Adán Augusto y la disyuntiva de Sheinbaum: mantener o romper los pactos de protección
La Presidenta Claudia Sheinbaum está frente a una nueva encrucijada que podría marcar el rumbo en su gobierno, específicamente de su política criminal: la investigación y posterior procesamiento de uno de los personajes políticos más relevantes de su partido, Adán Augusto López Hernández. El fin de semana pasada las autoridades confirmaron la existencia de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad durante la gestión de Adán Augusto en el gobierno de Tabasco. Lo buscan por presuntos nexos con la delincuencia organizada, específicamente por ser el líder de un grupo identificado como “La Barredora”, el cual estaría asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por una parte, la gravedad de estas acusaciones recae en que se trata de un funcionario del orden estatal de primer nivel en el gobierno de un personaje de alto perfil en la política nacional. Además de haber sido Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López fue Secretario de Gobernación federal, precandidato a la Presidencia por el partido en el poder y actualmente es Senador y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Además, es importante señalar su cercanía con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las filtraciones del Guacamaya Leaks en 2022 revelaron que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) ya tenía bajo el radar al gobierno de Adán Augusto por permitir la infiltración de miembros de la delincuencia organizada a su gobierno. Esto facilitó el posicionamiento del grupo “La Barredora” en la entidad, a salvo de la acción de la justicia y de grupos contrincantes. Es importante señalar que tales señalamientos fueron negados en su momento por el Presidente López Obrador. Desde entonces, Adán Augusto cuenta con un manto de protección brindado por el ahora ex Presidente. La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena prueba la veracidad de las filtraciones e indica una investigación sólida sobre el grupo presuntamente liderado por él.
Por otra parte, este caso trae de vuelta los fantasmas de Genaro García Luna. Cuestionamientos sobre cómo es posible que presuntos delincuentes de esta naturaleza lleguen hasta esos órdenes de Gobierno, que revivan los señalamientos de “narcogobierno” y “gobierno fallido”, pues el Gobierno no es sólo un habilitador de estos grupos, sino una extensión de facto de ellos. La sola idea de que se pueda repetir un personaje así debería horrorizarnos y encender todas las alarmas posibles. Probablemente, por esto el aparato de inteligencia de la Sedena comenzó a darle seguimiento.
En su momento, miembros de Morena cuestionaron de forma válida cómo fue posible que Genaro García Luna haya cometido tantos delitos sin que Felipe Calderón se diera cuenta (si tomamos como cierta toda la investigación realizada por autoridades extranjeras). Lo mismo podemos decir sobre Adán Augusto: ¿no estuvo al tanto de las filiaciones criminales de Hernán Bermúdez cuando lo nombró Secretario de Seguridad estatal? ¿Es posible que Hernán realizara todos sus actos criminales sin que Adán Augusto estuviera enterado? ¿Adán Augusto tuvo algún atisbo de sospecha sobre su colaborador? De ser así, ¿avisó a las autoridades? ¿Hizo algo al respecto cuando asumió el cargo de Secretario de Gobernación?
El uso partidista del caso de Genaro García Luna por Morena, para atacar justificadamente al PAN, implicaría que esperemos que prediquen con el ejemplo. Es decir, que todas las personas implicadas en este caso, empezando por Adán Augusto, dejen sus respectivos cargos para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones respectivas.
Así como Calderón debió ponerse a disposición de las autoridades para cooperar y deslindar responsabilidades, Adán Augusto debería hacer lo conducente, porque, parafraseando a López Obrador, es difícil pensar que no sabía lo que hacía su Secretario. No hay argumento que defienda a los implicados ni los excuse de separarse de sus cargos en este momento. Morena se ha encargado de eso con sus propias actitudes, cimentando su camino hacia la ignominia política: cualquier cosa distinta a la condena absoluta será un acto de hipocresía.
Mientras se desarrolla este caso, en los Estados Unidos el abogado de Ovidio Guzmán López acusó fuertemente a las autoridades mexicanas de estar coludidas con los grupos de la delincuencia organizada y, en particular, a la Presidenta de México de ser defensora del Cártel de Sinaloa. Tal acusación generó un rechazo categórico de parte del Gobierno mexicano, quien anunció que procedería a demandar por difamación.
Por más que la Presidenta y el Gobierno se quieran defender, casos como el de Hernán Bermúdez, Genaro García Luna, José Luis Abarca, así como escenas de distintos gobernantes tomándose fotos con presuntos miembros de la delincuencia organizada, exponen a México de cuerpo completo y nos deja vulnerables a todo dicho y ataques de personajes extranjeros y amenazas intervencionistas bajo pretexto del combate a la delincuencia que sin lugar a duda está ahorcando a todo el País.
Finalmente, la mejor defensa que podemos tener, más allá de fuertes condenas a las declaraciones y demandas por presunta difamación, sería un giro en el timón y, frente a la disyuntiva entre proteger y dejar de proteger a colaboradores y aliados, optar por lo segundo, por más prominentes que sean para el partido oficialista y por más que hayan sido protegidos y se encuentren en el afecto personal del anterior inquilino del Palacio Nacional.
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El autor es Licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (Inegi, FGR y SSC-CDMX).
