"Revela investigación métodos de terror de ex fiscal de Nayarit"

En el período de 2011 a 2017, cuando Roberto Sandoval gobernó Nayarit, policías estatales al mando de Édgar Veytia, Fiscal General del Estado, se dedicaron a extorsionar a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.

Una investigación difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad da cuenta de testimonios de las víctimas que perdieron su patrimonio.

Las denuncias comenzarón a fluir después de que Sandoval dejara Gobierno del Estado y Veytia fuera detenido en Estados Unidos por sus nexos con el Cárte de Jalisco Nueva Generación.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa. El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad.

Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien –ahora se supo– trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas. Han pasado más de dos años y todavía no hay detenidos por ese infierno que vivieron los nayaritas.

En ese territorio –uno de los más pequeños de México– en el periodo 2011-2017, durante el Gobierno del priista Roberto Sandoval los policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.

Tras de la captura de Veytia en Estados Unidos, la prensa en México publicó que el exfiscal facilitaba que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima, un puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic –un trayecto de 5 horas en automóvil–.

Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta

Durante la realización de esta investigación, MCCI obtuvo un audio de una reunión en la Fiscalía de Nayarit en 2013 entre Édgar Veytia y vecinos de Rincón de Guayabitos.

En él se escuchan gritos de una persona presuntamente torturada dentro de un cuarto en la oficina del exfiscal. Varios entrevistados por MCCI señalaron de forma reiterada la existencia de ese salón usado para presionar a las víctimas.

MCCI pudo confirmar, a través de entrevistas y conferencias de prensa, que la voz coincide con el personaje señalado.

José Cruz Corchado Partida tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Veytia secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas un 40% por debajo de su precio.

“Quiero que me vendas (…) Te voy a pagar a mil 900 pesos el metro cuadrado y, si no quieres, de todos modos, va a ser mío ¿cómo la ves?” Le dijo Veytia a Corchado con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz; llamaba Sandoval, el gobernador.

– ¿Qué? ¿Ya trataste con nuestro amigo?– le preguntó Sandoval

– En eso estamos, señor gobernador– dijo Veytia.

– Si no lo quiere vender, enciérramelo uno o dos días para que afloje– sugirió.

– No pues así por las buenas, sí te vendo– respondió Corchado.

Pero el dinero pactado no llegó completo a las manos del ganadero. Para compensar lo que faltaba, le ofrecieron dos departamentos que él no quiso. “Ahí estaban antes puros malandros”, relató a MCCI en una entrevista. Casi la mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad. Esta fue una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños.

En mayo de este 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al exgobernador Sandoval en la lista negra por estar involucrado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación consistió en que él permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y, en lo personal, recibió sobornos.

Cuando Sandoval dijo “enciérramelo unos días para que afloje”, Corchado sintió pavor. Si no entregaba sus tierras, lo llevarían al penal para encerrarlo en “la jaula de los locos”. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo insoportable.

“La jaula de los locos” le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. “No hay quien aguantara más de una noche ahí”, aseguró a MCCI Juan Miguel Coppel Godoy, un vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó en un secuestro.

Para liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300 mil pesos. Unos enviados de Veytia los llevaron con una prestamista: a cambio de las escrituras de una casa les darían lo justo para soltarlo.

Ellos se negaron, su vivienda valía por lo menos 1 millón de pesos. Esta decisión tuvo sus consecuencias: Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. “¡Jálale! porque no te voy a dar nada”, les decía a los enviados de Veytia. Tres años después, él quedó en libertad porque no había pruebas en su contra.

Cuando Veytia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno de Sandoval, las historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la existencia de “la jaula de los locos”, y las anécdotas sobre los secuestros estallaron: más de 2 mil personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron haber sido víctimas del Fiscal y de sus policías, luego de que un grupo de ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera lo sucedido durante los últimos seis años.

Las protestas desencadenaron la creación de la Promotora de la Comisión de la Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD.

A partir del 14 de junio del 2017 esas protestas fluyeron. La Comisión de la Verdad informó que 543 acusaciones podían convertirse en denuncias. La gente tenía miedo de acudir ante la Fiscalía, aunque se trataba de un nuevo gobierno, otros señalamientos no tenían testigos y, en algunos casos, los posibles delitos habían prescrito.

Las primeras 25 se presentaron ante la la nueva Fiscalía encabezada por Petronilo Díaz Ponce. Hasta las dos primeras semanas de este agosto no había información pública sobre el estatus de esos expedientes. Es decir, a más de dos años y medio de distancia no se sabía de alguna persona detenida, o de órdenes de captura, de acuerdo con los abogados de las víctimas.

MCCI solicitó una entrevista con el Fiscal, pero, hasta el momento de publicar esta investigación, todavía no encontraba un espacio en su agenda de trabajo. Pero el pasado viernes por la tarde, Petronilo Díaz llamó a conferencia de prensa 28 carpetas de investigación: 11 contra el exgobernador Roberto Sandoval y 17 contra Veytia.

De esos expedientes, ya cuentan con tres órdenes de aprehensión cotra el exfiscal por extorsión, amenazas y secuestro. Respecto al exmandatario, reveló que le incautaron 12 inmuebles. El nuevo Fiscal también dijo que en tres casos, las víctimas obtuvieron bienes inmuebles como reparación del daño y, a otra más, se le entregaron 53 hectáreas.

La investigación completa, con testimonios en audios, documentos, personajes y línea de tiempo, la encuentras en este enlace.

El fiscal que hizo de Nayarit un infierno