"A 6 años, crimen en Tec sigue impune, reclaman"

UNIV / SinEmbargo.mx

MÉXICO (Sinembargo.MX / UNIV)._ A seis años de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, las autoridades de justicia siguen sin consignar el expediente a un juez.

Familiares de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo que fueron asesinados el 19 de marzo del 2010 durante un supuesto tiroteo entre elementos del Ejército y miembros de un grupo delincuencial, dijeron tener la certeza de que este caso se trató de una ejecución extrajudicial.

“¿Fueron elementos del Ejército?, sí, eso nos queda claro. ¿Fue un error?, no, de eso no nos queda duda y lo sabemos porque durante meses revisamos el expediente. No fue fuego cruzado, fue una ejecución extrajudicial a sangre fría, y los militares siguen diciendo que se trataba de dos delincuentes”, dijo Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio.

Los familiares relataron que las autoridades de la Procuraduría General de la República, en especial del subprocurador Gilberto Hilguera, han faltado a su palabra en reiteradas ocasiones durante los últimos seis meses para consignar este caso ante un juez. Lo que levanta suspicacias de encubrimiento.

“En vez de procurar que la PGR tome cartas en el asunto, vemos que le da investigación a Emilio Álvarez Icaza, cuando aquí tenemos familiares que ha estado esperando seis años por la consignación”, expuso el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.

El director explicó que no sorprendería que después las autoridades de Gobierno intentaran tergiversar la versión de los padres. Y recordó las participaciones del Ejército en casos relevantes como el de Ayotzinapa.

“El Gobierno y la Sedena debe reconocer los errores que se cometen, de manera que la impunidad no sea algo que nos afecte”, dijo Patricia Varela González, tía de Javier Francisco.

Los padres acusaron que fue una unidad de ocho elementos: “Había un capitán, un sargento, el resto eran soldados. Al principio hubo una Unidad de Vinculación Ciudadano, era gente del Ejército y de derechos humanos que tenían relación con nosotros, y fueron tres años que estuvimos en espera de ellos. Nunca logramos hacer nada. Hasta que un día acusaron a uno de manipulación de los hechos, se llamaba Hipólito, como lo acusaron militarmente salió exonerado”, dijo Lorenzo Joel Medina Salazar, padre de Jorge Antonio.

Los familiares acusaron que sus hijos ahora son parte de las estadísticas de tragedia que dejó una “irresponsable” guerra contra el narco emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006. Ya que el Ejército, a la fecha no cuenta con la preparación para interactuar con la ciudadanía.

Rosa Elvia Mercado Alonso relató que en su momento el otrora Secretario de Gobernación Francisco Gómez Mont les avisó que se prepararan porque se iba a transmitir un video sobre los hechos. La llamada se recibió el primero de mayo de 2010 a las seis de la tarde.

“El video mal editado, se vio claro, la inocencia de los muchachos. Se vio claro que no había sido un error. Que hubo muchas mentiras. Jorge se regresó porque él no iba a dejar a su amigo, y mostró su carnet, pero no le creyeron, o no le quisieron creer”, dijo.

Criminalizan a víctimas

Los familiares acusaron que las autoridades criminalizaron desde el primer anuncio a las víctimas, la argumentación estuvo basada en que una de las víctimas recibió una bala de un calibre utilizado por grupos criminales.

“Una bala en el cuerpo de mi hijo era del calibre de la delincuencia, pero, ¿y los otros seis disparos que recibió? Dónde quedaron esas balas, qué calibre eran, nada se dijo”, dijo Mercado Alonso.

El expediente cuenta con 40 tomos, y tiene más de 100 declaraciones, informaron los padres, por lo que esperan que la Procuradora Arely Gómez González confirmar una reunión programada para el 8 de abril.

La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias, murieron a manos del Ejército Mexicano durante un tiroteo.

Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les sembraron armas, hasta que se descubrió la verdad.

El gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón identificó a los jóvenes como sicarios. Tras asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales porque momentos antes de que ellos salieran del campus del ITESM, los soldados habían sostenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga y supuestamente se habrían internado en el Tecnológico.

