"Pide Fiscalía 14 años de prisión y reintegrar $4.5 millones contra Castro Olivas por peculado y negociación ilícita"

CULIACÁN.- Pese a que la defensa del ex funcionario logró quitarle testigos, la Fiscalía General del Estado reunió las pruebas suficientes para que un juez dictara el acto de apertura de juicio oral contra Carlos Baltazar Castro Olivas, acusado de peculado y negociaciones ilícitas.

Y por ello también pidió un castigo de 14 años de prisión, que regresara los más de 4.5 millones de pesos y 20 años de inhabilitación dentro del servicio público contra el ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, a quien señalan de comprar los colchones en mal estado para entregar a damnificados por la tormenta tropical del 20 de septiembre de 2018.

Durante la audiencia intermedia de hoy, en la que la Fiscalía formalizó la acusación y presentó los medios de prueba, después también lo hizo la defensa, comenzó a las 13;:30 horas y se extendió hasta las 17:15 horas.

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Castro Olivas estuvo presente en la audiencia, vestido de camisa blanca, saco sastre color plomo, jeans y zapatos oscuros.

Cuando escuchó la petición de castigo de la Fiscalía miró fijamente al techo y suspiró profundamente.

Para soportar su acusación, la Fiscalía enumeró una serie de testigos, entre los que destacan la denuncia de hechos realizada por el ex titular de la dependencia, Raúl Carrillo Castaños, una asistente de Castro Olivas en la coordinación administrativa, uno de sus subordinados y un jefe de departamento, además de las testimoniales de dos agentes investigadores.

También incluyeron entrevistas y la promesa de hacerlos declarar en audiencia pública a la persona que supuestamente actuó como enlace en Guadalajara, Jalisco, para conseguir los colchones reciclados y trabajadores de las empresas que se encargaron de vender y enviar los artículos a Sinaloa.

Otras pruebas que ofrecieron los fiscales son los estados de cuenta en la que aparecen las transferencias bancarias a nombre de Francisco Benjamín “N”, señalado por la Fiscalía como el amigo y con quien Carlos Baltazar trianguló el recursos para adquirir los colchones en mal estado.

En un momento tenso de la audiencia, la defensa intentó anular tres documentos de prueba que originalmente la Fiscalía los había ofrecido con un testigo en el acta de acusación del mes de mayo, pero que hoy señaló que se trataban de errores de dedo.

Al final, el juez los admitió, pero dejó fuera una serie de cinco testimoniales de vecinos de un par de colonias de Culiacán, con que la Fiscalía permitía mostrar el grado de afectación que el acusado provocó con su decisión. El juez señaló que estos testimonios eran innecesarios debido a que ya hay pruebas de lo que ocurrió después de que los damnificados acusaron el mal estado de los colchones.

Cada vez que el juez excluyó una de las pruebas en su contra, Carlos Baltazar miró al techo y gesticuló un evidente “gracias”.

La defensa, que peleó fuertemente la mayoría de las pruebas presentadas por la Fiscalía, además aportó testimonios muy parecidos a los de la Fiscalía, sin embargo agregó la que luce como la prueba más atractiva: una perito de extracción de pruebas digitales que recuperó 45 placas fotográficas que muestran conversaciones a través de la telefonía celular, con lo que buscará comprobar que su cliente no es responsable de lo que se le acusa.

La fiscalía explicó que por le delito de peculado, solicitan un castigo de 10 años de prisión y 200 días de multa, ademá sde una inhabilitación por 20 años en el servicio úblico, mientras que por la acusación de negociaciones ilícitas, han solicitado cuatro años y 240 días de multa además de una inhabilitación de ocho años.

La reparación del daño la pactaron en 4 millones 550 mil 650 pesos, que equivalen a la compra de los colchones en mal estado que ascendió a 2 millones 970 mil pesos, un millón 151 mil pesos para adquirir los nuevos colchones en buen estado para reponer los malos y la incineración de los colchones en mal estado cuyo costo ascendió a 433 mil 650 pesos.

Previo a la realización de la audiencia intermedia se dejó claro que no hubo acuerdo reparatorio para una solución alterna del juicio, por lo que la fecha del juicio oral se determinará el juez que se encargará del mismo en los próximos cinco días.