Apoye, no castigue

28/06/2025 04:01
    En Guanajuato, Sinaloa o Baja California, grupos criminales han visto en los Anexos fuentes de reclutamiento o incluso mercados cautivos de consumo. Las personas que buscan ayuda en estos establecimientos se encuentran atrapadas en una doble amenaza. Por un lado, son potenciales víctimas de ataques directos, reclutamiento forzado o desaparición forzada o graves violaciones a sus derechos humanos.

    La madrugada del 7 de abril de este año, un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, abriendo fuego contra las personas internadas. Nueve personas fueron asesinadas. Una búsqueda de sucesos violentos en este tipo de establecimientos en los últimos meses arrojó hallazgos sumamente dolorosos y alarmantes: desde esa fecha han ocurrido 13 eventos en los que más de 35 personas han perdido la vida, incluyendo a dos menores de edad.

    Si bien algunos de estos hechos son ataques directos como el de Culiacán, la violencia en estos centros adopta múltiples formas. Van desde desapariciones forzadas, torturas, internamiento de menores de edad en condiciones inapropiadas y su explotación mediante trabajos forzados. Frente a este escenario, no podemos decir que estos crímenes son incidentes aislados, sino que deben ser entendidos como un síntoma de un problema profundo y sistémico.

    Los eventos violentos en centros de rehabilitación, cada vez más frecuentes, responden a diversas dinámicas de la mal llamada “guerra contra las drogas”. La estrategia bélica contra el mercado ilícito de sustancias ha priorizado la criminalización y el castigo, dejando de lado una perspectiva de salud pública para abordar el tema. Esta omisión ha conformado el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de expresiones de violencia sucedan, pues la disponibilidad de servicios de salud para personas que consumen drogas está fuertemente concentrada en un sector privado que opera en un contexto de escasa o nula fiscalización.

    Aunado a esto, la ausencia de oferta de tratamientos de calidad expone a las personas con algún consumo problemático a recurrir a un mercado que se expande de manera desregulada. Esto en un contexto en el que del 2013 al 2023 la demanda de tratamientos por consumo de estimulantes de tipo anfetamínicos (metanfetamina, también conocida como cristal) creció en 416 por ciento (1).

    Así es como los centros de rehabilitación privados (popularmente llamados “anexos”) han logrado capitalizar sobre la escasa infraestructura pública de atención para personas que consumen drogas. En consecuencia, hoy tenemos tanto un problema de salud como de seguridad pública. Aunque existen esfuerzos estatales por regular este mercado, la realidad es que las autoridades se encuentran rebasadas: si cierran un centro, otro nuevo aparece en cuestión de días.

    El problema va más allá de la simple privatización de la atención. En la mayoría de los casos, estos centros también carecen de metodologías basadas en evidencia, no cuentan con profesionales de salud mental, sus instalaciones no son dignas y muestran una alarmante falta de sensibilización en derechos humanos. Los “anexos” suelen operar bajo modelos de tratamiento rudimentarios, a menudo dirigidos por personas sin experiencia profesional en el sector de la salud mental, donde el único fin es obligar a la persona internada a dejar de consumir, sin importar los medios.

    Así, la desregulación de estos establecimientos los ha convertido en objetivos o “herramientas” para grupos del crimen organizado. En estados como Guanajuato, Sinaloa o Baja California, grupos criminales han visto en estos centros fuentes de reclutamiento o incluso mercados cautivos de consumo. Las personas que buscan ayuda en estos establecimientos se encuentran atrapadas en una doble amenaza. Por un lado, son potenciales víctimas de ataques directos, reclutamiento forzado o desaparición forzada por parte de grupos del crimen organizado. Por el otro, al interior de estos centros las personas se enfrentan a graves violaciones a los derechos humanos, que van desde internamientos y trabajos forzados, hasta torturas y tratos crueles e inhumanos.

    La respuesta a la crisis de violencia en los “anexos” no debe ser únicamente la fiscalización y el cierre de establecimientos. Es urgente buscar alternativas en la profesionalización de los servicios y la concientización en los derechos humanos de las personas usuarias. Es esencial fortalecer y difundir la información sobre los centros públicos de atención y las iniciativas de sociedad civil que, a pesar de las limitaciones y la disparada demanda por consumos problemáticos como la metanfetamina, persisten en otorgar tratamientos basados en la evidencia. Ejemplos fundamentales como la labor de organizaciones que ofrecen servicios de análisis de sustancias y reducción de daños, así como la atención que brindan los Centros Colibrí en la CDMX confirman que existen opciones que van más allá del estigma y la abstinencia.

    En el marco del día de la acción global “Apoye, No castigue” es indispensable voltear a ver esta problemática. La violencia en los centros de rehabilitación no es un problema aislado y tampoco puede resolverse desde un solo frente. Requiere de una estrategia articulada que convoque al Estado, al sector privado y a la sociedad civil para repensar desde lo local los modelos de atención, su financiamiento, su regulación y su implementación.

    Es urgente abrir espacios de diálogo y coordinación entre quienes diseñan políticas, quienes brindan servicios, quienes investigan y sobre todo entre quienes viven estas violencias.

    El autor es Diego Jiménez (@eldiegojim), licenciado en Gestión Pública y Políticas Globales por el ITESO y forma parte del equipo de investigación en Elementa DDHH.

    1. Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, Secretaría de Salud. (junio 2024). Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México.