"Iniciativa Sinaloa expone modus operandi del Ejecutivo estatal para dar contratos de salud por adjudicación directa"

CULIACÁN._ En el periodo del 2011 al 2017, fueron 60 contratos los que se adjudicaron directamente a empresas sin que así debieran hacerlo, 45 de ellos durante la administración de Mario López Valdez en un equivalente a 672 millones de pesos, mientras que en el primer año de Quirino Ordaz Coppel fueron 15 contratos, que suman 283 millones de pesos.

La investigación realizada por Marlene León Fontes, de Iniciativa Sinaloa, expuso que después de solicitar vía plataformas de acceso a la información todos los contratos en ese periodo de Servicios de Salud Sinaloa, proceso que llevó alrededor de tres años con diversas solicitudes, de esos contratos, detalló, el 59 por ciento de los contratos fueron adjudicaciones directas, 31 por ciento fueron por licitaciones públicas y 10 por ciento invitaciones restringidas.

“Fueron 60 contratos durante esos dos periodos que debieron de darse por licitación pública y no por adjudicación directa, una vez que teníamos identificados esos 60 contratos, lo que se hizo fue identificar esos documentos que fundaran y motivaran la excepción a la licitación pública y las investigaciones de mercado, con la intención de verificar si estos 60 procesos de los contratos se dieron de manera legal”, explicó la investigadora.

León Fontes encontró que estos 60 contratos que debieron licitarse públicamente, forman parte de un total que surgió del 2011 al 2017, periodo en que Servicios de Salud de Sinaloa otorgó 495 contratos por adjudicación directa, por lo que consideró que consideró que la excepción fue la regla, en el sentido que es una práctica no sana.

Malova

De los contratos por adjudicación directa, 45 se celebraron en la administración de Mario López Valdez, por un monto total de 672 millones de pesos.

“Nosotros hicimos una solicitud a los Servicios de Salud de Sinaloa solicitando estos escritos que fundamentaran y motivaran la necesidad de no optar por una licitación pública, la respuesta fue que hay inexistencia de estos documentos, declararon por unanimidad que estos contratos no tenían estos escritos que marca la ley”, abundó la joven de Iniciativa Sinaloa como un primer hallazgo de la investigación.

Cotejando la información, descubrió que en realidad cinco de los 45 contratos si contaban con esa información, sin embargo, la mayoría que son 40 de ellos, no tiene nada, mientras que cuatro si cuentan con la justificación para exceptuar la licitación pública y el estudio de mercado, por último un contrato mostró solo el escrito para que no hubiera licitación pública, pero no el estudio de mercado.

“El 91 por ciento sin justificación y sin estudio de mercado y 9 por ciento justificados y con estudio de mercado”, enfatizó respecto a los contratos que a la administración pasada conciernen, que fueron entregados sin licitación.

Ordaz Coppel

En cuanto a la administración actual en la que solo en el primer año 15 contratos se adjudicaron directamente, equivalentes a 283 millones 60 mil pesos que debieron ser licitados, el 13 por ciento fue por que se declararon desiertos y el 87 por ciento justificando y con estudio de mercado, además de que en 8 contratos encontraron deficiencias.

“Ejemplo de estas deficiencias que encontramos en las investigaciones de mercado fue que, por ejemplo, para dos contratos presentaban dos mismas cotizaciones de un solo proveedor como investigación de mercado, cuando debería ser un documento especial para cada contrato”, explicó.

Misma situación que se presentó en otros dos contratos, mientras que también se presentaron contratos con documentación errónea o desfasada.

Mientras que las declaradas desiertas, que fueron dos, tuvieron irregularidades de las que Servicios de Salud de Sinaloa tuvo noción, pero al ser las únicas empresas participantes se les entregó el contrato, como es el caso de Infra SA de CV, que presentó licitación para suministro de gases medicinales, su propuesta fue de 24 millones 620 mil 151 pesos, rebasando el techo presupuestal de los 24 millones 149 mil 771 pesos otorgados para la licitación.

También está la empresa Cometa Mercantil SA de CV, a la que detectaron sobreprecio en 183 claves ofertadas, por lo que se le rechazó, pero al ser la única empresa, al haberse declarado desierto el proceso, se le entregó contrato por adjudicación directa.

Denuncia

Marlene León Fontes declaró que esta semana se van a presentar denuncias para que se investiguen estas adjudicaciones directas, se acudirá a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como a la Fiscalía Anticorrupción, También se entregará la investigación a integrantes del Congreso del Estado y al Sistema Estatal Anticorrupción, a quienes hacen un llamado para que acompañen la información que se les hará llegar.

“El día de mañana vamos a presentar denuncias tanto a la Fiscalía Anticorrupción, así como a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que investiguen con los elementos que ya tenemos y que estamos aquí mostrando para que se investiguen, tanto por la vía penal, como administrativa”, comentó León Fontes.

Recomendaciones

Luego de realizar la investigación, se realizaron unas recomendaciones para prevenir y para sancionar estos actos de opacidad y corrupción.

Desde la prevención se propone:

Reducir las excepciones a la licitación pública desde la legislación.

Disminuir los contratos otorgados por adjudicación directa.

Fortalecer la figura del testigo social en la Ley de Adquisiciones, particularmente en las adjudicaciones directas y en los procesos declarados desiertos.

Transparentar los procesos de compra a través de plataformas digitales, como Compranet.

Fortalecer y aumentar desde la legislación el número de los supuestos por los que una empresa puede ser inhabilitada para participar en futuras licitaciones, por ejemplo integrar la colusión, las prácticas monopólicas y la presentación de propuestas con sobreprecio.

Desde la sanción se propone:

Investigar y sancionar conforme a derecho a los servidores públicos involucrados en cada uno de los casos aquí expuestos.

Investigar y sancionar conforme a la normatividad aplicable a los particulares que hayan participado en irregularidades cometidas a través de los contratos aquí expuestos.