"¿Qué implica la reforma al sistema de pensiones que pide AMLO y a quiénes beneficia?"

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones.

De ser aprobada, esta propuesta podría significar grandes beneficios para el trabajador formal.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, también podría implicar grandes desventajas para el sistema financiero y acrecentar un problema que se supone debería combatir: la informalidad.

Actualmente, los trabajadores que cuentan con seguridad social deben cumplir al menos 500 semanas de cotización si comenzaron a trabajar de manera formal antes del primero de julio de 1997 – cuando se reformó la Ley del Seguro Social – y mil 250 semanas si se inscribieron al IMSS como trabajadores formales después de esa fecha.

Esto último equivale a 25 años de trabajo formal. La propuesta del Presidente busca reducir el requisito a sólo 15 años de cotización.

Si este proyecto se convierte en una realidad ¿Cómo afectaría a los trabajadores? ¿A quiénes realmente benefician estos cambios? ¿Existen desventajas en esta propuesta? Platicamos con Carlos Matute, especialista en Derecho público y seguridad social, Jessica Peña, actuaria y Daniel Urías,especialista en bienestar financiero.

¿Qué implica el proyecto de reforma?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera dijo este 22 de julio que: “Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%.

Agregó que de aprobarse esta propuesta: “El límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años y después va a ir subiendo paulatinamente”.

Debido a que actualmente “un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada”.

Es decir, la propuesta de reforma responde a la necesidad de que una gran cantidad de trabajadores que están por retirarse puedan acceder a una pensión. Daniel Urías, explica:

“Lo que se busca es que a quienes ya están cerca de retirarse les bajen ese número de semanas de requisito para que sí puedan alcanzar una pensión. Ahora, esto va a ser gradual. Va a ir creciendo el número de semanas que te piden como mínimas de cotización. Conforme van sacando a las generaciones más grandes que ya están cerca del retiro, se van a ir sumando semanas hasta llegar a un total de mil semanas, que es un equivalente de 19 años”.

Recordemos que hay dos regímenes activos en el sistema de pensiones a nivel nacional: La Ley del Seguro Social de 1973 y la reforma a esta ley en 1997. La propuesta de la administración de López Obrador se enfoca en modificar exclusivamente la Ley de 1997. Eso significa que de ser aprobada, los cambios impactarán a las personas que empezaron a cotizar a partir del primer de julio de 1997.

“Los que están en la ley anterior (de 1973) quedan fuera. Su pensión va a seguir igual, su esquema es exactamente lo mismo, no se modifica”, añade la actuaria Jessica Peña.

Carlos Matute explica que para lograr una pensión se tienen que generar ahorro individual a través de una Afore (ley de 1997) o colectivo (Ley de 1973). Esto para que cuando la persona deje de ser productiva pueda tener un ingreso garantizado.

De acuerdo con el especialista, si una generación no produce ahorro, como las generaciones anteriores a 1997, las nuevas generaciones los van a tener que mantener. “Como no tiene ahorro para pagar sus pensiones se están pagando con el presupuesto federal”, señala.

Los tres especialistas coinciden en que la propuesta presentada en conferencia de prensa busca beneficiar a las personas que se jubilen en los próximos 4 a 6 años.

La idea es alivianar la carga económica que representaría para el gobierno pensionar a un grupo de personas que, de otra forma, no tendrían acceso a una pensión por su número de semanas cotizadas en el mercado laboral formal.

¿Qué beneficios tiene?

Carlos Matute, especialista en Derecho Público y Seguridad Social, explica que la reforma presentada en conferencia de prensa este martes, potencializa dos figuras de solidaridad social que ya tiene la Ley de 1997: la cuota social y la pensión mínima garantizada.

Según el especialista “la reforma lo que hace es potencializar la pensión mínima garantizada, al reducir la semana de cotización para obtenerla. Antes eran 25 años, ahora son 15 años. Eso evidentemente beneficia a los de menores ingresos. Reducir las semanas de cotización aumenta los derechos de los que cotizan”.

Sobre la reducción en el número de años cotizados, Urías apunta que esto no representa una reducción en la edad requerida para pensionarse.

“Esto no implica que las personas se vayan a poder pensionar más jóvenes. Lo que significa es que con un menor tiempo cotizando ya vas a alcanzar el derecho a pensión, pero las edades siguen siendo exactamente las mismas”, señala.

Las edad actual para pensionarte depende del esquema elegido por cada trabajador. Puede ser a los 60 años (por cesantía), o 65 años (por vejez) cumplidos a la fecha de la solicitud de tu pensión. “Esta será una reforma que permita que más personas puedan alcanzar el derecho a una pensión mínima”, señala Urías.

