"Sinaloa requiere vivienda para mil 800 familias desplazadas"

Ante las dificultades para retornar a las comunidades serranas, se requiere vivienda para al menos mil 800 familias en situación de desplazamiento forzado en Sinaloa (cerca de 9 mil personas).

Esto se refiere únicamente a los registros preliminares del movimiento estatal de pueblos desplazados, que se conformó el 21 de noviembre de 2018 en Culiacán y acordó la integración de un padrón real de afectados por esta tragedia, que se ha recrudecido desde 2012.

El número podría ser mucho mayor, en tanto organismos de la sociedad civil, como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, calculan la cifra de afectados en más de 35 mil.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante de los desplazados en la zona sur del estado, opinó que es positiva la reasignación de 30 millones de pesos a la atención de los desplazados, aprobada por el Congreso del Estado en días recientes.

Habló de qué sigue para su aplicación, en tanto se espera que el gobernador Quirino Ordaz Coppel publique el presupuesto en el Diario Oficial del Estado.

Y sí, la demanda más urgente es la vivienda.

“Esos 30 millones son suficientes para comprar los terrenos, esto le toca a Gobierno del Estado a través del Invies o del instituto que se vaya a crear; mientras los servicicios públicos le tocan a los gobiernos municipales, y la construcción a la federación”, declaró el activista.

Señaló que la reubicación es necesaria ante la falta de condiciones de seguridad en las comunidades de origen.

“Son familias que ya no van a regresar a sus pueblos, muchas mujeres que quedaron con hijos solas, ya no ven futuro para ellos allá y los que se quedaron viven con una permanente tensión”, comentó el también coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS).

Pero es en Mazatlán donde la tierra tiene un costo más elevado por la demanda en la industria inmobiliaria turística.

Tan solo en esta ciudad, la organización ha documentado los casos de 400 grupos familiares desplazados provenientes de la zona serrana de Mazatlán, pero sobre todo de los municipios de Concordia y Rosario, a partir de julio de 2017 por las disputas territoriales entre grupos armados.

De igual forma en el norte, de la ola de éxodos forzados de los municipios de Sinaloa, El Fuerte y Choix hace seis años, aún no han podido regresar.

Al momento de crear la coordinación estatal en Culiacán, Esperanza Hernández Lugo fue nombrada defensora de los derechos humanos de los desplazados y allí reafirmó que persiste la inseguridad en sus pueblos.

“No hay las condiciones de seguridad para regresar, durante los dos primeros años yo insistí en que pusieran bases militares, pero hasta la fecha no hay condiciones para que la policía ponga orden”, comentó.

Según la recomendación 39 de 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cerca de 2 mil personas se desplazaron en 2012 de esta región, muchas de las cuales no han podido retornar as sus comunidades, por lo que buscan una forma de vida en las ciudades a donde se han reasentado.

En representación de desplazados de Badiraguato, Joel Leyva comentó que son 200 familias de al menos cuatro comunidades las que tuvieron que huir el 15 de julio del año pasado y todavía siguen buscando dónde establecerse en Culiacán y otros lugares. Son de las comunidades de Potrerillos, El Saucito, Cieneguita y La Sierrita.

“Sí fue por grupos armados ajenos a estos lugares, que peleaban por el poder entre ellos, pero la gente qué culpa tiene, es la menos culpable y la más afectada”, apuntó.

El regreso lo ve muy difícil, pues hasta hace poco no veía voluntad del gobierno de combatir a estos grupos criminales.