Un ex funcionario de la Secretaría de Salud aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones de pesos en la dependencia, pero para evitar la cárcel y agilizar el proceso recurrió a una figura jurídica llamada suspensión condicional del proceso, que le permitió pagar 7 millones de pesos para reparar el daño de forma rápida.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recuperó un monto de $7,000,000 (7 millones de pesos), acreditados como parte del desvío de recursos públicos, señalados mediante la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado en contra de ex funcionarios de los Servicios de Salud de Sinaloa”, indicó la Fiscalía General de Sinaloa en un comunicado.

“Tras meses de investigaciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción integró la carpeta correspondiente en contra de tres ex servidores públicos, acusados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, acreditando un desvío por 14 millones de pesos”.

La Auditoría Superior del Estado señaló a tres ex funcionarios por el desvío de 14 millones de pesos en la Secretaría de Salud: Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud; Jaime Otáñez García, ex director de Atención Médica de Servicios de Salud; y María Alejandra Gil Álvarez, ex directora de los Servicios de Salud.

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“Reunidos los datos que a juicio de esta Fiscalía establecían la probable participación de las personas señaladas en dicha denuncia, se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de cada uno de los imputados”, se señaló por la Fiscalía.

“Una vez que los imputados fueron conducidos ante el juez de control, éstos quedaron sujetos a medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, para posteriormente ser vinculados a proceso, dentro de la causa penal 562/2017”.

En el proceso de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General, determinó que no encontró pruebas suficientes para sostener la acusación en contra de Otáñez García, por lo que prefirió perdonarlo con un proceso llamado sobreseimiento.

Sin embargo, los procesos contra Gil Álvarez y Echeverría Aispuro se mantuvieron.

Uno de ellos prefirió evitar irse a un juicio oral, y aceptó su responsabilidad, por lo que se acudió a una figura jurídica llamada “suspensión condicional del proceso”, que permite que las personas implicadas realicen una medida de reparación rápida.

En este caso, el ex funcionario y la Fiscalía Anticorrupción, bajo aprobación de un juez de control, permitió que depositara 7 millones de pesos.

“Para ello, se dio cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos especificados en la ley y bajo las condiciones que fijará el juez de control, traducido en la figura de la suspensión condicional del proceso, que tiene por finalidad reparar el daño de forma rápida sin necesidad de recurrir a la imposición de una sanción”, se indicó.

La Fiscalía General del Estado logró una primera pena por 7 millones de pesos por casos de delitos como ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.