Ese noche de marzo de 2010 según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una banda de delincuentes.

En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrándoles armas, y los golpearon hasta matarlos. También indicó que la PGR, la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y casi no colaboraron.

Impunidad

Han pasado seis años desde la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tecnológico de Monterrey, y aún el crimen sigue impune. Según las autoridades, los estudiantes del doctorado de mecatrónica perdieron la vida en un tiroteo entre soldados y personas armadas, luego de que fueron confundidos con “sicarios”.

Sus cuerpos y sus pertenencias nunca fueron mostrados a sus padres. Fueron identificados a través de dos fotografías que les enseñaron en el Semefo. En las imágenes, los rostros de los dos jóvenes estaban irreconocibles, tenían múltiples contusiones. El Ministerio Público nunca entregó la necropsia para determinar el motivo de la muerte. Durante los siguientes meses, y después de que las autoridades reconocieron que Jorge Antonio y Javier Francisco eran alumnos de excelencia y no sicarios, sus padres exigieron a las autoridades que se limpiara el nombre de sus hijos.

Al no haber respuesta del Gobierno, la familia y algunos amigos de los jóvenes comenzaron a realizar una investigación sobre lo que había ocurrido. En 2012 conocieron que un soldado de nombre Hipólito fue juzgado y absuelto en tribunales militares por los hechos registrados la madrugada del 19 de marzo.

Un año después, un grupo de compañeros de los estudiantes se enteró que el expediente estaba en el “olvido y arrinconado”, y que sólo se había integrado con las declaraciones de los militares que participaron en los hechos y con las de un civil que trabaja como guardia de seguridad.

Las irregularidades llevaron a los amigos y padres de Jorge Antonio y Javier Francisco a buscar la asesoría de organizaciones de derechos humanos. Después de cuatro años del crimen, lograron que se abriera la investigación.

“De ahí a junio (de 2014) fue cuando se tomaron declaraciones a familiares, amigos y maestros, porque no se había hecho. Después nos mencionaron que en julio y agosto se iba a consignar el caso, pero se terminó 2014 y no hubo nada”, relata Rosa Elvia Mercado Alonso, mamá de Jorge Antonio.

Los meses pasaron y la respuesta no llegó. El año pasado la incertidumbre llevó a los familiares a escribir una carta a la Procuradora General de la República, y a viajar a la Ciudad de México para entrevistarse con las autoridades.

Examinan pruebas

Durante su visita a la capital del País tuvieron acceso a los pruebas de balística, forenses, necropsia, así como a testimonios que integran la averiguación. Lo que leyeron en las fojas cambió su realidad: la muerte de los jóvenes no fue un error, ellos fueron asesinados.

“En octubre (de 2105) hicimos una carta a la Procuradora explicándole por lo que habíamos pasado y que nos venimos a la Ciudad de México. Conocíamos al Ministerio Público porque había llevado la investigación y nos mostró el expediente. No quisimos ver fotos o videos, porque lo que leímos nos dolió muchísimo. Hasta antes de verlo, nosotros pedíamos que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier, porque no era justo que terminaran oficialmente como sicarios, pero a raíz de lo que leímos y supimos, nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, nos dimos cuenta que los asesinaron a sangre fría”, comenta Rosa Elvia.

Después de leer la investigación, los padres exigieron que se consignara el expediente a Monterrey, Nuevo León, para que se castigue a los culpables. En octubre de 2015, el subprocurador de la PGR, Gilberto Higera, y Jorge Nader, director de Averiguaciones Previas, fueron a Saltillo, Coahuila, y les comentaron que se enviaría el documento. Hasta la fecha siguen esperando. Durante los últimos meses las autoridades les han pedido paciencia, y que no digan nada.

“No queremos ser revictimizados, que no nos traten con la punta del pie. Porque si cumplimos con no decir nada a la prensa, exigimos que se consigne el caso, que se castigue conforme a Derecho, y que se limpie el nombre de los muchachos”, pidió Lorenzo Joel Medina Salazar, papá de Jorge Mercado.