"Medio ambiente, dinero y marginación: la encrucijada de la nueva Ley de Residuos"

Heriberto Giusti Angulo

La nueva Ley de Residuos de Sinaloa ha dividido opiniones en los sectores implicados. Por un lado, el sector privado aplaude la creación de esta normativa, por considerar que regula un asunto hasta ahora relegado. Para los pepenadores, en cambio, su puesta en marcha podría significar el desplazamiento de su fuente de empleo.

Dicha Ley fue publicada en septiembre de este año; sin embargo, todavía no entra en vigor pues se está a la espera de la reglamentación correspondiente.

De acuerdo con el Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Sinaloa, publicado en 2012, en el estado se generan 2 millones 494 mil 396 kilogramos de basura por día, y los residuos que más se producen son los de alimentos, en un 33 por ciento; jardinería, con un 18.65 por ciento, papel/cartón, 13.18 por ciento; plástico rígido, 5.66 por ciento; pañales desechables en un 5.57 por ciento y plástico suave, con 5.42 por ciento.

Por otro lado, el documento manifiesta que en México se recupera solamente entre el 8 y el 12 por ciento de la basura que se genera, y que gran parte de esto se da mediante el empleo informal: en la pre-pepena, durante la recolección domiciliaria, y en la pepena, ya en el sitio de disposición final.

Noroeste visitó dos centros de acopio de residuos inorgánicos en Culiacán, uno en la zona sur y otro en la zona norte, para comparar sus precios de compra y, con ello, calcular las ganancias que se podrían obtener de la basura de los sinaloenses, en el escenario hipotético de que el total de material inorgánico fuera aprovechado.

La basura inorgánica generada por los sinaloenses pudiera dar pie a una industria con valor de un millón 300 mil pesos al día. Por otro lado, los residuos de alimento y jardinería podrían ser aprovechados para hacer composta o generar energía eléctrica.

En el artículo 88 de la Ley se hace mención que “los residuos sólidos urbanos deberán subclasificarse en orgánicos, inorgánicos y peligrosos domiciliarios, con el objeto de facilitar su separación primaria”.

Sector privado, a favor

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, faculta a los ayuntamientos para la “limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”.

En Sinaloa, toda la recolección está a cargo de los ayuntamientos; sin embargo, los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Navolato se declararon “no competentes” para prestar, parcialmente o en su totalidad, el servicio de disposición final en un relleno sanitario.

Actualmente hay más de 40 sitios de disposición final en Sinaloa, pero solamente cuatro se consideran rellenos sanitarios adecuados a los requerimientos sobre protección ambiental que marca la normativa NOM-083-SEMARNAT-2003 para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias del punto para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Estos cuatro “basurones” están a cargo de la empresa privada PASA, con su filial GEN, quienes llevan más de 9 años dando sus servicios en Sinaloa.

Para Salvador Huerta, gerente regional de GEN en Culiacán, Navolato y Mazatlán, la nueva Ley es necesaria pues aporta estructuras normativas y económicas en donde no las había.

"La empresa ve atinado por parte del Gobierno del Estado el haber implementado la Ley de Residuos. Esta Ley no quita atribuciones estipuladas en el artículo 115 a los municipios, pero sí permite tener un marco regulatorio en el cual se pueda dar un mejor manejo a los residuos. Además, genera instrumentos económicos, o fondos estatales ambientales, que abren la posibilidad a los municipios de que puedan emplearlo para garantizar un mejor manejo. Por otro lado, desincentiva la generación de algunos residuos, como es la bolsa (de plástico) y los popotes”, comentó.

Aseguró, además, que el manejo adecuado de los residuos trae consigo varios beneficios ambientales.

