11 años de Ayotzinapa: una investigación sin rumbo
Llegamos a 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en medio de la confusión y estancamiento de la investigación; sin verdad, sin justicia y con un grupo de padres y madres desgastados por la zozobra que genera el desconocimiento del paradero de sus hijos, y por el maltrato y abandono institucional prolongado por más de una década.
A diferencia del arranque del gobierno anterior, el cual fue recibido con esperanza, padres y madres vivieron la transición gubernamental de Claudia Sheinbaum con escepticismo, debido a la ruptura con el ex Presidente López Obrador ante su defensa férrea de un Ejército que siguió obstaculizando el acceso a información relevante para el caso.
Así, padres y madres condicionaron su confianza hacia la Presidenta a la evidencia de avances concretos en la investigación. A casi un año de que la administración de Claudia Sheinbaum tomara las riendas del caso, la posibilidad de restaurar la confianza se ve distante, ya que la apuesta de la Presidenta por una investigación basada, principalmente, en nuevas metodologías y tecnologías, aún no genera las claridades suficientes sobre cómo llegar a esclarecer el paradero de los estudiantes y dilucidar la responsabilidad, por acción u omisión, de los distintos actores que participaron en la desaparición de los estudiantes; en particular, las Fuerzas Armadas.
En sus primeras reuniones con los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum prometió hablar siempre con la verdad y formarse su propio criterio sobre el caso, para lo cual tomaría en cuenta toda la información existente.
En este sentido, la Presidenta ha colocado casi todas sus expectativas de solución del caso en lo que ella misma refiere como un nuevo equipo de trabajo que revisará toda la información con base en nuevas metodologías y tecnología. En la práctica, lo anterior se han traducido en un reanálisis de toda la información de telefonía y comunicaciones generada durante la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, y días posteriores a la desaparición de los estudiantes.
Hasta el momento, dicha estrategia no ha generado avances sustantivos ni ha aportado rutas de trabajo novedosas. De manera abstracta se habla de la posibilidad de realizar detenciones de personas que no habían sido incluidos anteriormente en las investigaciones; sin embargo, no existe ninguna claridad sobre la identidad de las personas, el tipo de información que podrían aportar para la búsqueda de los estudiantes ni de cuál habría sido su participación en los hechos.
Ante el panorama de una apuesta presidencial que no logra concretar resultados sustantivos, parece que las exigencias básicas de las familias, mismas que llevaron a la ruptura con López Obrador, vuelven a cobrar sentido como principal alternativa para que la investigación recupere el rumbo.
Estas exigencias son tres. Primera, que el Ejército entregue toda la información de inteligencia con la que cuenta sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014; segunda, que la FGR organice y agote exhaustivamente todas las líneas de investigación que se desprendan de la información de inteligencia recabada por el Ejército; y por último, lograr lo antes posible la extradición o repatriación de testigos y/o perpetradores claves en el caso y que actualmente se encuentran en el extranjero.
Durante un año la Presidenta ha pedido a padres y madres un voto de confianza para llegar a la verdad mediante un camino que desvía la atención sobre la responsabilidad del Ejército; sin embargo, la escasez de resultados no respalda una petición de tal magnitud. Después de más de una década de violencia institucional, pedir votos de confianza es un agravio más.
–
El autor es Humberto Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos en @FundarMexico.
