"Protección Civil debe replantearse e incluir a la sociedad: académicos de México"

Heriberto Giusti Angulo

Sería un retroceso de tres décadas que el Sistema Nacional de Protección Civil fuera dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el informe Del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: Reflexiones, Retos y Propuestas de Transformación desde la Academia, se critica que “el desastre desencadenado por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado evidenció la falta de coordinación de las autoridades sobre los mecanismos y normas de respuesta a una crisis humanitaria”.

Asimismo, se señala que es necesario un modelo de protección civil centrado en los derechos humanos y alejado de las fuerzas armadas.

“Se precisa reconsiderar urgentemente el efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la intervención del Estado mexicano frente a desastres ... es fundamental transitar hacia una orientación de seguridad humana, centrada en la acción en favor de las personas, tal y como se define en los tratados internacionales de derechos humanos”, se expone.

Ante esto, los expertos sugieren la transformación del SINAPROC a un nuevo Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, cuya política debe estar “dirigida a la reducción del riesgo de desastres a través de un manejo holístico del mismo” y no “a la mitigación de los desastres una vez ocurridos”.

“Las estrategias a ser implementadas bajo la política de Gestión Integral del Riesgo de Desastres deben impedir la construcción de nuevos riesgos y la amplificación de los riesgos existentes, a partir del desarrollo de capacidades institucionales que garanticen el tránsito adecuado a la configuración de ciudades, comunidades y territorios resilientes que permita repensar los territorios y no construir o reconstruir el riesgo”, se señala.

También se hace mención de la necesidad de crear Comités Científicos Asesores en todos los órdenes de gobierno, así como la creación de “mecanismos de capacitación permanente que no sólo incluya los cuerpos de emergencias o servidores públicos, sino también a los grupos voluntarios e instancias de la sociedad civil organizada”.