"El relleno sanitario tiene diversas finalidades, y entre estas finalidades está el mitigar el impacto al medio ambiente. En los impactos al medio ambiente que se mitigan se busca no contaminar predios aledaños; se busca también, y se tienen medidas para garantizar, que no se contaminen los mantos freáticos, que no se contamine el subsuelo; y, por otro lado, mitigar lo que son las emisiones a la atmósfera: los rellenos sanitarios, o basureros a cielo abierto, son contaminantes de metano, emiten metano a la atmósfera", añadió.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el rol que GEN ha tenido dándole “cabida” a los pepenadores, mencionó que, en los 9 años de estancia en Sinaloa, la empresa no ha permitido el acceso de estas personas a sus instalaciones, argumentando que la NOM-083-SEMARNAT-2003 prohíbe la pepena por considerar que es una actividad que pone en riesgo la salud de los implicados.

"En algunas ocasiones, el residuo que se deposita ahí no se debe estar pepenando, o recolectando: se debe garantizar su disposición o su confinamiento. Cuando hay segregadores, o pepenadores, en algunos de estos casos no te permiten asegurar el confinamiento de los residuos. Por lo mismo no es conveniente", señaló. 

Pepenadores, en alerta roja

Para Enrique Gutiérrez, presidente de la Cooperativa de Pepenadores Progreso, con base en Culiacán, esta Ley será un duro golpe para los pepenadores y sus familias.

“Al pepenador lo van a afectar completamente, de punta a punta. ¿Esas familias dónde van a quedar? Quién sabe ... Dicen ellos (el Gobierno) que se van a beneficiar (los pepenadores) porque les van a poder dar las recicladoras trabajo, pero hemos ido a México, hemos ido a Tijuana, a Monterrey, donde están las recicladoras grandes, y lo máximo son 20 o 25 gentes (trabajando)”, comentó.

Del mismo modo, Miguel Nájera, encargado del basurón municipal de Culiacán, se mostró preocupado por el futuro de los pepenadores y por las consecuencias que esto podría tener en la sociedad sinaloense.

“Se tiene un padrón de 314 pepenadores, en dos cooperativas de trabajo… (Los pepenadores) están un poquito en desacuerdo y un poquito inconformes o, ¿cómo te diré?, andan con el pendiente a ver qué va a pasar”, manifestó.

- ¿Y qué pasaría si ellos se quedan sin empleo?

- No pues, imagínese, lo más seguro andar ahí robando, o qué sé yo, o haciendo maldades porque la mayoría de la gente es de muy bajo nivel educativo. Yo creo que es una fuente de trabajo donde los tenemos ocupados y, pues, están trabajando bien aquí. Yo digo que sí se les tiene que apoyar.

El mayor apoyo que se les puede dar, según el presidente de la Cooperativa de Pepenadores Progreso, es facilitándoles recursos que les permitan mejorar su proceso productivo y ganar más dinero, para así obtener condiciones dignas de vida y poder subsistir por sí mismos.

“Los mismos pepenadores que sean ellos quienes reciclen, y quien ellos vendan directo para que les salga... Hay un intermediario que son las compañías que están comprando ahorita, (pero si eso cambiara) entonces nosotros ya reciclaríamos y tuviéramos nuestra propia bodega, bajando recursos, porque podríamos dar mejor precio directamente a recicladoras”, expone.

“De perdida que logremos tener un seguro social para ellos, una seguridad. Y que haya un cinco más, porque ahí hay personas que te pueden ganar hasta 100 pesos, hasta 120, desde las cinco de la tarde hasta el otro día a las 10, 11 que vendan: toda la noche trabajando”.

“Si hubiera oportunidad, bajando recursos, podríamos hasta embarcar a China, a Estados Unidos, que le saliera poquito mejor a la gente. La ambición de nosotros es que tengan su vivienda propia, que no vivan en los ‘chinames’ que viven ahorita, que con las lluvias estas los dejó sin nada”.

Las reglas para los rellenos sanitarios

La norma oficial NOM-083-SEMARNAT-2003 regula la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que los sitios destinados a la ubicación de tal infraestructura, así como su diseño, construcción, operación, clausura, monitoreo y obras complementarias, se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos técnicos que garanticen la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la protección de la salud pública en general.