"La duda es si la justicia resistirá a Salvador Cienfuegos en un País con un Ejército tan poderoso"

MÉXICO._ El regreso a territorio nacional del General Salvador Cienfuegos Zepeda es sorpresivo y extraordinario.

Se da en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, en que la integridad de las Fuerzas Armadas mexicanas está siendo cuestionada, y en que no se sabe si hay pruebas suficientes para acusar al General por narcotráfico, o si existen condiciones suficientes de procuración de justicia en el país, de acuerdo con especialistas consultados.

El arresto de Cienfuegos en Los Ángeles el 15 de octubre sacudió la relación entre México y Estados Unidos puesto que, después de ser revelado que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense tenía vigilado al General las 24 horas del día en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno mexicano, éste último consideró que hubo una violación a la soberanía nacional y una falta de cooperación en materia de seguridad binacional. Así lo dieron a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

“Queda por ver si México tiene o no la capacidad para llevar a cabo tal enjuiciamiento. Las tasas de impunidad son extraordinariamente altas incluso para los delitos comunes: más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver en todo el País. Es probable que sea difícil enfrentarse a un General de alto rango con enormes recursos y apoyo en un País con un estado de derecho tan frágil. Las autoridades mexicanas han echado a perder varias investigaciones contra los líderes de los carteles de la droga, incluidas algunas en las que los investigadores estadounidenses finalmente se hicieron cargo y presentaron cargos en los Estados Unidos”, dijo The New York Times en una nota publicada la noche del martes, después de que se diera a conocer la decisión. La firman Michael S. Schmidt, Natalie Kitroeff, Azam Ahmed, Oscar Lopez y Alan Feuer.

Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, dijo a The Associated Press que el anuncio es “desalentador” y “decepcionante”, y consideró que habrá pocas probabilidades de que el general sea procesado en México, un país en la que más del 90 por ciento de los delitos no llegan a ser juzgados. “López Obrador ha estado muy subordinado a Donald Trump en asuntos de inmigración y ha dudado en felicitar a Joe Biden”, dijo Vigil. “Esto no es más que un regalo, un enorme regalo” de Trump, añadió.

De acuerdo con la periodista Dolia Estévez, el principal factor detrás de la decisión del Gobierno estadounidense de retirar los cargos en contra del General Cienfuegos fue la presión diplomática con el Gobierno mexicano. Sin embargo, no descartó que otros factores –como el clima político estadounidense o las consecuencias de juzgar a un alto mando militar mexicano en el extranjero– abonaran a la decisión.

“No es lo mismo defender a un civil, aunque haya sido Secretario de Estado, estoy hablando de Genaro García Luna, a detener a un General de cuatro estrellas que además fue Secretario de la Defensa Nacional”, explicó Estévez a SinEmbargo.

La periodista dijo en ese sentido que “la acusación contra el General en realidad es una acusación contra todo el Ejército mexicano”, ya que “pone en el banquillo de los acusados en Estados Unidos y en una corte estadounidense a todas las Fuerzas Armadas, que por un lado es una de las instituciones de la que más depende y en la que más se basa el Gobierno de López Obrador”.

Si a este elemento se suma el descontento del Gobierno mexicano con el de Estados Unidos por la secrecía y la falta de cooperación en el proceso de investigación y detención, añadió Estévez, se entiende que las autoridades estadounidenses vieran una situación demasiado costosa en términos de la relación bilateral y de cooperación en materia de seguridad.

Para Estévez, el hecho de que el Gobierno mexicano estuviera molesto y pusiera sobre la mesa la posibilidad de poner bajo revisión toda la cooperación de seguridad nacional pudo haber causado que las autoridades estadounidenses –entre ellos el Fiscal General de Estados Unidos William P. Barr– tomaran la decisión de ceder el caso. En palabras de la periodista, “se asustaron de que pudieran reducir el número de los agentes de la DEA y una serie de otras propuestas”.

En un texto publicado en éste medio digital, Estévez recuerda que “la sorpresiva detención de Cienfuegos Zepeda pone en entredicho la presunta relación de confianza y amistad con el gobierno de Trump que ostenta López Obrador” y que, asimismo, “se desconoce si tendrá consecuencias en la cooperación en materia de seguridad en el corto plazo”, como “redefinir el papel de las agencias policíacas y de espionaje, reevaluar la relación militar, frenar las extradiciones, y suspender el entrenamiento de militares y policías mexicanos en Estados Unidos”.

