"Golpe a Gobernador y al Congreso: Lucila Ayala le gana partida a Quirino"

CULIACÁN._ Lucila Ayala de Moreschi ganó un amparo ante la justicia federal, con el cual se ordena la restitución del cargo como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.

La abogada confirmó a Noroeste el fallo que se dio a su favor, luego de dos años de lucha jurídica por que se le reconocieran sus derechos.

Explicó que al no haberle permitido la ratificación en el cargo se le violentaron todos sus derechos, e incluso, se ejerció violencia política en su contra.

Este conflicto inició en abril de 2017, cuando el Gobernador Quirino Ordaz Coppel envió al Congreso del Estado una terna, para sustituir a Ayala de Moreschi.

“En abril 6 de 2017 yo promoví un amparo y la protección de la justicia federal porque el Gobernador constitucional del Estado usurpó funciones de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa”, detalló.

Ordaz Coppel, aseveró, envió una terna para sustituirla, sin tener facultades legales para ello.

“El artículo 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa establece un procedimiento que tenemos derecho los magistrados de ratificación, el cual yo promoví desde el 6 de enero de 2017. Y el Congreso del Estado nunca me contestó en un sentido u otro”, acusó.

El Congreso del Estado, dirigido entonces por la priista Irma Tirado Sandoval, expuso, debió haber emitido un dictamen sobre esta petición de ratificación, lo cual no hizo.

“Y no hicieron nada de este procedimiento, por lo cual estaban violentando los artículos 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa y resolvieron, votaron por los candidatos que el Ejecutivo propuso sin estar facultados para ello”, insistió.

Este caso originó un conflicto jurídico-político de Ayala de Moreschi con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El 24 de marzo de 2018, en entrevista con Noroeste, la ya ex magistrada del entonces llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo acusó al Secretario General de Gobierno de violencia política.

Reveló incluso que Gonzalo Gómez Flores, el segundo mando de poder de la administración estatal, “la amenazó”.

El amparo promovido fue en contra de la designación del magistrado Héctor Torres Ulloa, hasta este día presidente del TJA.

"¿Qué violaciones hay ahí?, todas, violaciones de los derechos humanos, violencia de género, violencia política, violencia jurisdiccional y todo tipo de violencia y discriminación en contra de una mujer magistrada", indicó.

Y responsabilizó en primera instancia al Gobernador, por esta agresión a todos sus derechos, y en segunda instancia, al Congreso.

El Tribunal Colegiado de Mazatlán resolvió a su favor, aseguró hoy a Noroeste.

--¿Qué alcances tiene esta sentencia?” —se le cuestionó.

--En primer lugar, indicó, se ordena su restitución en el cargo de magistrada. Y ello implica mover de su posición al magistrado que fue nombrado para sustituirla, el cual no quiso mencionar para “no herir susceptibilidades”.

Aunque se trata de Torres Ulloa.

Una tercera implicación de la sentencia es que se ordena la restitución de su sueldo, durante los dos últimos años, a partir de que se le negó el derecho de ratificación.

A esta sentencia deberá dársele cumplimiento obligatorio, por ser un mandato del Poder Judicial federal.