"Quiere PRI cárcel para padres divorciados que incumplen con pensiones de alimentos a sus hijos"

Prisión de 6 meses a 3 años y multas de 180 a 360 días de salario mínimo para padres divorciados que no quieren cumplir con pensiones de alimentos, busca la fracción del PRI.

Esto a través de una iniciativa de reforma al artículo 241 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la cual se denomina “Pagos de los Apoyos de los Alimentos para Menores”.

El proyecto fue presentado hoy en tribuna por Gloria Himelda Félix Niebla.

En el documento se habla de las dificultades que enfrentan sobre todo mujeres que se divorcian, para que sus ex parejas cumplan con el pago de pensiones fijados por los jueces.

Félix Niebla expuso que esta reforma fa orientada fundamentalmente a dar protección a menores de edad, que son los que sufren con la disolución del vínculo matrimonial.

Hay muchos casos, explicó, donde padres que se divorciaron simulan insolvencia económica o su salario real, y también hay patrones se confabulan con los empleados para participar en esta irregularidad.

Por ello es fundamental legislar en el tema, dijo.

A los involucrados que se le compruebe esta violación a la ley, además de cárcel o pago de multas, explicó, se prevé la suspensión o privación de sus derechos de familia, en el caso del cónyuge.

La legisladora señaló que el derecho alimentario está consagrado en la Carta Magna federal, pero también en tratados internacionales.

Por ello, añadió, es importante ya erradicar la simulación en la capacidad económica real de los deudores alimentarios, con el objeto de disminuir la pensión respectiva.

Es necesario que en la legislación se tipifique también a aquellos empresarios que se “prestan”, para afectar a menores de edad.

“Este tipo de fraudes”, se indica en el documento presentado por el PRI, “no sólo vulneran a las instituciones de impartición de justicia en materia familiar, sino que generan también un estado de transgresión continua hacia el derecho a recibir alimentos, que por sus características goza de un carácter preferente en la escala de prioridades para su cumplimiento.

“Con esta reforma se busca robustecer las acciones de la justicia a fin de garantizar la disminución de los índices respecto de la incidencia de estas conductas, eliminar paulatinamente la participación indebida de los patrones y fuentes laborales, generando además las bases y mecanismos para su inmediata reparación”, se añade.