"'Quieren un estado de excepción permanente'"
El jurista Diego Valadés Ríos se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior, que se promueve en la Cámara de Diputados, al considerar que sólo busca establecer un estado de excepción permanente.
"Yo tengo una opinión negativa, porque se trata de establecer un estado de excepción permanente. Lo que se quiere es establecer una suspensión de garantías de manera permanente", señaló.
En conferencia impartida en Los Mochis, el ex Procurador General de la República consideró que la participación del Ejército en el combate del crimen debe ser una decisión estrictamente temporal, y bastaría con replantear el Artículo 29 Constitucional.
"El Artículo 29 obliga a que todas las medidas que se tomen durante el periodo de estado de excepción deben ser informadas al Congreso y valoradas por los representantes de la nación, y lo que no se quiere es darle a los representantes de la nación una tarea de supervisión sobre lo que hacen las fuerzas de seguridad y los administradores públicos", argumentó.
Asimismo, mencionó que la concentración del poder en un mando único ha venido siendo pospuesta porque se han dado cuenta de que significaría construir una especie de "gólem".
Valadés Ríos estuvo en Los Mochis para ofrecer la conferencia "Constitución: origen, desarrollo y porvenir", en la que aseveró que la Constitución ha comenzado a decirnos mentiras, pues ya no refleja la visión social y progresista con que inició, y se visualiza altamente utópica la posibilidad de elevar los estándares de vida de los mexicanos.
En su disertación, propuso reordenar el texto constitucional para devolverle su naturaleza de norma suprema, y redactar de forma más escueta su estructura.
Cabe apuntar que en cien años de vida de la Constitución Mexicana, se han realizado 231 decretos de reforma, con 699 modificaciones a 114 artículos, lo que representa 3.3 reformas por año.
'El problema es de todo el País'
Diego Valadés Ríos indicó que, en esta percepción de un débil Estado de Derecho, México apunta a ahondar en los problemas de violencia, de corrupción, y de ineficiencia gubernamental.
"El problema no es de Sinaloa, el problema es de todo el País, lo cual quiere decir que no es un asunto que se deba atribuir a la ingobernabilidad en Sinaloa, sino al déficit de gobernabilidad que existe absolutamente en todo el País", expresó.
El abogado señaló que al minimizar los niveles de violencia, las autoridades demuestran que no están conscientes de la gravedad del problema, el cual debe resolverse desde la perspectiva de grandes reformas institucionales, por ser un problema de régimen de Gobierno y de responsabilidades políticas.
"Llevamos más de 10 años con el mismo sistema de seguridad, y con las mismas medidas de seguridad, y ya era tiempo de que se dieran cuenta que no funcionan y que tienen que hacerse otras cosas diferentes. Yo no sé cuáles, porque no es mi especialidad, pero es un hecho que han fracasado", sentenció.
