‘Causa de muerte por determinar’: así baja la Fiscalía de Sinaloa la estadística de homicidios

El pasado viernes 7 de noviembre, a eso de las 11 y media de la mañana, un grupo de hombres armados llegó a un taller autoeléctrico en la comunidad de Villa Juárez y lo atacó con explosivos y balazos. Allí, tres hermanos resultaron heridos y fueron llevados a una clínica para ser atendidos, pero dos de ellos, Luis Édgar y Javier, no resistieron y murieron a consecuencia de las heridas; tenían 25 y 21 años, respectivamente.

Los hermanos de Navolato fueron asesinados pero en el reporte que emite a diario la Fiscalía a medios de comunicación, ni siquiera se les menciona. Ese viernes, hubo en Sinaloa nueve homicidios, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó sólo siete.

En otro caso ocurrido el pasado 14 de octubre, el cuerpo de un hombre maniatado, torturado y con un mensaje criminal escrito en una cartulina fosforescente, fue hallado en La Presita, al norte de Culiacán. A pesar de las huellas de estrangulamiento, la FGE comunicó que “la causa de muerte estaba pendiente por determinar”. Lo mismo hizo con al menos 15 casos más en ese mes, a pesar de que había evidencia de violencia en ellos.

En los datos oficiales, la FGE registró 129 homicidios y nueve feminicidios durante octubre, para un total de 138 asesinatos. Pero en el conteo que hacemos a diario en Noroeste, agregando los casos con “causa de muerte por determinar” y los asesinatos de al menos siete agentes de seguridad, registramos 159 homicidios dolosos en total, una diferencia de 15 por ciento más del dato oficial; además de 15 hallazgos de cuerpos y osamentas.

Podría parecer un error casual pero no lo es. Es una práctica sistemática de la Fiscalía que encabeza Claudia Zulema Sánchez Kondo y que sirve para bajar la estadística de homicidios en el estado. Cuando preguntamos sobre estos casos al equipo de comunicación de la Fiscalía, nos responden amablemente que revisarán pero la respuesta nunca llega.

De hecho, si atendemos al dato oficial, los homicidios en Sinaloa mostrarían un mejor comportamiento, pero si consideramos también los casos de “causa de muerte por determinar”, y agregamos los hallazgos de cuerpos y osamentas en fosas clandestinas -que también son víctimas de esta guerra-, la tendencia a la alza es notoria. Lo que evidencia que la estrategia de seguridad implementada hasta ahora todavía no rinde los resultados esperados; ésto a pesar de la enorme cantidad de detenciones y decomisos de armas, drogas y vehículos que el Grupo Interinstitucional boletina a diario.

Otra cosa a resaltar es que esta mala práctica de la Fiscalía no se presentaba anteriormente y podemos notar que comenzó a aplicarse regularmente a partir de septiembre de 2025, mes en que la violencia volvió a repuntar en el estado y en la que hubo 10 casos de “muertes por determinar”.

Sinaloa no va a resolver la grave crisis de inseguridad que vive en tanto no la reconozca en su total profundidad y envergadura. El primer paso para hacerlo es contar adecuadamente los homicidios que se registran diariamente y cuya tasa es el principal indicador para medir la violencia letal en una región a nivel internacional. La crisis es tan grave que esa tasa es de 65.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2025 y es, hasta ahora, la tercera más alta de nuestra historia, sólo por debajo de la registrada en los años 2010 (86.6) y 2011 (75.9). Tasas que, vale decir, no incluyen que el 70 por ciento de las más de 2 mil 600 personas privadas de la libertad ilegalmente en esta guerra permanecen como desaparecidas y no localizadas.

Sabemos que todos en Sinaloa, ciudadanos y autoridades, estamos abrumados por la explosión de violencias que comenzó hace 14 meses y que no termina por ceder, pero manipular la estadística no sirve para mejorar la realidad.

Registrar menos homicidios no significa que no ocurran y que todas esas vidas perdidas de manera violenta y antinatural no nos hagan falta.

De modo que flaco favor le hace la Fiscalía de Sánchez Kondo al gobierno de Rubén Rocha Moya y al Gabinete Federal de Seguridad cuando usa indebidamente su autonomía y, faltando a la verdad y en detrimento de la dignidad de las víctimas y sus familias, decide arbitrariamente cuáles muertes deben ser contadas como asesinatos y, por lo tanto, tener acceso a una investigación de oficio, y cuáles no, lo que les garantiza una absoluta impunidad.