"Crece militarización de cuerpos policiacos"

El teniente coronel, Eusebio Alecio Villatoro Cortez fue designado ayer director de la Policía Estatal Preventiva de Baja California.
Villatoro Cortez se suma así a la lista de militares que actualmente están al frente de las corporaciones policiales en por lo menos nueve entidades del país.
El nombramiento del teniente coronel Villatoro Cortez no es casual: Baja California es uno de los estados que registra el mayor índice de homicidios dolosos en el país, junto con Ciudad Juárez.
De hecho, desde agosto del año pasado, las labores de seguridad pública en Tijuana están a cargo de militares, en este caso del también teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez.
En la llamada "guerra contra el crimen organizado", el presidente Calderón sacó a las calles a más de 20 mil militares para combatir la ola de ejecuciones en el país. Esa modalidad ha sido copiada por algunos gobernadores y alcaldes que, ante la corrupción y descomposición de los cuerpos policiales, habilitaron a militares en retiro para garantizar la seguridad y reorganizar a los cuerpos encargados de velar por la ciudadanía.
Actualmente, militares de alto rango, retirados y en activo, encabezan las labores de seguridad pública en Sinaloa, Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En Sinaloa, el General Diplomado de Estado Mayor Antelmo Jiménez Jiménez, ocupa el cargo de secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desde noviembre de 2008. La Policía Ministerial de éste Estado también tiene entre sus mandos a Silvio Isidro De Jesús Hernández Soto, director de la PM.
En Aguascalientes, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desde el 6 de octubre del año pasado.
Un caso singular es el del estado de Tabasco, que, en menos de tres años, tuvo a tres generales de División al frente de la Secretaría de Seguridad Pública: Francisco Fernández Solís, Alberto Espinosa Ramírez y Héctor Sánchez Gutiérrez.
En marzo de 2007, el general Fernández Solís fue víctima de un atentado, presuntamente perpetrado por miembros de la misma SSP del estado, encabezados por Juan Cano Torres, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Manuel Andrade, líder de un grupo denominado "La Hermandad".
Otros generales que encabezan secretarías de Seguridad Pública estatales son: Juan Heriberto Salinas, en Guerrero; Mario Ayón Rodríguez, en Puebla; y Juan Manuel Orozco Méndez, en Veracruz.
En tanto, en Tlaxaca, el expresidente del Supremo Tribunal Militar, el general de División, José Leopoldo Martínez González, es subsecretario de Seguridad Pública.
En Coahuila, el director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, es el general de Brigada, Jesús Ernesto Estrada, mientras que el director de la Policía Preventiva de Saltillo, es otro militar retirado: el general Brigadier, Marco Antonio Delgado.
Y en Gómez Palacio, Durango, el teniente coronel Ignacio Ramírez, encabeza la secretaría de Seguridad Pública Municipal, que anteriormente presidieron el general Abelardo Díaz Pedroza y el mayor Roberto Orduña.
La participación de militares en tareas de seguridad pública tiene sustento legal en un acuerdo adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996.
En ese entonces, la Corte resolvió cinco tesis que allanaron el camino para que los gobiernos federal y estatal puedan recurrir a las fuerzas armadas. Y es que aprobaron su participación "en acciones civiles en favor de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles".

Militares mal equipados: EU
El Universal

En México incluso los militares están mal equipados para hacer frente a los grupos del crimen organizado que cuentan con armamento sofisticado, tecnología de punta y cuyos sicarios —como "Los Zetas"— tienen entrenamiento especial, aseguró David T. Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley.
Al comparecer el pasado miércoles ante legisladores de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso sobre la Iniciativa Mérida, reconoció que frente a este escenario se requiere reforzar la cooperación entre los dos países para combatir el tráfico de armas que salen de Estados Unidos y abastecen a los cárteles de la droga.
En el discurso "Armas, drogas y violencia: la Iniciativa Mérida y el desafío en México", el subsecretario reconoció que el presidente Felipe Calderón "ha tomado una acción decisiva contra las organizaciones delictivas transnacionales mediante la realización de operaciones de lucha en todo el país".
Sin embargo, indicó que en los últimos años, en México las organizaciones del tráfico de drogas "se han abastecido cada vez más de sofisticado y poderoso armamento" que, aceptó, es un arsenal que en gran parte es adquirido en Estados Unidos.
En su diagnóstico, Johnson señala que los grandes beneficios económicos que obtienen los cárteles les permiten corromper funcionarios, financiar sus operaciones y aumentar su capacidad de fuego, al punto de equiparse "con armas antitanque, granadas de mano militares y fusiles de alta potencia".
El funcionario indica que el contrabando internacional "también equipa a los cárteles con equipos de alta tecnología, tales como gafas de visión nocturna, las capacidades de intercepción electrónica, comunicaciones encriptadas y helicópteros", a lo que se suma el hecho de que algunos grupos, como "Los Zetas" (ex militares que se han convertido en la ejecución del brazo del cártel del Golfo), han recibido formación especializada en armas y tácticas.

Chihuahua es 'verde'

A principios de marzo cerca de mil 800 soldados llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para proteger de los cárteles del narcotráfico a la localidad, la más violenta de México.
La llegada de los militares forma parte de un contingente de 5 mil policías federales y militares que patrullan actualmente esa ciudad.
Hasta el momento, y desde abril del 2008 Chihuahua, contaba con 2 mil 500 soldados y policías federales que la vigilaban.
El año pasado, la urbe registró mil 600 asesinatos vinculados en su mayoría al crimen organizado, de los 2 mil 206 que hubo en el estado y los 5 mil 600 aproximadamente que hubo en todo el país.
La llegada de refuerzos para poner coto a la violencia fue anunciada esta semana por el gabinete de seguridad federal, integrado por los secretarios de Gobernación (Interior), Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública y por el fiscal general.
Chihuahua, fue durante el 2008 el estado más violenta de México y copa buena parte de los asesinatos cometidos ese año en el país.
En los primeros 50 días de este año se contabilizaron en Chihuahua 477 asesinatos, de los 973 de todo el país, según recuentos extraoficiales. Entre los fallecidos había ya 17 policías y militares, frente a los 90 uniformados del pasado año de 2008.