Otra de las consecuencias relacionadas con el caso Cienfuegos es la posibilidad de un proceso de desestabilización de las Fuerzas Armadas mexicanas, ya que el juicio en contra del General de División las hace ver casi como supeditadas al narcotráfico, lo que asegura Estévez, “no es positivo para la Seguridad Nacional mexicana, y por ende no es beneficioso o benéfico para la Seguridad Nacional de Estados Unidos tener un vecino donde tú estás tachando a las Fuerzas Armadas, una de las instituciones más antiguas y sólidas y de la cual el Gobierno depende tanto, de narco. Entonces era muy alto el costo”, explicó.

Acerca de la influencia del resultado electoral en Estados Unidos, la periodista mencionó que aunque es posible que con cualquier resultado la decisión hubiera sido la misma, existe la posibilidad de que el Gobierno de Trump tomara la decisión para cerrar un capítulo que dio inicio durante su administración. En todo caso, explicó Estévez, la cuestión de fondo es que aún no se sabe si hay pruebas suficientes para procesar al general Cienfuegos.

De acuerdo con un comunicado conjunto entre las fiscalías mexicana y estadounidense, México ya cuenta con una investigación propia que será enriquecida con la información que Estados Unidos compartirá con la finalidad de que Cienfuegos continúe con el proceso penal en territorio nacional. Sin embargo, “hasta ahora nosotros no hemos visto ninguna prueba”, dijo Estévez, quien asimismo aseguró no saber si las pruebas de la Fiscalía de Barr son tan sólidas como las que se dice que tienen las autoridades contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

En cuanto al proceso de procuración de justicia en México, la periodista sólo indicó que hay que recordar que en México como en Estados Unidos “la justicia está muy politizada”, por lo que no es posible saber si Cienfuegos pisará la cárcel o si le pasará como al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, quien actualmente está bajo proceso y en negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) sin haber estado tras las rejas.

¿OTRO CASO DE IMPUNIDAD?

Es probable que el General Cienfuegos no sea juzgado en México y quede en libertad ya que, por un lado, las autoridades mexicanas no habían detenido al ex secretario porque no tenían una investigación robusta en su contra; y por otra parte, ya que no es seguro que las pruebas que aporten las autoridades estadounidenses sean suficientes para hacerlo, consideró Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos.

“¿Las autoridades mexicanas de qué lo van a culpar? ¿Qué tipo de investigación se hizo ya? ¿Qué tipo de delitos cometió? En realidad, no creo que se le vaya juzgar porque este no es un caso que haya estado investigando México”, indicó la también investigadora afiliada al Woodrow Wilson Center (Washington) y al Instituto Baker de la Universidad de Rice (Texas).

De acuerdo con Correa-Cabrera, la diferencia con el caso del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna es que previo a su detención en Estados Unidos, ya había sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, además de que fue un caso en el que la secreacía y la falta de cooperación internacional no fueron un problema.

“Hasta donde yo sé, no hay una investigación desde hace tiempo en contra del General Cienfuegos. Quizá Estados Unidos esté compartiendo información, pero en todo caso me parece muy prematuro que México ya tenga todas las pruebas […] y una investigación robusta. Entonces lo más seguro es que Salvador Cienfuegos vaya a quedar libre”, lamentó.

Si la corrupción no se interpone en uno de los casos más importantes en contra de un alto mando militar mexicano, el reto de la FGR es enorme, no sólo por la cantidad y la calidad de las pruebas que tendrá que presentar y recabar, sino también por las implicaciones que tendrá a nivel internacional, considerando que se trata de un caso que pondrá en tela de juicio el desempeño del sistema mexicano de procuración de justicia.

Asimismo, Correa-Cabrera dijo que la decisión del Gobierno estadounidense de ceder el caso levanta dudas en cuanto a la calidad de las pruebas contra Cienfuegos, además de que supone un posible acuerdo entre los presidentes de México y de Estados Unidos.

“Es una cuestión de política exterior que involucra a las figuras políticas más importantes de los dos países. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa con los fiscales que investigaron? ¿No había un caso contundente? ¿Pudo haber sido que los dos presidentes acordaron esto? Porque le convenía principalmente al Presidente de México, pues el caso de Cienfuegos pone su estrategia de seguridad en jaque”, abundó la investigadora, quien también cuestionó la seriedad de las autoridades del vecino País.

"Ellos arrestaron a una figura muy importante y luego se echaron para atrás. Entonces ¿no tenían pruebas? Porque primero pasa una cosa y luego hacen lo contrario. Esto deja muy mal parado a Estados Unidos”, expuso.