de 2017, el Giobierno muncipal levantó la denuncia penal.

La obra es una de las más polémicas en el Estado por una cadena de irregularidades que involucró a funcionarios públicos, ex alcaldes, y empresarios. Un reportaje de Inndaga, Unidad de Investigación de Noroeste, reveló que fueron 30 personas las que participaron en esa cadena.

La obra la comenzó el arquitecto Omar Osuna Osuna en 2010, él ganó cuatro de cinco licitaciones. En 2016 la última etapa quedó en manos de un grupo de constructores representados por Antonio Becerra González. El presupuesto inicial era poco más de 30 millones de pesos y terminó en más del doble.

Hoy el caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción General del Estado, incluso hay dos detenidos: Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el sexenio de Mario López Valdez; y Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos en Obras Públicas.

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Información: reservada

Vía Acceso a la Información, Noroeste solicitó a la Fiscalía General del Estado, la versión pública de este caso, del status que guarda en lo general. Sin embargo, la dependencia reservó la información por un periodo de cinco años, es decir, no habrá acceso a mayores datos, hasta 2023, al menos los ciudadanos no tendrán esa versión pública.

“Se trata de una investigación iniciada con motivo de hechos relacionados con delitos del orden común, las cuales actualmente se encuentran relacionada en una causa penal radicada ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado, para lo cual, el área responsable solicitó al Comité de Transparencia, se clasifique como reservada la información que comprende”, así se indica en el documento con folio 01369418.

Y agrega que revelar la información representa una vulnerabilidad al proceso; y que tal reserva será por un periodo de 5 años.

“Contiene información que al divulgarse, puede llegar a vulnerar el procedimiento, tendiente al dictado de una resolución definitiva”, precisa.

La versión pública reservada implica cuántos funcionarios, trabajadores, y ex trabajadores del Acuario de Mazatlán se han presentado a declarar; la cantidad de peritajes internos hechos para conocer las causas del colapso. También se ha reservado identidad de los ex alcaldes que han sido citados a declarar.

Lo único que reveló la Fiscalía es que avanza en los tiempos legales.

El cardumen que colapsó el tiburonario

Se aferran al amparo

Los dos únicos constructores que intervinieron en la obra civil del Tiburonario y que firmaron los contratos de la obra pública son Omar Osuna Osuna y Antonio Becerra González, éste último en representación de otros constructores que ganaron la licitación asociados.

Ambos tramitaron el recurso de amparo contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y contra la jueza de Primera Instancia de Control del Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado, la que lleva su caso. Los amparos los tramitaron el pasado 6 de noviembre en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Mazatlán.

Osuna Osuna mantiene el recurso en el expediente 789/2018. Él tramitó dos amparos, uno a su nombre, y el segundo a su nombre con el agregado “y otros”, en referencia a los que habrían participado en la obra. El pasado 14 de noviembre presentó los informes solicitados por el juez para continuar con el trámite.

El amparo se admitió, pero está en proceso; no se ha otorgado.

La misma situación enfrenta Antonio Becerra González, quien también ha tramitado dos amparos, en el mismo juzgado. Lo promovió el pasado 7 de noviembre donde se admitió su demanda; y el miércoles pasado presentó los información de justificación solicitados por la autoridad federal.

Ambos continúan en la lucha por ampararse contra acciones judiciales derivados de la investigación por el colapso del tiburonario.

Y ambos están a la espera de lograr el documento legal que evite acciones legales inmediatas en su contra.