"Ven riesgos en equiparar defraudación fiscal con delincuencia organizada"

MAZATLÁN._ “No veo bien que a un empresario se le pueda incriminar al mismo nivel que el narcotráfico”, advirtió Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa, en referencia a la equiparación de la defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Si bien es cierto, opinó, ha habido corrupción no pueden tratar a todos por igual.

“Hubo temas de corrupción, pero no todos, hay una gran generalidad que yo te puedo asegurar que no hicimos o no hicieron cosas de ocrrupción y a esa gente no se le puede aplicar la misma vara”, declaró el empresario mazatleco, quien ha sido director general de Grupos Empresas Marino.

Ante la reforma contra las facturas falsas, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, el Secretario de Economía se pronunció porque las cámaras empresariales sean escuchadas para evitar riesgos, sobre todo el hecho de que se convierta en una nueva etapa de terrorismo fiscal, que podría inhibir la inversión.

En contraparte, reconoció que es necesario incrementar la recaudación fiscal en el país, pero consideró que debería darse prioridad a una estrategia para abatir la informalidad, buscando que cada vez más negocios engrosen la base de contribuyentes cautivos.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que, tras aprobarse la reforma, recurrirá a los amparos tanto en tribunales nacionales como internacionales.

En conferencia de prensa, Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de este organismo, señaló que es un exceso equiparar a la defraudación fiscal como crimen organizado, al nivel del narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.

“Tanto personas, pequeñas, medianas y grandes empresas pueden ser víctimas de ser acusadas de delincuencia organizada sin previo aviso, hecho que vulnera los derechos humanos”, señaló.

De ninguna manera, continuó, la defraudación fiscal debería ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, que es un delito ya tipificado en el Código Fiscal General, en relación a la expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

“Hemos insistido en apoyar y seguiremos apoyando iniciativas para combatir esquemas de defraudación fiscal, y entendemos que estas prácticas indebidas han afectado gravemente la recaudación en el país, y han generado una competencia inequitativa de los empresarios, que contribuyen al empleo y pago de contribuciones mediante actividades lícitas”, acotó Reginaldo Esquer.