Las primeras dos semanas de este 2026 trajeron consigo una serie de sucesos vertiginosos que pusieron al centro la agenda regional y global sobre derechos humanos. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la amenaza de controlar el país como un protectorado, distintos actores llevaron la discusión pública hacia una falsa disyuntiva: ¿es necesario priorizar la protección a la soberanía de las naciones o poner por encima la denuncia de las graves violaciones a derechos humanos?
La discusión sobre cómo debe actuar el Estado mexicano frente a las distintas presiones estadounidenses no ha sido ajena a este falso dilema. Desde distintos espacios se ha planteado una supuesta contradicción entre señalar los múltiples retos en cuanto a la persistencia de la violencia y la crisis en materia de derechos humanos, ante un panorama complejo en donde el Presidente de Estados Unidos ha hecho señalamientos de emprender acciones en nuestro País. El tema no es menor y hay que denunciar estos discursos que apuestan a respuestas bélicas y no a la cooperación. No obstante, como en el panorama internacional, la disyuntiva no existe.
Subrayar los retos en nuestro País en materia de derechos humanos para este 2026 tiene el único propósito de hacer un llamado a fortalecer la democracia y, con ello, garantizar los derechos y la dignidad de todas y todos los mexicanos. Así, es imprescindible hacer una revisión de los desafíos próximos en cuanto a la crisis de desaparición, la revisión de las falencias en instituciones de procuración de justicia, los riesgos de la militarización, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la falta de apertura a la cooperación con organismos internacionales en temas apremiantes como la tortura o la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
Sobre el primer tema, ya hemos señalado en este espacio que la crisis de desapariciones y la forense se ha profundizado. Lamentablemente, el fenómeno continúa alcanzando a todas las comunidades del País -recientemente a la comunidad de la Ibero Puebla con la desaparición del doctor Leonel Ariel Escobar Barrios- e imponiendo riesgos para quienes buscan a sus seres queridos. Preocupa en particular que desde la tribuna presidencial se ha señalado que los esfuerzos para atender el fenómeno se enfocarán en contabilizar carpetas de investigación, lo que podría ignorar los reportes de familias que viven en comunidades con altos índices de colusión, donde no es posible presentar una denuncia y se invisibilicen los reportes de personas migrantes desaparecidas, entre otras. La política de desapariciones no puede estar centrada en identificar cifras, sino que debe contar con acciones más amplias de prevención y erradicación, como se ha recomendado por múltiples organismos y para lo cual será de la mayor relevancia el próximo informe temático sobre la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se espera sea publicado en este año.
Frente a la renovación también de la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es necesario señalar también la deuda de esta institución, que debió poner al centro a las víctimas y no a las exigencias de poderes políticos o intereses personales. Los grandes riesgos que imponen a la sociedad la violencia generalizada y la gobernanza criminal que prevalece en varias regiones del País requiere que se demuestre la posibilidad de contar con capacidades y planes de persecución penal que estén a la altura de estos retos, lo que se espera esté reflejado en el anunciado “Plan General de la FGR”.
La promesa de fortalecimiento de esta institución debe venir acompañado también del real reforzamiento de su autonomía de investigación, sobre todo ante casos en donde las instituciones castrenses están involucradas. En diciembre del 2026 se cumplirán 20 años del primer operativo de la llamada “Guerra contra el Narco” y en ese contexto continuamos documentando la impunidad militar, lo que más recientemente fue analizado por la Corte IDH. Un ejemplo de ello es el caso de Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7; ambas niñas fueron privadas de la vida en mayo pasado como resultado del uso arbitrario de la fuerza por parte de elementos del Ejército mexicano en Sinaloa, lo que fue incluso reconocido por la CNDH. Tan alarmante son los hechos, como el que hoy -a ocho meses de los hechos-, no hay un solo elemento del Ejército que esté procesado por los homicidios de las dos niñas.
El tema de tortura, una práctica persistente en el País, también presenta múltiples desafíos que serán revisados inminentemente con la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) a México, anunciada para el primer mes del año. Esta visita se dará en el marco de un incremento significativo de las personas privadas de la libertad en el País, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la inadecuada operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México (MNPT), la reciente publicación de la Ley General en materia de Extorsión -con la que se podrían validar pruebas obtenidas mediante tortura- y la figura de “jueces sin rostro”, respecto de la cual se ha anunciado su regulación en el próximo periodo legislativo.
Adicionalmente y de manera destacable, se prevén discusiones clave respecto al andamiaje democrático del País. En particular ante la anunciada reforma electoral, cuya presentación y discusión amplia será esencial para analizar en su conjunto los impactos de todo el proceso de reformas que se consolidaron en los últimos dos años, culminando el llamado “Plan C” y, como varias lo han planteado, un posible cambio de régimen.
La crítica constructiva y la propuesta de acciones concretas para este 2026 en materia de derechos humanos no es contraria al llamado del fortalecimiento institucional, el cual es fundamental para fortalecer nuestra democracia y nuestra soberanía. A nivel nacional, la contradicción se daría sólo si en el discurso el Estado dice respetar los derechos humanos, pero se deja la de lado el reconocimiento de la crisis, el desarrollo de estrategias concretas, el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones de procuración de justicia y garantes de derecho, y si desdeña el valor de las respuestas multilaterales, de los organismos internacionales de derechos humanos, de la sociedad civil y, sobre todo, de las víctimas.
