"Otro ataque injustificado"

CULIACÁN.- Esa noche el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez alcanzó a ver entre el polvo la lujosa Hummer H2 que se desplazaba delante del camión militar y empuñó su fusil MP-5.
El teniente viajaba en la cabina del camión Mercedes Benz número 8030272, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el cabo José Raymundo Hernández González, quien conducía el vehículo donde viajaban otros 15 militares.
Mientras que en la Hummer viajaba Édgar Geovany Araujo Alarcón, Manuel Medina Araujo, Irineo Medina Díaz, Wilfrido Madrid Medina, Miguel Ángel Medina, y Héctor Zenón Medina López, quien conducía el vehículo.
Eran las 21:00 horas de ese 26 de marzo de 2008 a la entrada de Santiago de Los Caballeros, ubicado a 40 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato. Los jóvenes se dirigían a una fiesta a un poblado cercano.
Al quedar junto a la Hummer y sin motivo aparente, el teniente sacó su MP-5 por la ventanilla del lado derecho y efectuó un disparó contra la camioneta, contó el cabo José Raymundo, y cuyo testimonio quedó asentado en el expediente procesal penal 82/2008 integrado por el Juzgado Militar adscrito a la III Región Militar.
Después de ese disparó, se soltó el infierno.
"En ese momento sobrevino una andanada de disparos efectuada por los soldados que viajaban en la parte trasera del camión contra la Hummer", declaró el cabo.
Con esa declaración coincidieron los soldados Jorge Jiménez Castañeda y Misael Solano Muñoz, el cabo Antonio Rojas Reyes; y el mismo teniente Víctor Ruiz, según se desprende de la recomendación 36/08 que realizó a la Sedena la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
"Después de oír un disparo de arma de fuego, (los soldados) accionaron sus armas de cargo en contra del vehículo Hummer H2; algunos militares, cuando dicho vehículo se encontraba a un costado del Mercedes militar y otros cuando ya estaba en la parte posterior de éste".
En los testimonios ante el Ministerio Público Militar, incluso los soldados admiten que los dos militares que murieron fueron víctimas de las propias balas de sus compañeros.
"Yo escuche que alguien del personal a mi cargo gritó 'ya no disparen, nos estamos dando entre nosotros mismos'", declaró el teniente Víctor Ruiz; mientras que el soldado Jorge Jiménez Castañeda declaró que "por el movimiento, sin tener la certeza, herí a algunos de mis compañeros".
De todo eso, la CNDH estableció en su recomendación que ninguno de los militares refirió haber visto que los tripulantes del Hummer H2 hayan realizado agresión en su contra con armas de fuego.
El ataque que fue calificado por la Sedena como "incidente", y en este perdieron la vida Édgar Geovany, Héctor Zenón, Manuel Medina e Irineo Medina; mientras que Wilfrido Madrid resultó herido; y Miguel Ángel Medina resultó ileso.
También murieron los militares Damián López Altamirano y Manuel Malohua Domínguez; otros dos resultaron heridos.
El caso de la matanza en Santiago de Los Caballeros no ha sido el único en que militares han sido acusados de agredir a civiles durante la guerra que emprendió el Gobierno federal contra el narcotráfico. Un año antes, el 1 de junio del 2007, otro grupo de militares masacró a una familia en La Joya de Los Martínez, en donde tres niños y dos mujeres murieron.
Pero el caso de la muerte de los jóvenes, llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que familiares de las víctimas interpusieron un amparo para que los militares fueran juzgados en tribunales civiles.
El 10 de agosto de 2009 y aún con la presión de organismos internacionales defensores de derechos humanos, la SCJN rechazó analizar el caso y actualmente los militares se siguen juzgando a sí mismos en supuestos casos de agresión a la población civil.

Sedena pide prórroga

La Sedena solicitó una prórroga por 20 días más para entregar la información solicitada mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre el caso de la matanza de militares cometida contra civiles en Santiago de Los Caballeros. La solicitud vencía el 4 de marzo de este año, pero con la prórroga, la Sedena tiene de plazo hasta el próximo 9 de abril para responder el estado que guarda la investigación.
La Sedena argumenta que se encuentra buscando y recopilando la información solicitada.
Hace un año, también a través de la LFTAIPG, la Sedena respondió que el caso seguía en periodo de instrucción (desahogo de pruebas) y negó informar sobre la versión oficial de dicha matanza.
"Esta Secretaría no tiene versión oficial de los hechos y éstos están contenidos en el proceso penal 82/2008 del índice del Juzgado Militar adscrito a la III Región Militar... que tiene autonomía y que con base en la LFTAIPG se considera información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado (resolución)".
La respuesta a la solicitud señaló en ese entonces que los cinco militares detenidos
por la masacre permanecían presos en la cárcel y la Sedena aseguró que los familiares de los jóvenes asesinados y el que resultó herido recibieron indemnizaciones como pago del daño moral y material que sufrieron.



DETENIDOS

Teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez
Cabo de infantería Antonio Rojas Reyes
Soldado Jorge Jiménez Castañeda
Soldado Misael Solano Muñoz
Soldado José Francisco Balam May

Todos ellos son juzgados por violencia contra las personas causando homicidio y violencia contra las personas causando lesiones.