Al respecto, Matute y Peña coinciden en que la reforma cuenta con un elemento de justicia social que no puede negarse: dar acceso a una pensión garantizada a muchas más personas. Pero de acuerdo con los especialistas, los beneficios de esta reforma van a impactar a los trabajadores que se jubilen dentro de 20 años.

Pero el proyecto de reforma no contempla solamente cambios en los tiempos, también en las cantidades. A decir de Urías y Peña, actualmente el monto de pensión que se recibe bajo la ley del 97 es muy bajo respecto al último sueldo que la persona retirada recibía. A esto se le conoce como “tasa de reemplazo”: el monto con el que se reemplaza el sueldo como trabajador activo, al momento del retiro.

“Actualmente, en México se calcula que la tasa de reemplazo es del 26% del último sueldo recibido. La reforma propone que el trabajador pueda tener una tasa de reemplazo más grande.

“De un 42-43% de su sueldo”, puntualiza Urías, director de Cooltura Financiera.

Adicionalmente, el proyecto de reforma propone la reducción a las comisiones de las Afores, el vehículo de ahorro individual contemplado en la Ley del 97. Es decir, en caso de que se aprueben los cambios, las personas que coticen por la Ley del 97, tendrán acceso a un límite menor de semanas cotizadas, mayor porcentaje de tasa de reemplazo y menor pago de comisiones en su ahorro individual.

¿Qué desventajas implica esta propuesta?

Carlos Matute señala que la misma reforma podría afectar la parte fiscal, pues para lograr estos beneficios para el trabajador se aumenta la aportación del empleador. Lo que podría significar que “la nómina en este país va a costar entre 4 y 7% más”.

En este caso, Matute plantea dos posibles escenarios en los que los empleadores podrían incurrir para poder solventar este aumento, lo que implica un impacto fiscal. Uno de ellos es aumentar el precio de sus bienes y servicios en el mercado. Es decir, si una empresa vende fruta, el precio de la fruta aumentaría para el consumidor y se convertiría en un impuesto al consumo indirecto.

Pero además, esto podría producir un efecto de competencia desleal, pues las empresas que evadan sus obligaciones mediante la contratación informal, podrán mantener sus precios sin ningún problema.

El otro aspecto que representa una desventaja para esta reforma es el laboral.

“Si te cuesta más un trabajador, disminuyes tu planta laboral, ajustas despidiendo gente, no creas nuevos empleos ni plazas de trabajo. Y en un momento que tu gran problema es un millón de desempleados”, dice Matute.

De acuerdo con el académico e investigador de la Universidad Panamericana lo que va a provocar es mayor informalidad.

“Los costos son tan altos que se generan esquemas de informalidad como honorarios o subcontratación, que no se denuncian porque de otra forma no habría trabajo”, menciona.

Entonces, ¿cuál es la alternativa? Para Carlos Matute “eliminar impuesto sobre nómina, no hacer que los trabajadores paguen por la seguridad social y aumenta el impuesto al consumo”.

Para la actuaria Jessica Peña, el escenario también debe atenderse desde las estrategias empresariales.

“Al ser los dueños de negocios los que van a absorber este incremento, seguramente se buscará mover el tabulador de salarios porque de algún lado tiene que salir el dinero para pagar la contribución. Se va a tener que agarrar lápiz, calculadora y papel para analizar cómo la reforma va a impactar al negocio, cuánto más voy a requerir darle al empleado, para empezar a hacer estrategias para absorber este nuevo gasto, y además de eso, seguir creciendo. Hay que estar listos para generar alianzas, hacer estrategias y crear nuevas formas de negocio para seguir generando ingresos y al mismo tiempo acatar las normas”.

Y, finalmente, Daniel Urías puntualiza en que se trata de un esfuerzo conjunto y complementario de todas las partes: gobierno, empresarios y trabajadores.

“Es una responsabilidad compartida: Que las reglas del juego estén muy claras, que exista una vigilancia cercana de que se esté cumpliendo con lo que propone la reforma. Por otro lado que los trabajadores necesitan también asumir la responsabilidad que les corresponde de estar informados y seguir buscando cómo generar ahorro voluntario y mecanismos de ahorro adicionales".

"De modo que no confiemos el 100% de nuestro destino y de nuestro futuro en estos movimientos que se están dando. Suenan bien de manera general, pero no soltar la responsabilidad únicamente en el gobierno ni en mi patrón.”