ESCUINAPA._ La defensa de la zona arqueológica debe ser realizada por todos la población local debido a que es el único antecedente histórico que se tiene en el municipio y no se puede permitir que lo destruyan, manifestó Jorge Macías Gutiérrez.
"Los escuinapenses no pueden permitir que se destruya el único patrimonio histórico que se tiene, aun y cuando las autoridades lo justifiquen como desarrollo urbano cuando su quehacer debería ser de investigación y preservación, no de destrucción", dijo el cronista de la ciudad.
Desde el mes de agosto la empresa Gandhi se presentó a la zona de Colina de Contreras donde construirán un fraccionamiento, y aunque al parecer en sus planos no se incluye la zona arqueológica la maquinaria pesada provocó daños al área.
En la zona se encontraron vasijas de barro que datan de la época prehispánica en este municipio.
Los primeros trabajos que se realizaron en la zona fue la construcción de un puente sobre el Arroyo Juana Gómez, el cual fue parado por la Profepa debido a que la construcción no cumplía con los aspectos técnicos.
Macías Gutiérrez señaló que de acuerdo a un estudio realizado por el doctor Scott en 1959 la zona arqueológica tiene una superficie de por lo menos 17.5 hectáreas de las cuales unas eran consideradas como centro ceremonial y el resto como zona residencial.
Mencionó que el área donde se encuentran ubicados los vestigios históricos puede explotarse a gran escala en el aspecto turístico, siempre y cuando las autoridades invierten en su protección para cuando se consolide el proyecto de la Escalera Náutica.
"Yo estoy a la espera que de haya una solución favorable por parte del INAH de lo contrario estoy dispuesto a declararme en huelga hambre hasta que las autoridades competentes protejan la zona arqueológica", dijo.
Actualmente, dijo, está a la espera del dictamen que el INAH sobre este caso el cual espera sea a favor y detenga las pretensiones de las autoridades y constructores de edificar el fraccionamiento.
Indicó que aun y cuando irresponsablemente los regidores de la pasada administración autorizaron la construcción del fraccionamiento, el dictamen del INAH puede dejarlo sin efecto y obligar a la empresa resarcir el daño.